Maria del Pilar Hernandez Martinez

Expediente 415/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
415/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Maria del Pilar Hernandez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que este órgano jurisdiccional concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable 3. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, ********************, en apoyo a su informe justificado; devuélvasele las copias autorizadas de la causa penal ********************de su índice; y, solicítese el acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María del Pilar Hernández Martínez y, visto que fue su contenido, dígasele que no ha lugar a expedirle fotocopias certificadas del anexo I que acompañó la autoridad responsable 6. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Fernando Martínez Espinosa, a su informe justificado, por los motivos siguientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011, estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copias de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Asimismo, que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias se encuentra dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, por lo que se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o el proceso de origen, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal de las partes relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. De igual forma, que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o proceso aportados mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste. Ahora bien, en la especie, como ya se indicó, no procede expedir las copias que solicita de la carpeta judicial administrativa 1079/2017/PUEBLA del índice del 6. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Fernando Martínez Espinosa, pues se aprecia que contiene información reservada o confidencial que involucra a personas diversas a la aquí quejosa. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya observancia es obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011¹, estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." No obstante lo anterior, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, dígasele que las constancias de referencia se encuentran a su disposición para su consulta. En el entendido que, se reitera, si bien puede imponerse de los autos y tener acceso a las constancias remitidas por el Juez responsable, incluyendo el propio acto reclamado, de ninguna manera implica que dicha información pueda ser transmitida, fotocopiada, reproducida o escaneada por cualquier medio. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya observancia es obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo."

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la copia certificada del escrito firmado por la quejosa María del Pilar Hernández Martínez, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, expídase a costa de la parte ocursante fotocopia certificada de las constancias que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quien deberá comparecer con identificación oficial y vigente (y fotocopia simple de ésta). En el entendido de que dicho trámite deberá efectuarse dentro del horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, por así permitirlo las labores de este juzgado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María del Pilar Hernández Martínez, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, expídase a costa de la parte ocursante fotocopia certificada de las constancias que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quien deberá comparecer con identificación oficial y vigente (y fotocopia simple de ésta). En el entendido de que dicho trámite deberá efectuarse dentro del horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, por así permitirlo las labores de este juzgado. Ahora, ya que del escrito que se acuerda se advierte que la quejosa solicita fotocopias certificadas de constancias que obran en el incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa, con fotocopia certificada del mismo acuérdese lo conducente en dicha incidencia, para los efectos legales a que haya lugar.

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