María del Pilar Cortés Flores
Expediente 744/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/09/2021
Partes del expediente
- María del Pilar Cortés Flores
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, acusa de recibo de los anexos que le fueron remitidos, e informa que admitió a trámite el conflicto de competencia planteado en autos, registrándolo como conflicto competencial 24/2021, de su índice; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción no aceptó la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 744/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, por los motivos que expone. Ahora bien, del análisis integral de actuaciones se aprecia que en proveído de quince de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, la cual es de materia laboral, toda vez que los actos reclamados derivan de un problema de seguridad social, ya que versa sobre una omisión de resolver respecto a una pensión de viudez que se relaciona con los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador. En el caso, la promovente del amparo refiere ser cónyuge del de cujus quien era beneficiario con número de seguridad social *********** ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, el Seguro Social comprende dos tipos de regímenes: el obligatorio y el voluntario. Dentro del régimen voluntario, se ubican las personas que prestan servicios remunerados, personales y subordinados en favor de un patrón. En otras palabras, los conflictos individuales de seguridad social son aquellos que se relacionen con el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie derivadas de actos y normas que contengan beneficios de seguridad social. Resulta relevante referir que los conflictos en cuestión pueden ser planteados no sólo por los trabajadores, o los asegurados, sino también por los pensionados o sus beneficiarios. Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que los problemas de seguridad social de aquellas personas vinculadas al régimen previsto en el artículo 123 Apartado A, constitucional, son de naturaleza laboral, no porque exista una relación de trabajo, sino por la naturaleza de las normas que resultan aplicables. En conclusión, si en el caso que nos ocupa la quejosa reclama diversos actos respecto a una pensión por viudez al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el ente como ente asegurador, debe considerarse un conflicto en materia laboral y no de naturaleza administrativa. Lo anterior, con independencia de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, pues lo cierto es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la competencia de los jueces de distrito especializados por materia, se determina atendiendo, en principio, a la naturaleza del acto reclamado y, si eso no es suficiente, entonces también a la naturaleza de la autoridad responsable. En tal virtud este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado debe ser visto integralmente con su origen y con la finalidad que persigue el quejoso, razón por la cual, es indudable que este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa es incompetente por razón de materia para conocer de la demanda de amparo. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que sólo un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo podría resolver la cuestión de si la autoridad señalada como responsable tiene tal carácter y sobre la constitucionalidad de los actos reclamados a la luz de la legislación y de las normas constitucionales en materia laboral y de seguridad social que resultan aplicables a los seguros del régimen obligatorio del Seguro Social. Lo que pone de manifiesto que la materia de esas disposiciones encuadra en el ámbito de especialización del derecho laboral. Posteriormente, la demanda de amparo fue turnada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, y mediante proveído de veintiuno de julio, determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano de control constitucional, bajo el argumento siguiente: La parte quejosa reclama entre otros la abstención u omisión de dar respuesta o trámite a la inconformidad interpuesta por la parte quejosa ante el Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el quince de febrero de dos mil veintiuno. De la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado deriva de una petición formulada al Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual se interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución con folio 898163490570, mismo que se interpuso el quince de febrero de dos mil veintiuno, el cual a la fecha aduce la parte quejosa no se ha resuelto, por lo que se duele de la negativa ficta del recurso de inconformidad; por tanto, se estima que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y no laboral. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que no se trata de una relación laboral, de donde derive el acto, sino de la negativa ficta del Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el recurso de inconformidad promovido por la aquí quejosa, que formuló ante dicho Consejo en su carácter de organismo fiscal autónomo, en términos del artículo 294 de la Ley del Seguro Social y conforme a las reglas del recurso de inconformidad aludido, cuando no se resuelva y notifique la resolución respectiva en unos plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de su interposición, se configura una resolución presuntiva en el sentido de negar la pretensión del promovente, confirmando la resolución recurrida, la cual puede impugnarse en el juicio contencioso administrativo. De lo que concluyo que son competentes para conocer los juzgados federales especializados en materia administrativa, de las cuestiones de negativa ficta o resoluciones del recurso de inconformidad, que en este caso viola el derecho de petición; de ahí que este órgano de control constitucional no sea competente para atender la demanda de que se trata, porque se reclama, la NEGATIVA FICTA, recaída al recurso de inconformidad promovido el día quince de febrero del 2021, con número de expediente ****************, interpuesta por la parte quejosa ante el Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Motivo por el cual no aceptó la competencia planteada por este juzgado. Pues bien, al margen de que este órgano de control constitucional comparta o no la respetable opinión del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, insiste en considerar que carece de competencia legal (por razón de la materia) para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por los mismos motivos expuestos en el aludido acuerdo de quince de julio del año en curso; por lo que se concluye que el estudio del presente asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Asimismo, a criterio de quien esto resuelve se considera que analizar si los actos reclamados provienen o no de una autoridad, para efectos del juicio de amparo, previo a determinar la competencia de este juzgado para realizarlo, es prejuzgar y hacer uso de una facultad que, en su caso, la ley no confiere. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P.J. 83/98 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, cuyo rubro y contenido son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Así las cosas, toda vez que este órgano jurisdiccional, insiste en declinar la competencia en su favor, con base en los motivos y argumentos precisados en el acuerdo de quince de julio del año en curso y reiterados en este acuerdo, por tanto, remítanse los presente autos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que se sirva resolver el conflicto de competencia aquí suscitado. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a efecto de que, de estimarlo procedente, realice las manifestaciones que considere pertinentes ante la Superioridad que conozca del conflicto competencial de mérito. Sin que sea necesario conformar cuaderno de antecedentes, toda vez que en auto de quince de los actuales se ordenó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/2517/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, quince de julio de dos mil veintiuno. Escrito de cuenta. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa ***************, mediante el cual desahoga en sus términos la prevención que le fue formulada en auto de veintinueve de junio del año en curso, por lo que es procedente proveer lo siguiente: Sentido de la determinación Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo que nos ocupa, así como el escrito aclaratorio, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto, toda vez que corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Antecedentes relevantes. A fin de evidenciar lo anterior, resulta importante destacar que la parte quejosa en el apartado correspondiente de "HECHOS" señaló, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Que el siete de diciembre de dos mil diecinueve su esposo falleció, situación por la que el cuatro de agosto de dos mil veinte, presentó solicitud de pensión por viudez ante la Unidad de Medicina familiar número 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. Que derivado del hecho anterior, dicho Instituto emitió resolución para el otorgamiento de pensión de viudez con folio *********, emitida por el Jefe de la Oficina de Pensiones, adscrito a la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas, así como el documento de elección de Régimen (DER) con folio *********, notificado el veintidós de enero del año en curso, a través del cual determinó el pago de $********* por concepto de pensión por viudez a causa de la muerte de du esposo quien contaba con el número de seguridad social *********. 3. Ante tal determinación y notificación de la misma el quince de febrero del año en curso promovió recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, quedando registrado con número de expediente *********, sin embargo, ha trascurrido más de tres meses sin que la autoridad referida emita o notifique la resolución correspondiente. Precisiones de los actos reclamados. La parte quejosa busca que a través del juicio de amparo se ejerza control de la constitucionalidad sobre los actos siguientes: ... Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Razones de la incompetencia. Este Juzgado concluye que el problema jurídico que se origina a partir de los actos reclamados es un problema de seguridad social, ya que versa sobre una omisión de resolver respecto a una pensión de viudez que se relaciona con los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador. Para ilustrar lo anterior, cabe referir que los problemas de seguridad social pueden englobarse en dos materias distintas, pudiendo ser: (i) administrativos; o, (ii) laborales. La diferencia radica esencialmente en el régimen laboral al que pertenece la relación de trabajo de que se trate, es decir: (i) si se rige por el Apartado A; o, (ii) si se rige por el Apartado B del artículo 123 constitucional. Esa distinción es relevante, pues los trabajadores y sus beneficiarios que se regulan por el Apartado A, tienen un régimen de seguridad social especial, como lo es el previsto en la Ley del Seguro Social; por su parte, los trabajadores que se rigen por el Apartado B, pertenecen al régimen de seguridad social previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En el caso, la promovente del amparo refiere ser cónyuge del de cujus quien era beneficiario con número de seguridad social ********* ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, el Seguro Social comprende dos tipos de regímenes: el obligatorio y el voluntario. Dentro del régimen voluntario, se ubican las personas que prestan servicios remunerados, personales y subordinados en favor de un patrón. Con motivo de los distintos tipos de seguros que pertenecen al régimen obligatorio, pueden suscitarse conflictos individuales de seguridad social. De conformidad con la Ley Federal del Trabajo1, dichos conflictos son aquellos que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivados de los seguros que pertenecen al régimen obligatorio, el cual es organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En otras palabras, los conflictos individuales de seguridad social son aquellos que se relacionen con el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie derivadas de actos y normas que contengan beneficios de seguridad social. Resulta relevante referir que los conflictos en cuestión pueden ser planteados no sólo por los trabajadores, o los asegurados, sino también por los pensionados o sus beneficiarios2. Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que los problemas de seguridad social de aquellas personas vinculadas al régimen previsto en el artículo 123 Apartado A, constitucional, son de naturaleza laboral, no porque exista una relación de trabajo, sino por la naturaleza de las normas que resultan aplicables. En conclusión, si en el caso que nos ocupa la quejosa reclama diversos actos respecto a una pensión por viudez al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el ente como ente asegurador, debe considerarse un conflicto en materia laboral y no de naturaleza administrativa. Lo anterior, con independencia de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, pues lo cierto es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la competencia de los jueces de distrito especializados por materia, se determina atendiendo, en principio, a la naturaleza del acto reclamado y, si eso no es suficiente, entonces también a la naturaleza de la autoridad responsable.3 En tal virtud este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado debe ser visto integralmente con su origen y con la finalidad que persigue el quejoso, razón por la cual, es indudable que este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa es incompetente por razón de materia para conocer de la demanda de amparo. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que sólo un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo podría resolver la cuestión de si la autoridad señalada como responsable tiene tal carácter y sobre la constitucionalidad de los actos reclamados a la luz de la legislación y de las normas constitucionales en materia laboral y de seguridad social que resultan aplicables a los seguros del régimen obligatorio del Seguro Social. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, toda vez que el acto reclamado no encuadra dentro de las hipótesis que señala el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prescribe las atribuciones de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias mínimas indispensables. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ***********, por propio derecho; contra actos del Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 744/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane la inconsistencia que más adelante se señala. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Precisión de los actos que se le atribuyen a cada autoridad. Del estudio efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente señaló como autoridades responsables y entre otros actos reclamados, los que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE Y DOMICILIO: H. CONSEJO CONSULTIVO DE LA DELEGACIÓN NORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (.) TITULAR DE LA SUBDELEGACIÓN 1 MAGDALENA DE LAS SALINAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (.) IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA PRIMERO.- Me causa agravio y transgrede en mi perjuicio por el artículo 1, 8, 14 y 16 Constitucional, así como el 34 antepenúltimo párrafo y 38 del Código Fiscal de la Federación, 294 de la Ley del Seguro Social debido a que la autoridad H. Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, no dio atención al recurso de inconformidad presentado el día 15 de Febrero de 2021, con número de expediente C.C.D.F.N 0148/2021, mediante el cual se impugno RESOLUCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIÓN DE VIUDEZ FOLIO ****************, SIN FECHA EMITIDA POR EL C. DARIO SAUCEDO TOVAR, JEFE DE LA OFICINA DE PENSIONES, ADSCRITO A LA SUBDELEGACIÓN 1 MAGDALENA DE LAS SALINAS, DOCUMENTO DE ELECCIÓN DE RÉGIMEN (DER) CON FOLIO 72010177828 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020, supuestamente notificado el día 22 de enero del 2021, (.) SEGUNDO.- De las inicialmente recurridas, se transgrede y me causa agravio la violación a lo señalado en los artículos 1, 8, 14, 16 Constitucionales, 2, 170 y 292 de la Ley DEL Seguro Social y el 38 fracciones II, III, IV y VI, 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación en virtud de que la autoridad ha sido en omitir la resolución de pensión por viudez debidamente con los requisitos que se señalan en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación aplicado de manera supletoria a la Ley del Seguro Social, la falta de fundamentación y motivación, para posteriormente ser notificada con las formalidades que la propia Ley exige (.) Asociado a lo anterior, la ilegal notificación realizada por el personal de la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas, toda vez que de manera ventajosa realizo el llenado del DOCUMENTO DE ELECCIÓN DE RÉGIMEN (DER) CON FOLIO 72010177828, (.) (.) ". Como se aprecia, la parte quejosa señaló dos autoridades responsables; sin embargo, se abstuvo de indicar cuál o cuáles son los actos que le atribuye a cada una de ellas. Asimismo, el señalamiento de actos reclamados es confuso, ya que por una parte reclama "la falta de atención al recurso de inconformidad presentado el día quince de febrero de dos mil veintiuno, con número de expediente C.C.D.F.N *********, mediante el cual se impugno la resolución para el otorgamiento de pensión de viudez folio ************." Y por otra parte, señala la "resolución para el otorgamiento de pensión de viudez folio **********, sin fecha emitida por el C. ***********, Jefe de la Oficina de Pensiones, adscrito a la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas, documento de elección de régimen (der) con folio *********de fecha seis de octubre de dos mil veinte, supuestamente notificado el día veintidós de enero de dos mil veintiuno." De igual manera, señala "la ilegal notificación realizada por el personal de la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas, toda vez que de manera ventajosa realizo el llenado del documento de elección de régimen (der) con folio **********. Tales circunstancias descritas generan incertidumbre a este órgano jurisdiccional respecto a cuales son los actos en específico que reclama, así como que actos le atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables, lo cual en la especie, debe ser precisado por la parte quejosa y no dejarse a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con tal información se fijará la litis constitucional; de igual forma, las autoridades responsables estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda, en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones III y IV del numeral 108 de la ley de la materia; en la inteligencia de que la parte promovente tiene la obligación no sólo de señalar cuáles son las autoridades que deberán ser emplazadas con el carácter de responsables, sino también, de atribuirles los actos reclamados de una manera directa y exacta. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del siguiente rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISION EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACION DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.". Por tanto, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, cuales son los actos en específico que reclama, su atribución a cada una de las autoridades señaladas como responsables; asimismo, la participación que tuvo cada una de ellas en dichos actos reclamados, lo cual resulta indispensable para proveer lo que en derecho corresponda. 2. Copias. Deberá exhibir dos copias de su escrito aclaratorio, debiendo tomar en consideración que corresponde una por cada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". 2 Lo anterior, siempre y cuando el desahogo de la presente prevención no se realice de manera electrónica. Sin que haya lugar a solicitar copia de las documentales precisadas en el presente acuerdo a efecto de correr traslado al Ministerio Público Federal adscrito, toda vez que al mismo se le emplazará al presente asunto mediante notificaciones electrónicas. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa, que de no cumplir con lo solicitado, dentro del plazo señalado, se le tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo y último párrafo de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención formulada deberá ser de forma clara y precisa sin contener omisiones, ni afirmaciones obscuras. Para lo anterior, se le hace saber a la promovente que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, a la parte quejosa que para obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita aquellos que le consten en relación con el acto reclamado. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. De igual forma, se tienen como autorizadas en términos restringidos, a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico y números telefónicos proporcionados, para los efectos legales a que haya lugar. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento de autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretario o Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 9 Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes
- María del Carmen Zarco Torres1587/2021
- María del Consuelo Chanona Valdez1501/2022
- María del Consuelo Medina Puente1213/2021
- María del Consuelo Medina Puente1558/2022
- María del Consuelo Montiel Rocha301/2023
- María del Pilar Almazan García1752/2021
- María del Pilar Pérez Ortega1257/2023
- María del Rocío Palacios Salgado1977/2023
- María del Rocío Rendón Castañón1480/2023
- María del Rocío Segoviano Aguilar1274/2022
- María del Rosario Cruz Hernández1224/2021
- María del Rosario Fernandez Arriola1968/2023