María del Pilar de la Miyar Huerdo

Expediente 449/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
449/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • María del Pilar de la Miyar Huerdo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda interpuesta; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó de plano la demanda interpuesta, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VENTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por María del Pilar de la Miyar Huerdo, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE bajo el número 449/2018. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: El acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro del Juicio Ordinario Civil 31/2016/I, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, a través del cual se negó llevara a cabo la investigación de las cuentas bancarias de la Secretaría de Educación Pública del Estado. La omisión de acordar la totalidad de los puntos solicitados mediante escrito de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, para requerir el cumplimiento de la vía ejecución de sentencia. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La fracción en cita reglamenta uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de "definitividad del acto reclamado," que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo, contra actos respecto de los cuales proceda recurso en su contra, y no se haya agotado el mismo, previo a promover el juicio de amparo, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de la fracción invocada se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, la quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución reclamada, que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo los casos de excepción que se establecen en la fracción invocada. Cabe apuntar, que el principio de definitividad de actos que provengan de tribunales, material y formalmente jurisdiccionales, establece excepciones que atienden a la naturaleza del acto y la magnitud o relevancia de la infracción constitucional (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal dla quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y cuando se trate de persona extraña al procedimiento). En este contexto, toda vez que los actos reclamados consisten en: El acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro del Juicio Ordinario Civil 31/2016/I, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, a través del cual se negó llevara a cabo la investigación de las cuentas bancarias de la Secretaría de Educación Pública del Estado. La omisión de acordar la totalidad de los puntos solicitados mediante escrito de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, para requerir el cumplimiento de la vía ejecución de sentencia. Ahora, como se precisó en párrafos anteriores, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, contempla algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por lo que, al no agotarse el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado, se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En la especie, es de indicar que la aquí promovente debió agotar, antes de acudir a esta instancia, el recurso de revocación que prevé los artículos 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. A fin de corroborar lo anterior, es necesario transcribir lo dispuesto en el precepto legal citado el cual establece: "Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio." Del primer artículo transcrito se desprenden dos supuestos de procedencia del recurso de revocación, a saber: a) autos que no causen daño irreparable en la sentencia; y, b) cualquier decreto emitido por el juez. Como puede advertirse el artículo en comento distingue entre auto y decreto, así el artículo 56, fracciones II y III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, dispone lo siguiente: "Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: II.- Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III.- Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. Todas las resoluciones serán autorizadas con la firma entera de los magistrados, jueces o secretarios que intervengan." De la lectura del artículo referido, se observa que la legislación civil contempla como autos aquellos que entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente; y, por exclusión aquellos que no se encuentran enlistados en la fracción II del artículo en estudio, serán considerados como decretos. Ahora bien, del análisis integro de la demanda de amparo, se resaltan los siguientes acontecimientos: En once de diciembre de dos mil quince, María del Pilar de la Miyar Huerdo, demandó en la vía ordinaria civil a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz, por el concepto de pago de rentas vencidas y de intereses legales, respecto del bien inmueble ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas número 748, colonia Rafael Lucio, de esta ciudad. Mediante auto de veintidós de enero de dos mil dieciséis, se admitió la demanda formulada por la aquí quejosa, radicándose el juicio ordinario civil 31/2016/I, del índice del Juzgado responsable. Seguida la secuela procesal, por sentencia de diez de octubre de dos mil dieciséis, se condenó a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz, a través de quien legalmente la representara, al pago de las rentas vencidas a partir del mes de enero de dos mil quince, y las que sigan venciendo hasta la total desocupación del bien inmueble arrendado, por la cantidad de $42,665.00 (cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). Mediante auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia condenatoria de mérito, ordenándose la apertura de la sección de ejecución. Dentro de la etapa de ejecución, por escrito de dieciséis de abril solicitó al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, que se realizara una investigación en relación a las cuentas bancarias de la parte demandada, a efecto de que se le embargaran, entre otras peticiones. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Juez de Primera Instancia, dijo que no ha lugar a proveer de conformidad, por los argumentos que ahí expuso, sin que hubiese acordado la totalidad de petición realizadas por escrito de dieciséis de abril. En este orden de ideas, resulta evidente que el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, conforme al artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, constituye un decreto, mismo que podría ser revocado por el propio Juez que lo emitió. De tal modo que, resulta evidente que la promovente no se agotó el medio de defensa ordinario que contempla la legislación que regula el juicio de origen, incumpliendo con el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, actualizándose la causal de improcedencia a que se hizo referencia en el cuerpo de esta resolución, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, tomando primordialmente en consideración que el decreto y omisión que se reclaman, pueden ser impugnados a través del recurso de revocación, el cual debió agotar la aludida parte quejosa, ya que dicho recurso ordinario es susceptible de modificar o revocar los actos que se reclama en la demanda de amparo y, por ende, sus consecuencias; en esa tesitura, es patente que la solicitante de amparo no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por ello lo que procede es desechar la demanda de amparo en cuestión. No pasa inadvertido para este juzgador, el que el más Alto Tribunal del país al emitir la jurisprudencia 241, Octava Parte, de la Compilación 1917-1985, identificable con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA", haya considerado que una demanda de amparo no pueda ser desechada, de conformidad con la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuando no se tiene la certeza sobre la procedencia del recurso o medio de impugnación contra el acto que se reclama, por no ser un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en el juicio de amparo, toda vez que el citado criterio jurisprudencial no tiene aplicación al caso, debido a que en el asunto que nos ocupa sí se tiene la plena convicción de la procedencia del recurso de apelación, según lo señalado con antelación. En lo conducente es aplicable la tesis Sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que contempla: "RECURSOS. LA CERTEZA DE SU PROCEDENCIA CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO (INTELECCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 241, OCTAVA PARTE, DE LA COMPILACION 1917-1985). - No es verdad que la jurisprudencia 241, Octava Parte, de la Compilación 1917-1985, identificable con el rubro: "Demanda de amparo. La posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitirla", sirva de base para considerar, que una demanda de amparo no debe ser desechada, aun cuando se encuentre como motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, la causal prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. El texto de la jurisprudencia en comento no alude a tal situación, sino que acorde con el artículo 145 del ordenamiento citado, se refiere a la circunstancia de que en el caso concreto, la existencia de un recurso ordinario, susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, no aparezca de manera manifiesta e indudable, sino que la procedencia de tal medio de impugnación se muestre ante la autoridad de amparo como una mera posibilidad, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando no se cuente con la información suficiente para determinar, si el juicio de donde proviene el acto reclamado es de mayor o menor cuantía, situación de la que dependería que el acto reclamado fuera apelable o no; pero la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación alguna, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia, del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, pues en este supuesto, la demanda debe desecharse, al surtirse la hipótesis prevista en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así mismo, es de invocar la jurisprudencia 1.6º.C.43K, Sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la tesis aislada número I.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación dla quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Cabe precisar que en el acto reclamado consistente en la omisión de acordar la totalidad de los puntos solicitados mediante escrito de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, no daña de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución, sino sólo los derechos adjetivos o procesales pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, por lo que a través del recurso de revocación podría modificar o dejar insubsistente el acuerdo reclamado en el que se omitió acordar la totalidad de peticiones. Esto es así, ya que aun cuando la promovente se duele de una afectación a los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, la omisión que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de acuerdo total a su promoción, afectación que podría combatir a través de la revocación, como se apuntó en líneas anteriores. Orienta lo antes expuesto la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA en consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Anuar Ayala Palma y Marco Antonio Sánchez González, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros número 114359 y 127677; y por autorizados con las restricciones que impone la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Laura Isabel Feria Pérez, Luis Fernando de la Miyar Huerdo, María Fernanda de la Miyar Huerdo y Mariela Ibeth Valencia Vera, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario judicial, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo acordó el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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