María del Pilar Cruz Rangel
Expediente 669/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 33 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- María del Pilar Cruz Rangel
- Javier Israel González Santiago
- Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control Y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonala Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 Amparo en términos de su numeral 2, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 ??????????????? documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 181, fracción l, inciso a) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 4 asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 213 del 2 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." 3 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá´ constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación ?????????? Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 669/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante oficio de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, remitió el expediente 288/2021 de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por María del Pilar Cruz Rangel y Javier Israel González Santiago, y declinó a este juzgado la competencia para conocer del asunto planteado en ese libelo, por considerar que los actos reclamados tendrían verificativo en el ámbito espacial en que este órgano jurisdiccional ejerce válidamente sus funciones. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia planteada, y se admitió a trámite el expediente 669/2021, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de lo previsto por los José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -2- artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al reclamarse actos cuyas consecuencias se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -3- En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados son los siguientes: a).- La orden de aprehensión o detención y su ejecución, dictados en contra de los quejosos. b).- La orden de cateo dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el cuadernillo de cateo 10/2021, respecto del domicilio ubicado en avenida 7ª Poniente esquina con calle sin nombre, barrio Las Américas, en Arriaga, Chiapas. c).- El aseguramiento de inmueble ubicado en avenida 7ª Poniente esquina con calle sin nombre, barrio Las Américas, en Arriaga, Chiapas, de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación 0104-101-3401-2021, realizada en el Acta Circunstanciada de Diligencia de Cateo, y auto de esa data [foja 126 a 133 y 243]. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez de Control, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en su informe justificado [fojas 50 y 80], negó la existencia de los tres actos que se le atribuyen, precisados en los incisos a), b), y c), sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. Por su parte, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, y el Fiscal del Ministerio Público Investigador en Apoyo al Titular de la mesa de Trámite número 03, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en sus informes justificados [fojas 36 y 54], negaron la existencia de la orden de aprehensión o detención y su ejecución, precisados en el inciso a), que les reclaman los José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -4- impetrantes, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías respecto del acto que se atribuye a dicha autoridad ministerial. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos 3 Registro No. 187728. Publicada en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -5- y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". El Comandante de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no rindió su informe justificado a pesar de estar debidamente emplazado para ello, como consta del acuse de recibo que obra a foja 78; por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, surge la presunción de certeza del acto que se atribuye a la autoridad en comento precisado en el inciso a), consistente en la aprehensión o detención y su ejecución; sin embargo, la presunción que pudiera derivarse se desvirtúa con la negativa que manifestaron las autoridades responsables ordenadoras antes citadas, pues no resulta concebible lógica y jurídicamente que la autoridad omisa en cita, pudiera ejecutar una orden que no existe, razón por la cual, lo procedente es decretar también el sobreseimiento por la autoridad responsable en cita. CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, y el Fiscal del Ministerio Público Investigador en Apoyo al Titular de la mesa de Trámite número 03, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en sus informes justificados [fojas 97 y 176]; aceptaron la existencia de los actos que se reclaman preciados en los inciso b) y c), consistentes en la orden de cateo y aseguramiento practicados en el domicilio José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -6- ubicado en avenida 7ª Poniente esquina con calle sin nombre, barrio Las Américas, en Arriaga, Chiapas, en tanto que el citado Juez de Control, refirió haber librado una orden de cateo en el cuadernillo número 10/2021, con fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, derivado de la solicitud planteada en la carpeta de investigación 0104-101- 3401-2021, en el domicilio antes señalado, el fiscal aceptó haber practicado dicho cateo y asegurado el inmueble de referencia, por lo que se tiene por cierto los actos antes aludidos. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Época: Quinta Época, Registro: 917812, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 278, Página: 231, de texto: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que se corrobora con las copias certificadas del cuadernillo de cateo 10/2021, y Carpeta de Investigación número 0104-101-3401-2021, del índice de las potestades responsables antes citadas, respectivamente, mismas que obran en sumario como parte integrante del mismo; medio de convicción que remitieron en apoyo a su informe de ley, y los cuales, por tratarse de documentos públicos, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -7- Resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 226 también del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, cuyo tenor es: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. El Comandante de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no rindió su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente emplazado, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos a foja 78; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable, respecto a la participación en la ejecución de la orden de cateo reclamada, pues en la misma se advierte la participación de elementos de la Policía Especializada. Es aplicable la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 194401, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 8/99, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 26, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -8- DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -9- reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro No. 395571, Localización: Quinta Época, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1985, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, Página: 262, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -10- En el presente caso, la suscrita juzgadora estima que por lo que respecta al acto que se le reclama al Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, consistente en la orden de cateo de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida dentro del cuadernillo de cateo 10/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable;" La fracción transcrita prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados se han consumado irreparablemente, por lo que no pueden ser protegidos mediante el juicio de amparo. En ese sentido, los actos consumados en modo irreparable son aquéllos que al realizarse todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable a los quejosos, no podrían restablecerse los derechos transgredidos. La razón de ser de esta disposición encuentra su fundamento en la esencia del juicio de amparo, el cual tiene por objeto deshacer la violación cometida por actos de autoridad, restituyendo a la agraviada en el goce y disfrute de los derechos fundamentales contravenidos en su perjuicio, mediante la reparación del acto infractor, lo cual volverá las cosas al estado en que se encontraban antes de la comisión del acto reclamado, según lo dispone el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia. Por tanto, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo irreparable, debe atenderse al José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -11- hecho de si el gobernado puede gozar jurídica y físicamente del derecho transgredido. Es ilustrativa, por lo que en ella se informa, la jurisprudencia 171/2007, derivada de la contradicción de tesis 136/2007 SS, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 171537, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 171/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -12- propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. En ese contexto, la orden de cateo a que se refiere el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consiste en inspeccionar un domicilio o propiedad privada, con el fin de aprehender a alguna persona o de localizar un determinado objeto, que a la letra dice: "Artículo 282. Solicitud de orden de cateo. Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitara por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contara con un registro, se expresara el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación". El fundamento constitucional de la medida de referencia emerge del artículo 16, cuyo primer párrafo establece como regla general que todo acto de molestia realizado por la autoridad debe constar en un mandamiento por escrito de manera fundada y motivada. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -13- La orden de cateo, una vez ejecutada, será introducida como elemento probatorio, por tanto, corresponde al Ministerio Público y al Juez Penal, respectivamente, verificar si la diligencia de cateo cumple con las exigencias del artículo 16 constitucional, así como las previstas en el capítulo relativo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la jurisprudencia 22/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 171836, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a./J. 22/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 111, Tipo: Jurisprudencia, que dispone: CATEO. EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA MISMA, CARECEN DE EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA. Con la finalidad de tutelar efectivamente la persona, familia, domicilio, papeles y posesiones de los gobernados, el Constituyente estableció en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que las órdenes de cateo única y exclusivamente puede expedirlas la autoridad judicial cumpliendo los siguientes requisitos: a) que conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspección; d) que se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. En ese sentido, el artículo 61 del Código Federal José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -14- de Procedimientos Penales, en observancia a la garantía de inviolabilidad del domicilio, establece que si no se cumple con alguno de los requisitos del octavo párrafo del citado precepto constitucional, la diligencia carece de valor probatorio. Por tanto, las pruebas obtenidas con vulneración a dicha garantía, esto es, los objetos y personas que se localicen, su aprehensión en el domicilio registrado y las demás pruebas que sean consecuencia directa de las obtenidas en la forma referida, así como el acta circunstanciada de la propia diligencia, carecen de eficacia probatoria. En efecto, las actuaciones y probanzas cuyo origen sea un cateo que no cumpla con los requisitos constitucionales y por tanto, sin valor probatorio en términos del señalado artículo 61, carecen de existencia legal, pues de no haberse realizado el cateo, tales actos no hubieran existido. En concordancia con lo anterior, tratándose de las órdenes de cateos, el derecho fundamental involucrado constituye el de la inviolabilidad del domicilio, pues, en ese supuesto, se molesta al gobernado para el efecto de que permita la entrada de la autoridad en un sitio en el que tiene su residencia habitual o desarrolla actos privados. Es así, pues el acto de molestia en comento consiste, se reitera, en el registro o inspección de sitios o lugares determinados. Lo anterior tomando en cuenta que, en su caso, corresponderá al Ministerio Público o al Juez Penal analizar la legalidad de la diligencia en relación con su eficacia probatoria. Por tanto, una vez que la orden de cateo ha sido ejecutada, ésta se consuma de forma irreparable, pues el juicio de amparo no podría tener el efecto de impedir ni restituir la intromisión al domicilio de la quejosa, dado que tal transgresión ya aconteció, por lo que sería José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -15- físicamente imposible retrotraer las cosas hasta antes de dicha diligencia. Es apoyo para lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 211211, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 484, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo. Al respecto, la referida orden de cateo se ejecutó el veinte de octubre de dos mil veintiuno, como se advierte de la respectiva acta circunstanciada de la diligencia [fojas 126 a 133]. Del análisis integral de dicha actuación se advierte que el cateo realizado fue ejecutado en cumplimiento a la orden que emitió el Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, dentro del cuadernillo de cateo 10/2011 y solicitada dentro de la carpeta de investigación 0104-101- 3401-2021, y tuvo como objeto exclusivo practicar actos de investigación correspondientes y tendientes a la acreditación del hecho que la ley señala como delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. De lo expuesto se sigue que la orden de cateo reclamada fue ejecutada el veinte de octubre de dos mil veintiuno. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -16- Luego, dicho acto reclamado se encuentra consumado de manera irreparable. Es así, porque la posible violación al domicilio ya aconteció, y los efectos de la sentencia de amparo no podrían retrotraerse en el tiempo para impedir esa violación. Sin que lo anterior prejuzgue sobre la responsabilidad de los funcionarios que practicaron las actuaciones reclamadas. Por tanto, al reclamarse un acto consumado irreparablemente, se sobresee en el juicio de amparo respecto del mismo, con fundamento en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En relación a los actos reclamados a la diversa autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador en Apoyo al Titular de la mesa de Trámite número 03, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, consistentes en la ejecución de dicha orden de cateo en el domicilio ubicado en avenida 7ª Poniente esquina con calle sin nombre, barrio Las Américas, en Arriaga, Chiapas, y el aseguramiento de dicho inmueble. Esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en tanto, tales actos reclamados, no afectan los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo cual se estima acertado, en la medida de lo que se expondrá. Dicho precepto, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -17- Los artículos 5, fracción I, y 6, ambos de la ley en la materia, establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -18- defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De las normas señaladas se advierte que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que la parte quejosa demuestre su interés jurídico, del cual, su afectación debe ser de manera personal y directa. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma o acto u omisión reclamados; ello, siempre que alegue que éstos violan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; pudiendo promoverlo por sí, su representante legal, su apoderado o por cualquier persona en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente. Al respecto, es pertinente invocar la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 233285, Instancia: Pleno, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Primera Parte, página 46, Tipo: Aislada, que a la letra dice: INTERÉS JURIDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -19- demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas. Así, quien ejerce la acción de amparo, debe ser el titular del derecho subjetivo afectado con motivo del acto u omisión que reclama (interés jurídico), o bien, que dicha afectación se cause, por su especial situación frente a la norma reclamada (interés legítimo); situación que resulta indispensable para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido, al ejercer los impetrantes del amparo la acción constitucional cuando impugnan actos o resoluciones que tengan su origen en procedimientos de naturaleza jurisdiccional, están constreñidos a demostrar que su interés jurídico ha sido afectado, esto es, que el derecho subjetivo público, del cual son titulares, resulta lesionado por esos actos o resoluciones. Por tanto, se colige que la parte quejosa tiene la carga probatoria de acreditar fehacientemente su interés jurídico en este juicio de amparo, ya que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, así como, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -20- perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 170500, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 168/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En efecto, en la especie es necesario precisar que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho; sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen y que si dicha causa, por su José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -21- naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo. Por lo tanto, en cualquiera de las dos clases de posesión originaria o derivada, se debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él); consecuentemente, es de señalar que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil local y, por ende, no puede ser tutelada por la prerrogativa de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 187733, cuyo rubro y texto dicen: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -22- se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -23- decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Ahora, en la especie, como se expuso, la parte quejosa reclama la ejecución de la orden de cateo en el inmueble ubicado en avenida 7ª Poniente esquina con calle sin nombre, barrio Las Américas, en Arriaga, Chiapas y aseguramiento de dicho domicilio, respecto de los cuales, dicen ser propietarios. En ese sentido, la parte quejosa no ofreció medios de prueba para acreditar la propiedad de dicho inmueble. Así, en principio, se advierte que los impetrantes de amparo, no acreditaron con medios de convicción alguno, estar en alguno de los supuestos siguientes: 1) Tener la propiedad y/o posesión respecto del inmueble que por esta vía defiende. 2) Tener su domicilio en dicho inmueble. Ello es así, pues aun cuando bajo protesta de decir verdad, los promoventes del amparo manifestaron tener su domicilio en el inmueble materia de la orden de cateo reclamada, lo indudable es que, como se dijo, no exhibió medios de convicción alguno, con los que pretendiera demostrarlo, ya que si bien es cierto pueden existir tales actos de autoridad, también suele acontecer que los mismos no produzcan afectación alguna a los derechos de los gobernados, cuando éstos no acreditan dicho interés con medio idóneo alguno, por ende, el acto de autoridad no les produce agravio que reparar mediante el juicio de amparo. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -24- 207221, Instancia: Tercera Sala, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: 3a./J. 27/90, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 229, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. En este tenor, es evidente que el dicho de la parte quejosa en el sentido de que el inmueble en el que se ejecutó el acto reclamado, es de su propiedad es insuficiente para acreditar tal extremo, por lo que se concluye que no cumplió con la obligación de probar en forma fehaciente la afectación de su interés jurídico, ya que no basta para tenerlo por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, sino que también debió ofrecer las pruebas idóneas y suficientes para acreditarlo. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 206338, Instancia: Segunda Sala, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 16/94, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, página 17, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -25- Asimismo, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 28/90, sustentada por la ya extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 207223, Instancia: Tercera Sala, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: 3a./J. 28/90, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 230, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Bajo ese contexto, si la aquí quejosa no acreditó de modo alguno que el bien objeto del cateo, así como los bienes muebles asegurados son de su propiedad; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es, sobreseer el presente juicio de amparo, de José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -26- conformidad con el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En ese sentido, con base en todo lo expuesto con antelación, imposibilita a esta juzgadora abordar el fondo del asunto respeto a la orden de cateo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, librada dentro del cuadernillo de cateo 10/2021 y solicitada dentro de la carpeta de investigación 0104-101-3401-2021, así como su ejecución y aseguramiento de bien, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Lo anterior, tiene sustento en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 232302, Instancia: Pleno, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, página 88, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. De igual forma, con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 239006, Instancia: Segunda Sala, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -27- Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49, Tipo: Jurisprudencia, que dispone lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Ahora bien, toda vez que en la audiencia que antecede se declaró inexistente a la autoridad responsable denominada como: Comandante Operativo de la Policía Especializada, presuntamente residente en Arriaga, Chiapas; por tanto, debe decirse que se sobresee también el presente juicio respecto de dicha autoridad, pues se declaró su inexistencia, y por lo consiguiente debe decirse que no existen los actos que se les reclama. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 111/2008, cuyos datos de localización son: Registro digital: 167784, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 111/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 52, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -28- tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Por expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 74, 75 y 217, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por María del Pilar Cruz Rangel y Javier Israel González Santiago, contra los actos reclamados a las autoridades responsables el 1).- Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, el 2).- Juez de Control, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el 3).- Fiscal del Ministerio Público Investigador en Apoyo al Titular de la mesa de Trámite número 03, y el 4).- Comandante de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado, ambos con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el 5).- Comandante Operativo de la Policía Especializada, José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 JUICIO DE AMPARO 669/2021 -29- presuntamente residente en Arriaga, Chiapas; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Notifíquese personalmente a la parte quejosa por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación y lístese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, secretario del Juzgado con quien actúa, el día de hoy veinticinco de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 669/2021, promovido por Maria del Pilar Cruz Rangel y Javier Israel González Santiago, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, ante José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe. El Secretario hace constar que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General" no se advierte que alguna de las partes solicitara cita para comparecer a esta audiencia. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaría hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO 11 a 14 2 AUTO ADMISORIO 23 a 29 3 EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO. 35 Y la secretaría certifica que: _Han transcurrido los plazos de tres días concedidos a la parte quejosa en proveído de siete de enero de dos mil veintidós [fojas 44 y 45], sin que haya desahogado la prevención ahí decretada. _Que el Comandante de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no rindió su informe justificado que se le solicitó mediante oficio 15990, aun cuando a fojas 78 obra constancia de su recepción. Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TONALÁ, CHIAPAS NEGATIVO 36, 176 2. JUEZ DE CONTROL DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS NEGATIVO 50, 80 3. COMANDANTE DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA FISCALÍA DE ASUNTOS ESPECIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS OMISA Constancia de notificación foja 78 4. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN APOYO AL TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS NEGATIVO Y POSITIVO 54 a 55, 97 a 100 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar, y por lo que toca al contenido de la primera certificación que antecede, por cuanto ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de enero de dos mil veintidós [fojas 44 y 45], sin que haya desahogado la prevención ahí decretada, hágase efectivo el apercibimiento contenido en esa pieza, y téngase por inexistente a la autoridad responsable señalada con la denominación: Comandante Operativo de la Policía Especializada, en Arriaga, Chiapas; por cuanto hace a la segunda certificación, tómese en consideración al dictar sentencia. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN APOYO AL TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO TRES, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS DOCUMENTALES 56 a 74, 101 a 137 y 242 y 243 2. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TONALÁ, CHIAPAS DOCUMENTALES 177 a 201 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. Antes firman quienes intervinieron en el presente acto procesal. Doy fe. ROSA PATRICIA CÓRDOVA RANGEL. JUEZA PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS CON RESIDENCIA EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ. [EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA] JOSÉ DE JESÚS SOTO RÍOS. SECRETARIO DEL JUZGADO. [EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA]
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por el Fiscal del Ministerio Público Investigador en auxilio al Titular de la Mesa de Trámite Número 03, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual, remite copia del acuerdo de aseguramiento del bien inmueble, ubicado en avenida séptima Poniente, esquina con calle sin nombre, barrio Las Américas, con residencia en Arriaga, Chiapas. Consecuentemente, se tienen por hechas sus manifestaciones y por cumplido el requerimiento que le fue formulado en proveído de doce de abril de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como prueba de su intención, la documental que allega junto a su oficio de cuenta, la cual desde este momento se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que será relacionada en la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
Quedan 29 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes
- María del Carmen Solís Medina2228/2019
- Maria del Carmen Vazquez Ruiz325/2018
- María del Carmen Villar De los Santos365/2016
- Maria del Carmen Villar de los Santos871/2017
- María del Carmen Vleeschowver Villatoro318/2017
- María del Carmen Zebadúa Rodríguez282/2017
- Maria del Pilar Cruz Rangel649/2021
- Maria del Pilar de la Riva Rodriguez175/2022
- Maria del Pilar Martinez Garza89/2016
- Maria del Rocio del Puerto Chang834/2022
- Maria del Rocio del Puerto Chang918/2023
- Maria del Rocio del Puerto Chang989/2022