María del Pilar Dosal Díaz
Expediente 931/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María del Pilar Dosal Díaz y Otros.
- María del Pilar Dosal Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la sentencia de veinte de julio de dos mil veintitrés, que sobreseyó el juicio de amparo, haya sido recurrida por la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardos por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto es conservable, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, primer párrafo, del Acuerdo en comento, el expediente en que se actúa debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido el mencionado plazo, este órgano jurisdiccional deberá transferir el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. ...
- Principal
Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional y el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, promovida por ******************** (fojas 3 a 6), el informe justificado remitido por la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña (fojas 37 a 44); así como los diversos oficios 1127/5/E/2023, 1206/5/2023, 1277/5/E/2023, 1297/5/E/2023, 1352/5/E/2023, 1532/5/E/2023 y 1597/5/2023, enviados por la citada autoridad responsable y constancias que anexa a sus oficios (fojas 49 y 50, 54 y 55, 59 y 60, 62, 66 y 67, 72 a 74, así como 79 y 80, respectivamente). A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes, debiéndose tomar en consideración el informe justificado rendido por la autoridad responsable al resolver el presente juicio. Por lo que hace a las documentales ofrecidas por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda y las que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, así como a los citados oficios, relaciónense en el periodo correspondiente. En el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales allegadas por la quejosa en su escrito inicial de demanda y por la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado y las constancias que acompañó a las diversas misivas 1127/5/E/2023, 1206/5/2023, 1277/5/E/2023, 1297/5/E/2023, 1352/5/E/2023, 1532/5/E/2023 y 1597/5/2023. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las probanzas de mérito, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración al resolverse este asunto. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos a tener por relacionados. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes; sin alegatos que tener por reproducidos; se cierra el periodo de alegatos y se da por concluida la presente audiencia, ordenando el Juez se dicte la siguiente sentencia. V I S T O para resolver el juicio de amparo 931/2023-I, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, que aparecen a foja cinco de estos autos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que la admitió a trámite mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés; pidió su informe justificado a la autoridad responsable; dada la naturaleza de los actos reclamados tuvo como tercero interesado al Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas", quien fue legalmente emplazado a juicio; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, quien se abstuvo de formular pedimento; citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente apoya lo expuesto, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, los actos reclamados consisten en: La omisión de requerir a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, para que a su vez requiriera al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, a fin de que embargara cuentas bancarias a la parte demandada, aquí tercero interesado "Servicios de Salud de Tamaulipas", y remitiera a la Junta laboral el cheque o título de crédito a nombre de la aquí quejosa. La omisión de requerir al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, que embargue cuenta bancaria al demandado "Servicios de Salud de Tamaulipas" y remitiera a la Junta laboral el cheque o título de crédito a nombre de la aquí quejosa. La omisión de realizar actos tendentes a lograr la ejecución del laudo hasta la entrega del cheque correspondiente a la parte quejosa. TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los dos primeros actos reclamados sintetizados en la parte final del considerando anterior, por lo que se tienen como legalmente ciertos. En cambio, manifestó que era falso el acto reclamado relativo a la omisión de lograr la ejecución total del laudo, hasta la total entrega del cheque, pues dijo haber realizado diversas actuaciones tendentes al cumplimiento de esa determinación laboral. A fin de corroborar su dicho, remitió copia certificada de diversas constancias que obran dentro del sumario natural, las cuales adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De dichas constancias se observa el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el que la presidenta de la junta laboral acordó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores para requerirle que trabara embargo a las cuentas que la parte demandada en el juicio natural tuviera en el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima; así como para que girara oficio a esta última institución bancaria para que remitiera a la Junta laboral el título de crédito respectivo a nombre de la parte actora. En ese sentido, el acto cuya existencia fue negado por la autoridad responsable, consistió en la omisión de realizar actos tendentes a lograr la ejecución del laudo hasta la entrega del cheque correspondiente a la parte quejosa. Al respecto, debe decirse que tal y como se advierte de las constancias allegadas a la presente instancia, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós la presidenta de la Junta laboral proveyó requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que trabara embargo a las cuentas que la parte demandada en el juicio laboral tuviera en el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, y girara oficio a esta última institución crediticia para que remitiera a la Junta laboral el título de crédito respectivo a nombre de la parte actora. Determinación que se materializó en tanto que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la presidenta de la Junta laboral, suscribió el oficio donde se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que trabara embargo sobre cualquier cuenta bancaria del aquí tercero interesado "Servicios de Salud de Tamaulipas. Las actuaciones procesales antes descritas ponen en evidencia que hasta antes de la presentación de la demanda la autoridad responsable sí estaba realizando los actos procesales necesarios para lograr la ejecución del laudo; de ahí la inexistencia de la omisión atribuida a la autoridad laboral. En las condiciones relatadas, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de la omisión reclamada a la responsable. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna tanto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, como en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". El suscrito juzgador advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción en comento, textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En el caso, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que, a su vez, requiriera al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, para que embargara las cuentas a nombre del demandado, dentro del juicio laboral 367/5/2018, así como la entrega del cheque correspondiente. Sin embargo, la autoridad responsable anexó junto a su informe justificado, copia certificada del oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del cual se advierte que dicha comisión acusó recibo del diverso oficio, en el que la junta responsable solicitó embargar la cuenta a nombre del demandado en el juicio laboral 367/5/2018; documental que al estar referida a actuaciones judiciales, se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, En efecto, de dicha documental se advierte que el diez de enero de dos mil veintitrés, el Coordinador de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Bancaria y de Valores acusó recibo del oficio, en el que la junta responsable solicitó embargar las cuentas a nombre del demandado en el juicio laboral 367/5/2018. Por otra parte, la autoridad responsable anexó al oficio 1597/5/2023, el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral 367/5/2018, del que se advierte que recibió por parte de la institución crediticia denominada Banorte un cheque de caja a nombre de la quejosa Maria del Carmen Dosa Díaz, y ordenó fijar fecha y hora para la entrega del mismo; documental que al estar referida a actuaciones judiciales, se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo que fue emitido con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, la responsable recibió por parte del Banco Mercantil del Norte, el título de crédito a nombre de la citada quejosa, señalando fecha y hora para entregarle el mismo, por lo que quien aquí provee considera que ha sido restituida en el goce del derecho fundamental que estimó violado. No pasa desapercibido para el suscrito que hasta este momento no se cuente con el acta de comparecencia de la entrega del numerario de que se habla; sin embargo, la recepción del cheque de caja, en este caso, es una actuación que le correspondía realizar a la quejosa, para lo cual debía acudir en la fecha indicada por la autoridad responsable para ese efecto, lo que conlleva a determinar que dicha circunstancia es totalmente ajena a quien aquí resuelve; de ahí lo decidido con anterioridad. Por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio al haber cesado los efectos del mencionado acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la Causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto a los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos legales expuestos en los dos últimos considerandos de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante José Concepción Juárez Fajardo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1597/5/2023, procedente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado mediante proveído de veintinueve de junio del presente año, remite copia certificada del proveído de cinco del presente mes y año, en el que señala fecha y hora para que tenga verificativo la entrega del título de crédito exhibido por la Institución Bancaria, a nombre de la parte actora, aquí quejosa María del Pilar Dosal Díaz; en tal virtud, tomando en consideración que la documental de mérito tiene relación con el acto reclamado, se pone a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y tómense en cuenta al resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1532/5/E/2023, procedente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado mediante proveído de veintidós de junio del presente año, remite, entre otras constancias, copia certificada del oficio recibido por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales se ponen a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, y numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, remita copia certificada del acuerdo que recayó al oficio 214-2/RFF-17798122/2023, de doce de enero de dos mil veintitrés, procedente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro del juicio laboral 367/5/2018, toda vez que resulta necesario para resolver el presente asunto. ...Notifíquese. ...
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