María del Pilar Piloni Barbizan
Expediente 820/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/02/2021
Partes del expediente
- María del Pilar Piloni Barbizan
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos se advierte que en diligencia de esta fecha se tuvo a ****, perito oficial de este juzgado, ratificando el dictamen que emitió en este asunto. En esas condiciones, dese vista a las partes con el dictamen pericial en comento, a fin de que puedan imponerse de éste.
- Principal
I. Creación del expediente. Con la demanda de amparo que promueve ****, por propio derecho, contra actos atribuidos al Titular de la Oficialía Común de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por considerarlos violatorios de los derechos reconocidos en los artículos 8, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número ****/2020-I. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, de su análisis, se tiene que, el acto reclamado consiste, en: ( La omisión de dar respuesta a lo solicitado mediante el escrito recibido con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte en la oficialía común de partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Establecido lo anterior, se estima que la demanda de amparo origen de este juicio, es notoriamente improcedente contra el señalado acto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente a las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que, con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo señalado implica -de una interpretación en sentido contrario-, que de no tener esa característica el acto reclamado, no puede ser combatido a través de juicio biinstancial; lo que ocurre en el caso concreto; de manera que, si un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida cuando alegue violaciones al artículos 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, al tratarse de una "omisión". En esa virtud, se considera que en el caso sujeto a estudio el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en la oficialía común de partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, no afectan derechos sustantivos de la solicitante de amparo, en este caso el derecho de petición que invoca, ya que del contenido de la demanda no se advierte que exista una abierta dilación en la contestación, por los siguientes razonamientos. El artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece: "Artículo 138.- La Autoridad, ante quien se ejerza el derecho de petición, dictará su proveído por escrito y lo hará saber al peticionario dentro del término de ocho días hábiles" En este sentido, de conformidad con el precepto antes citado, la autoridad responsable cuenta con el término de 8 días para acordar la promoción presentada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, plazo que se encuentra trascurriendo del veintiuno al treinta de septiembre de dos mil veinte, descontando los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil veinte, por ser inhábiles sábados y domingos respectivamente. Por tanto, en el caso no se advierte una abierta dilación para la contestación requerida, sino que el trámite se encuentra aún dentro de los plazos legales y razonables que la legislación aplicable prevé. Es verdad que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, definió que "La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Sin embargo, ese término permite que el juzgador pondere el breve término en cada caso concreto. Ahora, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, cabe traer a colación que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis P./J. 6/2019 (10a.), en sesión del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, estimó que sí puede hacerse dicha interpretación complementaria, con la legislación local, que en referencia aludió a la Constitución del Estado de Veracruz. Por tanto, si el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece el plazo de ocho días para que las autoridades den respuesta a una petición de un gobernado, entonces resulta constitucionalmente válido que el peticionario espere durante ese lapso la respuesta de la autoridad, de modo que el silencio de la autoridad en ese periodo no vulnere el derecho ejercido. Así, la procedencia del amparo indirecto será de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda... De lo que se concluye que, el acto reclamado no trae como consecuencia una ejecución irreparable, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implica una afectación directa y material a los derechos fundamentales del quejoso que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... En consecuencia, al no tener el acto que hoy se reclama la naturaleza de irreparable; con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diverso 107, fracción V y 113, de la misma Ley, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio, por su manifiesta e indudable improcedencia. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, por autorizado en términos amplios del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, pues como se advierte de la certificación de cuenta, tienen registro de cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ****, quien no tiene registrada su cédula. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a su debida integración del expediente impreso a más tardar el quince de octubre de dos mil veinte. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VII. Protección de datos personales. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. VIII. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (****), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.
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