María del Mar Baltazar Arceo
Expediente 1101/2013 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 64 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1101/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 64
- Última actuación
- 07/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Clemente Cruz Gómez
- María del Mar Baltazar Arceo
- María Eneyda Caamal Tuz
- José del Carmen Xool Rosado
- Heliodoro Ek Chablé
- Juvencio May Chablé
- HELIODORO EK CHABLÉ y Otros.
- MARÍA DEL MAR BALTAZAR ARCEO y Otros.
- Celso Chablé Ek
- José Alberto May Ek
- José Jeremías Palomo Ku
- Melquiades Balam Uc
- Juvencio May Cheblé
- Abelardo Salazar Alonzo
- Alfonso Caso
- Luciano Ku Chi
- Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola Y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación
- Aida María Palomo Ku
- CELSO CHABLÉ EK y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 64.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que las partes se inconformaran, con el proveído que la imposibilidad jurídica para el cumplimento de la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. De igual forma, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva del acto reclamado a la responsable, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes; por tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio De igual forma, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo dos discos compactos en formato DVD que ofreció como prueba en estos autos; por tanto, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, prevéngasele para que acuda a este Juzgado de Distrito con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexó a su escrito de referencia, previa identificación y recibo que se deje en autos; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. Finalmente, por economía procesal devuélvase al Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con residencia en esta ciudad de Mérida, el anexo relativo a las constancias certificadas que remitió a este Juzgado, con su oficio VI.0342/2015, de cuatro de marzo de dos mil quince; al Director General Adjunto de lo Contencioso dependiente de la Oficina de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en representación del Director General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de Agricultura de dicha dependencia, con residencia en Ciudad de México, los anexos relativos a las constancias certificadas que remitió a este Juzgado, con su oficio 110.02.01.01.01.-9576, de trece de mayo de dos mil quince; y al Director de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en representación del Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, de dicho Órgano Administrativo Desconcentrado, con sede en Ciudad de México, los anexos relativos a las constancias certificadas que remitió a este Juzgado, con su oficio B00.05.01.-4471, de once de septiembre de dos mil catorce, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran los oficios M000/0465/2022, signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, con sede en Ciudad de México, B00.05.5576, signado por el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en representación del Director General de Inocuidad, Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de ese órgano administrativo, con sede en Ciudad de México y el B00.05.01.101-2021, emitido por el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural, con sede en Ciudad de México, y anexos que adjunta, mediante los cuales se pronuncian respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, con los que informaron acerca del cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo. Asimismo, mediante proveído de seis de diciembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio y con las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a nombre del representante estatal en Yucatán, con sede en Ciudad de México; aunado a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional dictó sentencia en el presente asunto el dieciséis de octubre de dos mil quince, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. En contra de lo anterior, la parte quejosa y la autoridad responsable Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y Director de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ambos con sede en Ciudad de México, interpusieron recurso de revisión el cual conoció el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, bajo el toca en revisión 115/2016; siendo que por resolución de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el aludido Tribunal Colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad de atracción para que conozca los recursos de revisión de mérito y se envió el toca y los autos del juicio de amparo correspondientes. Una vez recibidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los autos relativos al toca 115/2016 y al presente juicio de amparo, le correspondió el número 365/2017 (solicitud de ejercicio de la facultad de atracción), y mediante resolución de quince de noviembre de dos mil diecisiete, determinó no ejercer la facultad de atracción solicitada y se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito para la resolución de los recursos de revisión señalados con anterioridad. En sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca 115/2016, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en sus puntos resolutivos señaló lo siguiente: "PRIMERO.- En la materia de la revisión SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos Precisados en la presente ejecutoria LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A Celso Chable Ek y otros pertenecientes a las comunidades de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticual, Tixmehuac, Tekax, Tízimín y Tzucabab, contra los actos que reclamaron del Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, adscrito al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, consistente en la emisión de los oficios B00.03.02.-11496; B00.04.03.02.-11497; B00.04.03.02.-11498; B00.04.03.02.- 11499; B00.04.03.02.-11500; B00.04.03.02.-1501; B00.04.03.02.-11502; B00.04.03.02.-11503; B00.04.03.02.- 11503; B00.04.03.02.-11504 Y B00.04.03.02.-11505, todos de fecha treinta de noviembre del año dos mil doce, así como contra el acto reclamado a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, contra el acto reclamado, consistente en la omisión de establecer, de conformidad con el párrafo 4° y la fracción V del artículo 108 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y 54 de su reglamento, los mecanismos para realizar la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentados en las zonas donde se pretenda la liberación de organismos genéticamente modificados". Asimismo, en la parte final de la propia ejecutoria el tribunal de alzada estableció lo siguiente: "Sin que pase inadvertido para ese órgano colegiado que a fojas 461 a 527 del presente toca de los recursos de revisión, obra el oficio número B00.05.01.-8110, suscrito por el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual informa y acredita que el quince de septiembre del año dos mil diecisiete se resolvió revocar el permiso de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada tolerante al herbicida glifosato, relativo a la solicitud 007-12, a liberarse en los Estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas; permiso que se encuentra vinculado al acto reclamado consistente en la omisión de efectuar la consulta a las comunidades indígenas, antes señalado. En atención a ello, la realización de la consulta motivo de la concesión del amparo quedará sujeta a la confirmación o no de la revocación del permiso de liberación; pues la propia autoridad indica en su oficio que esa resolución donde se revocó el permiso de liberación fue impugnada a través de un recurso de revisión; es decir, que en caso de quedar firme la revocación del citado permiso, por consecuencia no tendría razón de ser realizar la consulta aludida. Asimismo, en caso de llegarse a declarar como zonas libres de organismos genéticamente modificados a las comunidades quejosas, tampoco tendría razón de ser la realización de la consulta. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en representación del Director General de Inocuidad, Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de ese órgano administrativo, con sede en Ciudad de México, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, toda vez que mediante oficio B00.05.-5576, de nueve de agosto de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del oficio B00.04.03.02.01.-3992/2018, de tres de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con el que informó que dejó insubsistente los oficios B00.03.02.-11496; B00.04.03.02.-11497; B00.04.03.02.-11498; B00.04.03.02.- 11499; B00.04.03.02.-11500; B00.04.03.02.-1501; B00.04.03.02.-11502; B00.04.03.02.-11503; B00.04.03.02.- 11503; B00.04.03.02.-11504 y B00.04.03.02.-11505, todos de fecha treinta de noviembre del año dos mil doce; asimismo, mediante oficio B00.04.03.02.02.-3993/2018, el Director General de Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera, solicitó al Director General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA, envíe a la brevedad a esa Dirección General, las documentales solicitadas. De igual forma, mediante oficio B00.05.01.-5954, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el Subdirector de Asuntos Contenciosos, en suplencia por ausencia del Director de lo Contencioso y éste a su vez del Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en representación del Director General de Inocuidad, Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de ese órgano administrativo, con sede en Ciudad de México, remitió copia certificada del diverso B00.04.02.01.-4486/2018, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, signado por el Director General de Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera, a través del cual remitió a la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM las documentales ofrecidos por las comunidades, con el objeto de que se resuelva sobre si procede o no la declaratoria de las comunidades solicitantes como zonas libres de organismos genéticamente modificados, de conformidad con lo establecido en el artículo 90, fracción II de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; por tanto, en relación al acto citado con antelación se cumplió la sentencia dictada en este asunto. Ahora, en relación al diverso acto reclamado, en auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio B000.05.01.-8110, de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, signado por el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en representación de las autoridades responsables Director General de Inocuidad, Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y Director General de Sanidad Vegetal (SENASICA), con sede en Ciudad de México, en el que informó que el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se determinó REVISAR el permiso de liberación al ambiente de soya genéticamente modificado tolerante al glisofato en los estados de Campeche y entre otros, Yucatán contenido en el memorial B00.04.03.02.01 4377, de cinco de julio dos mil doce, al considerarse en el dictamen como daño irreversible y grave la liberación de soya genéticamente modificada; y el quince de septiembre de dos mil diecisiete, se REVOCÓ el permiso de liberación. Asimismo, el quince de enero de dos mil dieciocho, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con sede en Ciudad de México, (SAGARPA), resolvió el recurso de revocación en contra de la revocación del permiso, confirmando la resolución de quince de septiembre de dos mil diecisiete, contenida en el oficio B00.-282. En contra de lo anterior, Monsanto Comercial, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, demandó la nulidad ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien el dieciocho de agosto de dos mil veinte, reconoció la validez de la resolución impugnada. De igual forma, la propia tercero interesada Monsanto Comercial, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió juicio de amparo directo en contra de lo anterior, radicado con el número 6/2021 ante el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se negó el amparo solicitado. De lo anterior, se puede colegir que en la actualidad el oficio B00.04.03.02.01.-4377 de cinco de junio de dos mil doce, que otorgó en su momento a la empresa Monsanto Comercial, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el permiso para la liberación de soya genéticamente modificada (Glycine max L.) resistente al glisofato -que constituyó esencialmente la Litis del presente juicio de amparo- es insubsistente, habida cuenta de la revocación que en definitiva determinó el Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a través del oficio B00.-282 de quince de septiembre de dos mil diecisiete, se encuentra firme, en virtud de la resolución que negó el amparo solicitado contra la resolución que reconoció la validez de la revocación del permiso en comento. De este modo, en el particular resulta materialmente imposible dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues como se señaló en párrafos precedentes, si bien se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los aquí quejosos respecto al acto reclamado consistente en la omisión de establecer, de conformidad con el párrafo 4° y la fracción V del artículo 108 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y 54 de su reglamento, los mecanismos para realizar la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentados en las zonas donde se pretenda la liberación de organismos genéticamente modificados, lo cierto es que dicho permiso de génesis que en su momento estuvo vinculado con el acto reclamado en este asunto, no se encuentra más vigente, pues el mismo fue revocado en definitiva, siendo que no tendría razón de ser la consulta por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En efecto, en la concesión de amparo dictada en este asunto se determinó que quedará sujeta a la confirmación o no de la revocación del permiso de liberación, esto es, que en caso de quedar firme la revocación del citado permiso, por consecuencia no tendría razón de ser realizar la consulta aludida. Siendo, que dicho oficio fue revocado definitivamente por virtud de diverso acto administrativo, al arribarse a la conclusión de haberse puesto en grave riesgo irreparable la biodiversidad de las zonas en las cuales se había concedido la autorización para libre comercialización. En ese orden de ideas, es inconcuso que no perseguiría ningún fin legal, el procurar la implementación de la aludida consulta que, dicho sea de paso, hasta la fecha no ha podido celebrarse, toda vez que su celebración no estaría amparada por permiso alguno que le permitiera a la aquí tercero interesada la continuación de la liberación comercial de su producto de soya modificado genéticamente; pues ya ni siquiera cuenta con el aval de las autoridades administrativas respectivas en la materia al habérsele sido retirado definitivamente. En consecuencia, existe imposibilidad material y jurídica para que la responsable cumpla con la sentencia protectora, por factores externos (ajenos a su control), pues ya no podrá emitir la resolución respectiva en torno a lo peticionado por la parte quejosa, en los términos señalados, circunstancia que conduce a estimar que en el caso, existe razón para considerar actualizada una causa fundada de imposibilidad jurídica de cumplimiento de la sentencia amparadora. Ahora, respecto a las manifestaciones de la autoridad responsable Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a nombre del representante estatal en Yucatán, con sede en Ciudad de México, en su oficio de cuenta, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio presentado vía electrónica por la autoridad responsable Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a nombre del representante estatal en Yucatán, con sede en Ciudad de México, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, en desahogo de la vista dada a las partes en proveído de seis de diciembre del año en curso. Al efecto, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se resuelva lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, con sede en Ciudad de México, y anexos que adjunta, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de veinte de octubre del año en curso, informa en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo a que hace referencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, con la remitida mediante el oficio B00.05.-5576, de nueve de agosto de dos mil dieciocho, por el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en representación del Director General de Inocuidad, Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de ese órgano administrativo, con sede en Ciudad de México, y anexos que acompaña, entre ellos, el oficio B00.04.03.02.01.-3992/2018, de tres de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con el que informó que dejó insubsistente los oficios B00.03.02.-11496; B00.04.03.02.-11497; B00.04.03.02.-11498; B00.04.03.02.- 11499; B00.04.03.02.-11500; B00.04.03.02.-1501; B00.04.03.02.-11502; B00.04.03.02.-11503; B00.04.03.02.- 11503; B00.04.03.02.-11504 y B00.04.03.02.-11505, todos de fecha treinta de noviembre del año dos mil doce, (promoción 14588 del tomo II, foja veinte mil treinta y siete) y con el oficio B00.05.01.101-2021 de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural, con sede en Ciudad de México y anexos que acompaña, entre ellos, copia certificada del juicio de amparo directo, radicado con el número 6/2021 ante el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que se negó el amparo solicitado a ********************Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veinte, emitida por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se reconoció la legalidad de la revocación del permiso B00.04.03.02.01.4377, de cinco de junio de dos mil doce, otorgado a la citada ******************** (promoción 19187 del tomo III); por el término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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