María del Pilar Pérez Flores
Expediente 211/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- María del Pilar Pérez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Puebla, Puebla, doce de agosto de dos mil veintiuno. SOLICITA DOCUMENTOS Agréguese a los autos el escrito signado por María Del Pilar Pérez Flores, atento a su contenido, hágase saber a la parte quejosa que siempre y cuando sea esta la que se presente a esta juzgado de Distrito, quedan a su disposición los documentos que solicita, los cuales deberá recoger en este órgano jurisdiccional, instalado en calle 23 Poniente # 2509, colonia los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas; para lo cual deberá que solicitar una cita, en los términos establecidos en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del micrositio "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de nueve de octubre de dos mil veinte, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: DESTINO Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
En Puebla, Puebla, a las diez horas con veintiocho minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio de amparo 211/2020, promovido por María Del Pilar Pérez Flores, en audiencia pública CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de José Doger Amador, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, el Secretario da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, con fundamento en el numeral 123 de la Ley de la materia se abre el periodo probatorio, en donde el secretario da cuenta con las documentales privadas que exhibió la quejosa junto a su demanda de amparo y al ocurso registrado como promoción 12067, así como las ofrecidas por la autoridad responsable Grúas Ganto, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en la instrumental publica de actuaciones, la presuncional en su doble aspectos, y las documentales exhibidas mediante promoción registrada como 12049. El juez acuerda: se tienen por admitidas y desahogadas las citadas probanzas en razón de su propia naturaleza; al no existir prueba pendiente por ofrecer, ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. Luego, una vez abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la quejosa y hace constar que ninguna de las demás partes los expresó; por lo que en este acto el Juez, tiene a la impetrante de amparo formulando alegatos, con lo cual se cierra este periodo. A continuación, tomando en consideración todo lo actuado, se dicta la siguiente sentencia.Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 211/2020, promovido por María Del Pilar Pérez Flores; y, RESULTANDO. Primero. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, el veinte de febrero de dos mil veinte, recibido en esa misma data por este Juzgado Federal, María Del Pilar Pérez Flores demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó al Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades; por considerarlos violatorios del artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actos que hizo consistir en la detención, retiro de circulación y encierro del vehículo marca Dodge, Durango, color azul, con número de serie 1C4RDHAG3CC360601, con placas de circulación WSR8302; así como la falta de información sobre la localización y posterior devolución de la misma. Segundo. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte se formó, registró y admitió el juicio de amparo 211/2020, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación de esta adscripción; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se dejó de tener como autoridad responsable al Encargado del Corralón de Vialidad del Estado de Puebla. Tercero. En cuatro de agosto de dos mil veinte se reanudó el procedimiento en el presente asunto y se tuvo a la quejosa señalando como autoridad responsable a Grúas Ghanto, Sociedad Anónima de Capital Variable; y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado tiene ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado: a) Del Fiscal General, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reclama: - La detención, retiro de circulación y encierro del vehículo marca Dodge, Durango, color azul, con número de serie 1C4RDHAG3CC360601, con placas de circulación WSR8302. b) De la autoridad responsable denominada Grúas Ghanto, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclama: - El encierro del automotor descrito en párrafos precedentes. Al respecto, si bien la quejosa señaló como acto reclamado la falta de información sobre la localización y posterior devolución de la referida unidad vehicular, lo cierto es que estas cuestiones las hace depender de los actos que hace consistir en la detención, retiro de circulación y encierro de la misma, de ahí que se tiene que los actos reclamados son la detención, retiro de circulación y encierro de la camioneta referida. Asimismo, es de resaltarse que la quejosa no especificó qué acto reclamó a la empresa denominada Grúas Ghanto, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin embargo, del análisis integral de la demanda se advierte que la impetrante sostiene que al pasar por el periférico rumbo al Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, observó que su vehículo se encontraba encerrado en dicho corralón, lo que motivo que señalara a la citada persona jurídica como responsable, lo que evidencia que el acto que atribuye a la citada autoridad es el encierro del automotor referido. TERCERO. Inexistencia de actos. El Fiscal General, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al rendir su respectivo informe justificado, negaron los actos reclamados, mismos con los que se dio vista a la impetrante del amparo a efecto de que tuviera conocimiento de su contenido. A pesar de lo anterior, la quejosa no aportó probanza alguna que fuera apta para desvirtuar dichas negativas, aun cuando le correspondía la carga de probar su existencia en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que los actos reclamados a las autoridades resulten inexistentes. Al respecto, si bien dentro del presente sumario se desahogaron las pruebas ofrecidas por la quejosa, mismas que consisten en lo siguiente: a) Factura folio T000001519 emitida por Millenium Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Carlos Alberto Altamirano Grajales. b) Documental privada (consistente en cinco impresiones fotográficas en hoja blanca tamaño carta). Sin embargo, con los citados medios de convicción en modo alguno es posible desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, como a continuación se evidenciará. En efecto, con la Factura folio T000001519 emitida por Millenium Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Carlos Alberto Altamirano Grajales, que se valora conforme el artículo 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con su artículo 2, en tanto cuenta con el sello digital respectivo. Con dicho documento lo único que se demuestra es que Millenium Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, vendió a Carlos Alberto Altamirano Grajales el vehículo en ella descrito (Dodge, Durango, color azul, con número de serie 1C4RDHAG3CC360601), y que se cedieron los derechos de la misma a la hoy quejosa, empero no demuestran los actos reclamados. Respecto de la documental privada, consistente en cinco impresiones fotográficas en hoja blanca tamaño carta, es imposible otórgales valor conforme el artículo 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con su artículo 2, en la medida de que no se tiene certeza de la fiabilidad del método con que fueron generadas, ni se tiene la certeza del lugar ni momento en que las mismas fueron obtenidas. Empero, en el caso de que existiera la seguridad del procedimiento con el que fue obtenido y del lugar en que fueron capturadas, de ellas sólo se puede sostener que los vehículos en ellas fotografiados se encontraba en el lugar en que las mismas fueron obtenidas, mas no así los actos reclamados. Finalmente, no se advierte presunción legal y humana que evidencia que el acto reclamado haya tenido ejecución o deba tener ejecución en la entidad en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Luego, toda vez que la quejosa omitió ofrecer prueba eficaz tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, en relación con los actos reclamados al Fiscal General, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, emerge la causal de sobreseimiento prevista en la invocada disposición legal, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sirve de base para la anterior precisión, la tesis jurisprudencial con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Sexta Época. Registro: 1002350. Instancia: Pleno. Jurisprudencias. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento. Materia: Común. Tesis: 284. Página: 305. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Se presume cierto el acto reclamado a la autoridad responsable denominada Grúas Ganto, Sociedad Anónima de Capital Variable. Al respecto, si bien la citada autoridad al rendir su informe justificado refirió que niega el acto reclamado, sin embargo, no es claro respecto de qué acto realiza dicha afirmación pues más adelante refiere que no existe prueba alguna o acuse que acredite una petición a la referida persona jurídica que evidencie algún acto de incumplimiento, circunstancia genera incertidumbre respecto de qué actos niega la responsable. Por tanto ante la falta de pronunciamiento expreso de la citada responsable respecto de si tiene en encierro a la unidad del vehículo Dodge, Durango, color azul, con número de serie 1C4RDHAG3CC360601, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, deben presumir ciertos el mismo. QUINTO. Causales de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se deben analizar de oficio. En el caso, respecto del acto reclamado consistentes en el encierro del vehículo marca Dodge, Durango, color azul, con número de serie 1C4RDHAG3CC360601, con placas de circulación WSR8302, se actualiza la improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, ambos de la Ley de Amparo. Preceptos que prevén que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa en los términos establecidos en el diverso 5, fracción I, del propio ordenamiento legal. Al respecto, se debe precisar que la impetrante promueve el presente juicio al señalar que el acto reclamado vulnera el derecho de propiedad que tiene sobre el referido vehículo, es decir, sostiene tener un derecho subjetivo que se está afectando de manera personal y directa, es decir, comparece a defender un interés jurídico; en esas circunstancias, para la procedencia del presente juicio constitucional, se encontraba obligado a demostrar ese extremo. Ante ello, atendiendo a su causa de pedir resultaría ocioso analizar si demostró o no un interés legítimo, ya que al comparecer aduciendo ser titular de un derecho subjetivo que se ve afectado con el acto de autoridad, corresponde a la impetrante acreditar su titularidad. Así, para pedir amparo el peticionario debe demostrar, en primer lugar, ser titular del derecho que invoca, lo cual debe acreditarse fehacientemente con los elementos de prueba idóneos, que permitan al juzgador tener la certeza que el impetrante, al momento de la emisión del acto, gozaba del derecho o prerrogativa cuya afectación reclama en el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el caso, María del Pilar Pérez Flores aduce que el encierro del vehículo reclamado, afecta la titularidad del derecho de propiedad que dice tener respecto del vehículo marca Dodge, Durango, color azul, con número de serie 1C4RDHAG3CC360601, con placas de circulación WSR8302, lo que refiere aconteció desde el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete y que el doce de febrero de dos mil veinte lo vio en un corralón. Por tanto, para evidenciar su interés jurídico para promover juicio de amparo debe demostrar fehacientemente, con las pruebas relativas, el acto jurídico por el cual adquirió la titularidad del derecho de propiedad sobre el automotor que defiende, el cual debe ser coetáneo a la fecha de emisión del acto de autoridad reclamado. Así, para acreditar el interés jurídico la quejosa exhibió: - La factura folio T000001519 emitida por Millenium Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Carlos Alberto Altamirano Grajales, en cuyo anverso de la parte final se advierte el endoso de dicho bien a su favor. Documental que anexó a su escrito de demanda. Sin embargo, esta documental es insuficiente para demostrar el interés jurídico de la quejosa para promover el juicio de amparo contra del encierro de la citada unidad. Ello, porque para demostrar el interés jurídico es necesario que el impetrante demuestre ser titular del derecho que se pretende afectar con el acto de autoridad, pero además que éste sea eficaz y coetáneo a la fecha de emisión del acto de autoridad, lo que en la especie no acontece. En efecto, si bien la factura del vehículo constituye un documento idóneo para justificar la existencia de un acto traslativo de dominio en relación con el bien automotor descrito en ésta; también lo es que es insuficiente para acreditar el interés jurídico, porque no existe certeza de la fecha de su celebración y que esta sea coetánea con la fecha en que aduce ocurrieron los hechos (veinticuatro de junio de dos mil diecisiete). La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, ha sostenido que tratándose de documentos privados, en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de, rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Por tanto, de no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, ya que los acontecimientos destacados tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en ellos y, por ende, certeza jurídica. Esto es, la consecuencia directa de la fecha cierta es dar certidumbre a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, lo que evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha distinta a la de celebración del acto. En el caso, la quejosa afirmó en su escrito inicial de demanda de amparo, que el veinticuatro de junio de dos mil diecisiete dejó estacionado su vehículo siendo posteriormente informada que se lo había llevado vialidad estatal, policía estatal y tránsito municipal, viéndolo encerrado en un corralón el doce de febrero de dos mil veinte. Sin embargo, la documental referida es insuficiente para considerar el derecho que defiende, pues carece de certeza respecto de la celebración del acto traslativo de dominio por el cual refiere haber adquirido la titularidad del vehículo automotor afecto, en tanto que esta carece de fecha cierta. Esto es, al tratarse de documentos privados la certeza de la fecha del acto traslativo de dominio se adquiere a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, respecto de la factura descrita no se tiene certeza de que el acto traslativo de dominio vehículo marca Dodge, Durango, color azul, con número de serie 1C4RDHAG3CC360601, con placas de circulación WSR8302, a favor de la quejosa se realizara de manera previa a la realización del acto que reclama, esto es, que fuera anterior al veinticuatro de junio de dos mil diecisiete. Es necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó en la ejecutoria de la que derivó la tesis de jurisprudencia por contradicción 26/97, CON RUBRO "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA", refirió que es una práctica comercial reiterada que la transmisión de un vehículo se realice mediante la firma al reverso de la factura, lo cual constituye propiamente una compraventa. Lo anterior, al indicar que si bien en las facturas se hace constar que se ceden los derechos que amparan las mismas, la simple firma contenida al reverso de la factura no puede considerarse como tal, pues habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor, mientras que, en el caso concreto, se trata de un caso distinto, esto es, la transferencia de la propiedad de un bien mueble a otro, y no de derechos que tenga un acreedor en contra de un deudor. Además, el pleno precisó, en la cesión de derechos se exigen requisitos no requeridos en la transmisión de la propiedad de automóviles, toda vez que, en el primer caso, en la concertación del acto jurídico se requiere de la intervención de dos testigos, en tanto que, en tratándose de la firma en el reverso de las facturas, por las que se enajenan los bienes por ellas amparados, no se exige tal requisito. Por tanto, el Pleno indicó que es posible concluir que legalmente la firma que aparece en el reverso de las facturas que detallan bienes muebles, no constituye un endoso ni una cesión de derechos, sino una operación de compraventa de los bienes muebles detallados en dichos documentos privados. Sin embargo, en la tesis de jurisprudencia que derivó de la contradicción de tesis 26/97 antes señalada, el Pleno agregó que estando en presencia de documentos privados que consignan actos traslativos de dominio, es requisito indispensable para que surtan efectos contra terceros, que consten en escritura expedida por fedatario público, que se encuentren inscritos en la oficina registral correspondiente, o bien, que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significa, a contrario sensu, que el documento privado no registrado en la oficina pública respectiva, sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Ello, porque todo tercero no puede ni debe sufrir perjuicio alguno a causa de derechos clandestinos, pues la seguridad derivada de la transmisión de dominio mediante cualesquiera de las formas admitidas por la ley, constituye, sin duda, uno de los pilares de la economía moderna, pues admitirse lo contrario, sería estar aceptando y contribuir al deterioro y entorpecimiento de esta clase de transacciones jurídicas. Por tanto, -el pleno refirió- si bien es cierto que las inscripciones de vehículos realizadas en las oficinas de tránsito respectivas tienen efectos declarativos y no constitutivos, también lo es que ese registro tiene como finalidad el dar publicidad a un acto traslativo de dominio, evitando así actos dolosos o fraudulentos en perjuicio de terceros adquirentes de buena fe, lo que significa que se garantiza la legalidad del acto y se da seguridad jurídica a la ciudadanía en general que se ve involucrada en la celebración de esta clase de operaciones, en las cuales siempre debe de imperar la buena fe de las partes contratantes. Entonces, para que una factura de un vehículo en la que la quejosa refiere haber adquirido la propiedad del mismo mediante el "endoso o la cesión de derechos", se constituya como documento eficaz y suficiente para demostrar el interés jurídico dentro de un juicio de amparo es necesario que: a) No haya sido objetado. b) Se detalle el vehículo afectado, y c) El llamado "endoso o cesión de derechos", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último, se presenta desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio. En la especie, no se advierte que el acto traslativo de dominio haya adquirido fecha cierta, en tanto que no se observa que de manera previa a la tramitación del juicio de amparo se presentara ante la oficina de Registro Público respectiva o ante algún fedatario público, ni que alguno de los contratantes haya fallecido. Por estas razones se concluye, que la factura es insuficiente para demostrar que la quejosa sea titular del derecho de propiedad del vehículo que defiende al momento en que se emitió en el momento en que tuvo lugar el acto reclamado. Por tanto, no es óptimo para acreditar que la quejosa era propietaria del vehículo a la data de en qué se generó el encierro del vehículo. En tales condiciones, al no haber acreditado la parte quejosa su interés jurídico para controvertir el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo cual se sobresee en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que, aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley referida, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en mención. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Del Pilar Pérez Flores, contra la detención, retiro de circulación y encierro del vehículo marca Dodge, Durango, color azul, con número de serie 1C4RDHAG3CC360601, con placas de circulación WSR8302, reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
Agréguese a los autos el correo electrónico recibido a través del correo oficial 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, a través del cual se recibe archivo electrónico del Instrumento Notarial 41,102, Volumen 355 Folio 34,394, expedido por el Auxiliar de la Notaria Pública número 29 de la ciudad de Puebla, por medio del cual da cumplimiento al proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte; visto su contenido, se provee: Téngase a Erasmo Héctor Rojas Díaz, reconociéndosele el carácter con el que se ostenta; esto es, con el carácter Apoderado legal del Corralón Grúas Ghanto, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de Fidel Martínez Lezama, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa; visto su contenido se provee: OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos, ofreciendo como prueba de su parte la documental que refiere, sin perjuicio de hacer relación de la misma hasta el momento procesal oportuno. SE DESECHA INSPECCIÓN OCULAR Por lo que respecta al ofrecimiento de la prueba de inspección ocular, dígase al quejoso que en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad, ello en virtud de que de las mismas resultan extemporáneas, en atención a que las ofreció fuera del plazo previsto por la ley, pese a que contó con la oportunidad para hacerlo en tiempo, por las razones que enseguida se exponen. En conformidad con el artículo 119, párrafo tercero, de la Ley de Amparo cuando las partes tengan que rendir las pruebas: testimonial, pericial e inspección ocular, deberán anunciarlas cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el fijado para la propia audiencia.
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