María del Pilar León Hernández

Expediente 1316/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1316/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • María del Pilar León Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. El cuaderno respectivo del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa por una parte fue negada y por otra fue concedida. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpongan recurso de revisión contra la sentencia con engrose al catorce de febrero del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Glósese el cuaderno de suspensión respectivo y realícense las anotaciones conducentes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1316/2022-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. **********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central para la Atención a Delitos Vinculados con Violencia de Género, Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. En auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de trato y se admitió a trámite; solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, quien si formuló pedimento; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 39 y 107 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado se ejecutó dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central para la Atención a Delitos Vinculados con la Violencia de Género AMPEVFSYG Tlalnepantla, Estado de México y al Fiscal General de Justicia del Estado de México: La orden de búsqueda, localización y presentación, con relación a la carpeta de investigación número NUC: ECA/CGV/JME/034/078268/22/03 en contra de la quejosa. Del Jefe del Grupo de la Policía de Grupo de la Policía de Investigación en Turno adscrito a la AMPEVFSG de Naucalpan, Estado de México y al Jefe del Grupo de la Policía de Investigación en Turno adscrito a la AMPEVFSG de Tlalnepantla: La ejecución de la orden de búsqueda, localización y presentación, con relación a la carpeta de investigación número NUC: ECA/CGV/JME/034/078268/22/03 en contra de la quejosa. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados al Encargado de Grupo de la Policía de Investigación del AMPEVFSG con sede en Naucalpan, Estado de México, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Dirección General de Amparos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, y al Encargado de Grupo de la Policía de Investigación adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual y de Género con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, negaron categóricamente la existencia del acto que se les atribuye. Ante ello y como la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas con alguno de los medios de convicción autorizados por la ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, misma que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Efectivamente, del numeral invocado se evidencia la actualización de la causa de sobreseimiento cuando de las constancias de autos se advierta claramente que no exista el acto reclamado o cuando no se probare la existencia de su constitucionalidad. Aunado a lo anterior, una interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, y 117 de la Ley de Amparo, indica que ni la presunción de certeza de los actos reclamados ni la afirmación de ésta por parte de las responsables son determinantes de su existencia, toda vez que lo contrario puede ser demostrado a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, advertido directamente por el juzgador de las constancias de autos; máxime que la jurisprudencia reconoce que la parte quejosa debe demostrar la existencia de los eventos violatorios de derechos constitucionales. No obstante, el quejoso no allegó a este juicio medios de prueba idóneos para acreditar la certeza de los actos que reclama. Tienen aplicación a lo anterior los criterios que señalan: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO."". "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Deviniendo en que al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de garantías, por lo que ve a las autoridades señaladas como responsables Encargado de Grupo de la Policía de Investigación del AMPEVFSG con sede en Naucalpan, Estado de México, Fiscal General de Justicia del Estado de México, y al Encargado de Grupo de la Policía de Investigación adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual y de Género con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. CUARTO. Ahora bien, por lo que ve a la autoridad Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificado del oficio por el que se le requirió el mismo; por tanto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a su oficio registrado bajo el número de folio interno 647, del que se aprecia el oficio materia de la litis constitucional. Cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cabe mencionar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con su escrito de alegatos que presentó ante este juzgado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la responsable negó la existencia de los actos reclamados, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Argumento que se desestima, en virtud de que, por los motivos dados, el acto reclamado es cierto. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En ese sentido, este Juzgador advierte, de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la quejosa. De acuerdo con esas disposiciones, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y objetivamente apreciable, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Bajo esa lógica, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Así, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Por ello, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo, de la fracción I, del artículo 107 constitucional; mientras que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un interés jurídico. Ahora bien, de conformidad con los artículos 21 constitucional, 127, 129, 131 y 132, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se deriva que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. En ese contexto, el Ministerio Público debe conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Entre estas diligencias la fiscalía podrá solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención de la persona investigada. Y es precisamente en este punto donde se inscribe la orden de presentación. Expuesto lo anterior, para una mejor comprensión de la decisión es necesario relatar los antecedentes relevantes que se derivan de la carpeta de investigación: Con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, Patricia León Hernández, compareció ante la Agencia del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, Ecatepec, a efecto de iniciar formal denuncia por el hecho delictivo de privación de la libertad de menor, en agravio de su nieto sin registro de apellidos León Hernández, en contra de María del Pilar León Hernández, asignándole el número de NUC: ECA/CGV/JME/034/078268/22/03. Con fecha nueve de junio de dos mil veintidós, al Agente del Ministerio Público Jorge A. Barrera Sandoval, giró orden de citación María del Pilar León Hernández, para que se presente ante dicha fiscalía el treinta de junio de dos mil veintidós con la finalidad de poder llevar a cabo platicas de carácter conciliatoria con la ofendida, asimismo para que rindiera su entrevista con relación a los hechos que se investigan, sin que acudiera a la misma. Por lo que fueron las diversas citaciones a la quejosa, a fin de que se presentara los días quince de julio, doce de agosto y siete de octubre del año próximo pasado, sin que atendiera ninguna de las mencionadas. Por lo que con fecha cuatro de noviembre de dos mil veintidós, Agente del Ministerio Público Jorge A. Barrera Sandoval, giró orden de búsqueda y localización y presentación de María del Pilar León Hernández, a efecto de que rinda su entrevista con relación a los hechos que se investigan. Orden que se diligenció el ocho de noviembre de dos mil veintidós en los términos del acta suscrita por el Agente de la Policía de Investigación adscrito a la Unidad de Investigación de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Tlalnepantla de Baz. En el caso, este juzgador considera que la orden de presentación no es un acto que afecte materialmente alguno de los derechos fundamentales de la quejosa, porque al tratarse de un acto efectuado dentro de la investigación, con la finalidad de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso establecer la probable intervención del o los imputados, no causa un daño o perjuicio a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público en términos del artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, si consideramos que en el nuevo sistema de justicia penal se refrenda la facultad del Ministerio Público de recabar información a cualquier persona o autoridad, en términos de los numerales 129 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le otorga la posibilidad de entrevistar y citar a toda persona relacionada con los hechos investigados; incluso, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Por lo que, en ejercicio de esa facultad actúa como autoridad, sin que el desahogo de diligencias para tal fin cause un daño o perjuicio al o los gobernados, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos. En ese tenor, la orden de presentación no afecta el interés jurídico de la quejosa, pues la investigación consiste, por definición, en una serie de diligencias que realiza la representación social con el objeto de reunir los datos de prueba para establecer, en su caso, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior, sin desconocer que algunas determinaciones tomadas durante la investigación inicial puedan ser impugnadas mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, como serían, los actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Situación que no acontece, ya que la orden de presentación no afecta los derechos sustantivos de la quejosa, ni siquiera su libertad personal, pues la propia autoridad responsable, en el acto reclamado, dispuso que el justiciable acudiría únicamente para que rinda su entrevista con relación a los hechos que se investigan. No se soslaya la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a.), Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro I, octubre de 2011, tomo 2, página 1059, registro 160811, de rubro: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA". Sin embargo, a consideración de este Juzgado de Distrito, no resulta aplicable, pues dicho criterio se emitió en el contexto del sistema penal tradicional o mixto (averiguación previa), y el presente asunto deriva del sistema procesal penal acusatorio (carpeta de investigación). En ese sentido, se insiste, la orden de presentación reclamada no tiene por objeto privar de la libertad a la peticionaria de amparo, sino únicamente hacerle de su conocimiento que se requiere su presencia para que se entere de la imputación que obra en su contra y, en su caso, pueda rendir su entrevista. Incluso, la propia Primera Sala del alto tribunal ha señalado que cuando los agentes de la policía cuentan con una orden de presentación expedida por el Ministerio Público contra un indiciado, sólo están facultados para notificar a esa persona la existencia de la indagatoria en su contra y señalarle que cuenta con el derecho de comparecer ante la autoridad ministerial para realizar su declaración correspondiente, ante lo cual, éste puede expresar su deseo de no hacerlo, esto es, los agentes no pueden detenerlo y ponerlo a disposición contra su voluntad, pues tal acto constituirá materialmente una detención arbitraria. Por lo demás, si se admitiera la procedencia del juicio constitucional contra cualquier acto de investigación, se entorpecerían las facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, pues se llegaría al absurdo de poder impugnar cualquier oficio de carácter administrativo de investigación, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Con base en tales consideraciones, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por *********, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese mediante lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe hasta el día de hoy catorce de febrero de dos mil veintidós, en que se terminó de engrosar la presente sentencia, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. JAGS.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de enero de dos mil veintitrés. Téngase al Encargado de Grupo de la Policía de Investigación adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual y de Género con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México (en su denominación correcta), rindiendo su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Se instruye al oficial judicial "A", para que realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto de la denominación correcta de la autoridad referida en este acuerdo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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