Maria del Pilar Bravo Castro

Expediente 802/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
802/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Junta Especial Numero 31 de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado
  • Maria del Pilar Bravo Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y con el soporte de las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se pasa a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este Juzgado Federal, con apoyo en los elementos existentes en el expediente, los aportados por la responsable y en observancia a la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Febrero 2016, Décima Época, que al rubro dice: "..SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD.." En esa tesitura, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable, efectuara lo siguiente: ".Se dicte un acuerdo en el expediente laboral 1014/2011, en el que deje sin efectos la parte conducente del proveído de tres de mayo de dos mil diecisiete, en el que fijó las diez horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en su lugar señale día y hora para ese efecto dentro de los quince días siguientes a la emisión de dicho acuerdo; y, Se notifique en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la nueva fecha a todas las partes a efecto de que deduzcan sus intereses. Todo lo cual deberá hacerlo del conocimiento de este juzgado federal." Por lo que en cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta Y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante oficio 4963A/2017 de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, remitió copias certificadas de las constancias con las que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que este Juzgado Federal, dio vista a la parte quejosa con las mismas y sin que esta realizara manifestación alguna. Ahora bien, este Juzgado Federal advierte que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dicha autoridad dejo sin efectos la fecha que fijó las diez horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en su lugar señalo otra en los términos de ley, lo cual lo notifico a las partes, en los autos del expediente laboral 1014/2011, como se advierte de las constancias remitidas; motivos por los que de acuerdo con el estudio de dichas constancias y, con apoyo en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria por parte de la autoridad responsable. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Finalmente, infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. ...Notifíquese.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido de la resolución de veintisiete de julio que dice: VISTO, para resolver el juicio de amparo 802/2017, promovido por María del Pilar Bravo Castro contra actos de la Junta Especial número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal María del Pilar Bravo Castro solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".señalamiento de una fecha en exceso lejana para que tenga verificativo la audiencia de conciliación." SEGUNDO. El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo y se radicó el asunto con el número de expediente 802/2017, se requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable el señalamiento de una fecha lejana para el desahogo de la audiencia bifásica en el juicio laboral 1014/2011. TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial Número 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y este juzgador advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el último párrafo del citado precepto. QUINTO. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Pues bien, como se dijo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el señalamiento de una fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, muy lejana (cuatro de octubre de 2017), dentro de los autos del juicio laboral 1014/2011, del índice administrativo de la Junta Especial 31, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Asiste razón a la parte quejosa atento a las consideraciones siguientes: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." De lo transcrito se colige, que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 838 y 873, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley." "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días". Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional. Asimismo, se advierte que al recibirse la demanda laboral, la junta que conozca del asunto debe dictar acuerdo en el término de veinticuatro horas en el que señale fecha para la celebración de la audiencia, la cual, invariablemente, debe llevarse a cabo dentro de los quince días siguientes al de la presentación de la demanda, debiendo, además, ordenar la notificación a las partes con cuando menos diez días de anticipación al de la fecha fijada para el desahogo de la audiencia. En tal sentido, la fijación de esa fecha con motivo de la admisión de la demanda, debe efectuarse atendiendo al término de quince días fijado en el citado artículo 873, pues no existe dentro de la Ley Federal del Trabajo disposición alguna que faculte a los tribunales laborales para actuar de manera distinta, por ello se considera que, cuando la audiencia bifásica sea diferida, la fecha que se señale para su desahogo invariablemente debe acatar el citado lapso de tiempo, pues de lo contrario, se infringiría el derecho humano de prontitud y expedites en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, conforme al citado numeral de la ley fundamental, constituye un derecho humano tutelado por la Constitución el que los tribunales que impartan justicia lo hagan en los plazos y términos que fijen las leyes y que sus resoluciones sean emitidas en forma pronta, completa e imparcial; de tal suerte que, el elemento esencial del requisito de prontitud en la impartición de justicia lo constituye el que las resoluciones se dicten dentro de los plazos que fijan las leyes. Por otro lado, la responsable al rendir su informe justificado remitió copia certificada de diversas constancias del juicio laboral 1014/2011, de donde se advierte su acuerdo de tres de mayo de dos mil diecisiete, de su contenido se advierte fijó para que tenga verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones hasta el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, lo que lleva a la dilación del procedimiento laboral en contravención al citado artículo 17 constitucional. En efecto, se advierte por parte de la autoridad señalada como responsable un retardo injustificado en la impartición de justicia, pues ha señalado día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones que excede en demasía el lapso de quince días que marca el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, pues dicho acuerdo se dictó el tres de mayo de dos mil diecisiete, y la audiencia la fijó para el cuatro de octubre de este año, es decir, aproximadamente cinco meses después, es inconcuso que infringió en perjuicio de la quejosa el derecho humano de pronta impartición de justicia, pues el proceder asumido por la referida junta implica la paralización del procedimiento del juicio laboral de origen sin justificación legal alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Respecto al criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, indicó que, tratándose de actos intraprocesales existe un caso de excepción que constriñe al juzgador de amparo a que no sólo lleve a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones de este tipo respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8, 14 y 17, constitucionales, para considerar que el juicio es improcedente, ya que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial referido no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar tal afectación considerada como de ejecución irreparable es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese contexto, a criterio de quien resuelve -se insiste- en el caso concreto existe una dilación abierta del procedimiento laboral pues la autoridad señalada como responsable ha señalado una fecha excesivamente lejana (cuatro de octubre de dos mil diecisiete), para que tenga lugar la audiencia bifásica, por más de cinco meses, lo cual genera un retraso en la impartición de justicia. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa María del Pilar Bravo Castro, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Se dicte un acuerdo en el expediente laboral 1014/2011, en el que deje sin efectos la parte conducente del proveído de tres de mayo de dos mil diecisiete, en el que fijó las diez horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en su lugar señale día y hora para ese efecto dentro de los quince días siguientes a la emisión de dicho acuerdo; y, Se notifique en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la nueva fecha a todas las partes a efecto de que deduzcan sus intereses. Todo lo cual deberá hacerlo del conocimiento de este juzgado federal. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsables de cumplimiento al punto antes precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la parte quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a María del Pilar Bravo Castro, respecto del acto reclamado al Presidente de la Junta Especial 31, de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en señalar fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, dentro de los autos del juicio laboral 1014/2011, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, hasta hoy veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado permitieron concluir su engrose, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.

  4. Principal

    En veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta con el oficio registrado con el número de folio 16056.- Conste.Cuernavaca, Morelos, veintiséis de junio de dos mil diecisiete.Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio del Presidente de la Junta Especial número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual solicita una prórroga para remitir las constancias que le fueron solicitadas en autos. Ahora bien, digase a la autoridad responsable, que queda sin efectos el requerimiento y apercibimiento decretado por auto de dieciséis de junio de la presente anualidad, toda vez que dichas copias resultan innecesarias, para resolver el presente asunto.27062017

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