María del Pilar Martínez Matesanz
Expediente 1371/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1371/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María del Pilar Martínez Matesanz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Homólogo remite constancia de notificación.- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, en cumplimiento al diverso de catorce del mes próximo pasado, remite la constancia de notificación realizada a la parte quejosa. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se tuvo por desechado el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Cumplimiento a requerimiento.- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el Secretario del Juzgad Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce del mes y año en curso, informa que comisionó a la actuaria de su adscripción a efecto de realizar la diligencia encomendada, circunstancia de lo cual queda enterado este Juzgado Federal. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de ocho de noviembre del presente año, este juzgado aceptó la competencia planteada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, desechando la demanda interpuesta por María del Pilar Martínez Matesanz. De igual forma, en dicho proveído se solicitó del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, que de no tener inconveniente notificara a la promovente del amparo el citado proveído en el domicilio que al efecto señaló en el juicio de amparo 470/2021-III-5 de su índice; sin que a esta fecha haya remitido la constancia de notificación respectiva. En consecuencia, se solicita atentamente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, remita la constancia de notificación referida, o bien, informe el impedimento legal que tiene para ello. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado Néstor Edgar Magos Mera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Por recibido los oficios signados por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, por medio del cual remite el escrito original y anexos de la demanda de derechos signada por ***, así como cinco copias de la misma. Ahora bien, tomando en consideración que mediante proveído de veintiséis de octubre de este año, se reservó a proveer sobre la competencia planteada hasta en tanto fuera remitida la demanda de amparo y anexos, circunstancia que en este acto acontece; por tanto, se provee lo siguiente: Por los motivos que se vierten en el oficio de cuenta, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por *** contra actos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados Sociedad Civil en representación de Chunn Seguros México S. A. y otra autoridad. En consecuencia, se ordena elaborar el acuse de recibo correspondiente. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: La omisión de entregar las placas NXS1703 particulares del Estado de México al Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes de la Unidad de Investigación IV, de la CIRVR, en Pachuca de Soto, Hidalgo, por no corresponder el vehículo objeto de la carpeta de investigación a cargo de la Unidad de Investigación IV.NUC: 13-2020-01438, relacionado con la CHA/FRO/VAM/009/353544/19/12, tal y como fue ordenado en oficio de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, por el Comisario General de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no proviene de una autoridad para los efectos del juicio de derechos. En efecto, los artículos 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" De la interpretación de los preceptos legales antes mencionados se advierte que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales; sin embargo, cabe precisar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa extraordinario, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto estricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente contra los actos que se atribuyen a las autoridades, por lo que se estima conveniente hacer las siguientes precisiones: El acto de autoridad es unilateral porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. Es imperativo, porque supedita la voluntad de dicho particular, frente a éste; y, Es coercitivo porque puede constreñir, forzar al gobernado para hacerse respetar. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de las responsables la omisión de entregar las placas NXS1703 particulares del Estado de México al Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes de la Unidad de Investigación IV, de la CIRVR, en Pachuca de Soto, Hidalgo, por no corresponder el vehículo objeto de la carpeta de investigación a cargo de la Unidad de Investigación IV.NUC: 13-2020-01438, relacionado con la CHA/FRO/VAM/009/353544/19/12, tal y como fue ordenado en oficio de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, por el Comisario General de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. Ahora bien, es pertinente precisar que la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, Sociedad Civil, OCRA, tiene por objeto, entre otras, la integración, control y desarrollo de un banco nacional de datos de vehículos robados, la asistencia, participación o intervención y coadyuvancia ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, de carácter Federal, Estatal o Municipal, Procuradurías General de la República, de la Ciudad de México y de los Estados de la República Mexicana, cuando así convenga con ellas o se lo soliciten a la Sociedad, con el objeto de prevenir, investigar, localizar, recuperar, liberar y obtener la devolución de aquéllos vehículos asegurados que hayan sido robados o siniestrados. De lo anterior se colige, que la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, Sociedad Civil, OCRA, al publicar los reportes de robo de vehículos en su página de internet no actúa como autoridad en una relación de supra subordinación con la solicitante del amparo, sino únicamente como una sociedad civil; es decir, su formación está compuesta por socios que persiguen un fin común como es en el caso la implementación de medidas para la recuperación de vehículos asegurados. En otras palabras, el acto que reclama la promovente, lo realiza en calidad de persona moral coadyuvante a las agencias investigadores especializadas en el robo de vehículos, así como a instituciones de seguros, pues esa es su función principal como prestadora de un servicio. De ahí que es evidente que dicho acto de ninguna forma modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular al ser emitido por un ente de hecho o de derecho bajo una relación de supra a subordinación derivada de una ley, por ende, no puede considerarse que tal acto sea de autoridad, dado que el acto reclamado es de la naturaleza de uno efectuado por un particular. Así las cosas, el juicio de amparo es procedente únicamente cuando quien acude a esta vía es por violación a sus derechos fundamentales por autoridades que en uso de sus facultades, emiten, promulguen, ejecuten, extinguen o modifiquen de forma unilateral actos lesivos de su esfera jurídica a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo; es decir, tales actos sólo ocurren en una relación de supra a subordinación, lo que en el caso concreto no acontece. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." También, es oportuno citar la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En tal virtud, la omisión que reclama, no constituye acto de autoridad, pues al ser realizado por una persona moral coadyuvante a las agencias investigadores especializadas en el robo de vehículos, así como a instituciones de seguros, no puede considerarse que el fin que persigue dicha sociedad tenga su nacimiento en una ley que dote al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad. Sin que sea óbice a lo anterior, que la promovente del amparo haya manifestado que de buena fe compró el vehículo con reporte de robo, el cual refiere no es objeto de la carpeta de investigación a cargo de la Unidad de Investigación IV.NUC: 13-2020-01438, relacionado con la CHA/FRO/VAM/009/353544/19/12, y que dicha omisión le afecta en su propiedad por no haber cancelado el registro de robo del vehículo y entregar las placas en comento; no obstante ello, debe decirse que dicha omisión fue realizada dentro de una carpeta de investigación, en la cual la autoridad señalada como responsable funge como coadyuvante de las agencias investigadoras especializadas en el robo de vehículos, por tanto, el Fiscal al ser el rector del trámite de la carpeta, debe hacer uso de las medidas de apremio previstas en la ley, para hacer valer sus determinaciones. Por tanto, la omisión que hoy reclama la quejosa debe elevarla ante el fiscal que conoce de la carpeta de investigación IV.NUC: 13-2020-01438, relacionado con la CHA/FRO/VAM/009/353544/19/12, a fin de que éste, a través de las medidas de apremio haga cumplir sus determinaciones. En las relatadas condiciones, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia en estudio, lo que procede es desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. SE ORDENA NOTIFICACIÓN DE LA PARTE QUEJOSA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA En aras de una pronta impartición de justicia, envíese oficio de manera electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la parte quejosa ***, en el domicilio señalado en su escrito inicial de demanda; requiriéndole para que en el término de tres días contado a partir de su legal notificación, señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, las ulteriores se le harán por lista que se fije en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. AUTORIZADO Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la ley de Amparo al licenciado ***, al no tener registrada su cédula profesional en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlo como autorizado en términos amplios. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese.
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