María del los Ángeles Guevara Quintanilla
Expediente 494/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María del los Ángeles Guevara Quintanilla
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato; nueve de noviembre de dos mil veinte. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de ocho de octubre de dos mil veinte. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con el legajo de pruebas y un sobre cerrado con un pagaré que la autoridad responsable adjuntó como apoyo a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. V. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN EL QUE SE ACORDÓ: "León, Guanajuato; nueve de noviembre de dos mil veinte. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de ocho de octubre de dos mil veinte. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con el legajo de pruebas y un sobre cerrado con un pagaré que la autoridad responsable adjuntó como apoyo a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. V. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; ocho de octubre de dos mil veinte. I. Se cumple prevención. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Sergio Antonio Muñoz Hernández y José Alberto Fernández Trejo, en su carácter de endosatarios en procuración de la quejosa María de los Ángeles Guevara Quintanilla, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, y en atención a ello, se acuerda: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama el requerimiento dirigido a la parte demandada en el auto de uno de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente 226/2020 del índice del Juzgado Regional del Sistema de Oralidad Mercantil de esta ciudad, y su consecuencia, que se traduce en el diverso proveído de siete de julio del mismo año, en el que el juez responsable tuvo por admitida la contestación de la demanda. III. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el asunto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" En efecto, en la especie la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en el requerimiento dirigido a la parte demandada en el auto de uno de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente 226/2020 del índice del Juzgado Regional del Sistema de Oralidad Mercantil de esta ciudad, y su consecuencia, que se traduce en el diverso proveído de siete de julio del mismo año, en el que el juez responsable tuvo por admitida la contestación de la demanda. Por tanto, el acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación del juez responsable de requerir a la parte demandada y consecuentemente, tenerle por admitida la contestación de la demanda en el juicio de origen, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, que se refleja únicamente en que el procedimiento continúe con sus secuelas procesales, empero no se priva del derecho de defensa que tiene la aquí quejosa, por ello, como se dijo, sólo constituye una violación procesal, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no afecta los derechos sustantivos de la parte agraviada ni decide el fondo del juicio en cita; en consecuencia, puede hacerla valer en amparo directo contra la sentencia definitiva que se pronuncie en el mismo. Ilustra lo anterior en la parte conducente, la la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1893, Tomo III, Libro 14, Enero de 2015, Décima Época, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "DEMANDA RECONVENCIONAL. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN TIEMPO Y FORMA ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO QUE NO TIENE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La resolución que confirma el proveído que tiene por contestada en tiempo y forma la demanda reconvencional es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, de conformidad con su contenido y alcances legales, tampoco es una resolución de condena, ni constitutiva de derechos, al tratarse de un auto declarativo al haberse admitido aquélla, ya que el litigio continúa, pues no es una decisión con la cual finalice. Es decir, la resolución donde se confirma el proveído que tiene por contestada la demanda reconvencional no es un acto que tenga efectos de imposible reparación, pues dicha determinación no origina una afectación inmediata y directa a algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal, en tanto que el hecho de confirmarse el proveído que la admite, sólo implica que la alzada analice el auto de admisión a la contestación conforme a los conceptos de agravio y, por ende, aún no ocasiona un menoscabo, pues dicha confirmación está supeditada a lo resuelto en el juicio natural, en tanto pudiera suceder que no hubiera afectación con la confirmación al proveído que diera entrada a la contestación reconvencional y que la sentencia que se pronunciara en el juicio fuera favorable a los intereses de la recurrente." Así como la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 1157, Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE TENER POR ACUSADA LA REBELDÍA A LA DEMANDADA. El auto mediante el cual se resuelve el recurso de revocación que confirma el acuerdo que niega la petición de la actora de que se declarara la rebeldía a la parte demandada, por considerar que había contestado la demanda fuera de tiempo, no es de imposible reparación ya que sólo afecta los derechos adjetivos o procesales de la quejosa, que constituyen una violación que podría no trascender al sentido de la sentencia, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente e incluso acudir al juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) constitucional, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial." Asimismo, se cita en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Tiene aplicación además a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número XI.T.Aux.C. J/1, consultable en la página 1642, Tomo XXX, correspondiente al mes de Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS EN JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUPUESTOS QUE DEBE PONDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los criterios establecidos por nuestro Máximo Tribunal respecto del concepto de acto de imposible reparación, como argumento de autoridad, se advierte que para que el Juez de Distrito pondere sobre la procedencia de un amparo indirecto respecto de un acto dictado dentro de juicio, no debe apreciar si la infracción puede o no reclamarse cuando se dicte la resolución definitiva, ya que el Alto Tribunal del país, en jurisprudencia obligatoria, se pronunció en cuanto a la naturaleza jurídica que deben tener los actos en juicio, en el sentido de que solamente existen dos supuestos normativos de procedencia del amparo indirecto: a) cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental (regla general) o, bien b) si se trata de una violación exorbitante del procedimiento; de tal suerte que la posibilidad de que una supuesta infracción al procedimiento pueda o no impugnarse cuando se reclame la sentencia definitiva, no constituye hipótesis normativa de procedencia del juicio de garantías biinstancial, habida cuenta que tal facultad sólo compete a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando conozcan del juicio de amparo directo, a los que corresponde estimar si procede o no analizar la infracción que se reclame, de acuerdo con los requisitos que prevé la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, para tal efecto, dado que, inclusive, podría darse el supuesto de que existan violaciones procesales en juicio que no se pudieran reclamar en alguna de las dos vías de amparo.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede desecharla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN EL QUE SE ACORDÓ: I. Recepción de incompetencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, remite copia certificada del oficio JOMEL/1562/2020, original de la demanda de amparo y tres copias, original del oficio JOMEL/1560/2020, un legajo con constancias de notificación, expediente SOM-226/2020 con el que se forma un tomo de pruebas y un sobre cerrado con un pagaré. Acúsese recibo de estilo. Atento al contenido del oficio de cuenta, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo PRIMERO, relativo al Décimo Sexto Circuito, y CUARTO, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este órgano de control constitucional, acepta la competencia declinada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital y por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad. Parte quejosa. María de los Ángeles Guevara Quintanilla, por conducto de Sergio Antonio Muñoz Hernández y José Alberto Fernández Trejo, en su carácter de endosatarios en procuración, personalidad que tienen reconocida ante la autoridad responsable en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. III. Autoridad responsable. Juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil, con sede en esta ciudad. IV. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 494/2020-IV y desde de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Prevención. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda que ocupa la atención, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción I, en relación con el 108 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término legal de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, sin que exista necesidad de que presente una nueva demanda y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: - Relate bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, esto es, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto impugnado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Jurisprudencial número 1ª./J. 64/2015, visible en la página 713, Tomo I, Noviembre de 2015, Materia Común, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUIERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AÚN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. VI. Domicilio. Toda vez que de la demanda de amparo se advierte un domicilio dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se comisiona al actuario adscrito a fin de que se constituya en avenida Chapultepec número 108, interior 15, de la colonia Obregón de esta ciudad y notifique el presente auto a la aquí quejosa. Asimismo, deberá requerirle para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no cumplir con ello, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal y sin ulterior acuerdo, se le realizarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal. VII. Registro de documentos. Regístrese el documento base de la acción que se acompaña en el libro de documentos importantes de este juzgado y hágase entrega del mismo a la secretaria encargada de la guarda de valores; asimismo, déjese en el presente expediente copia cotejada y autorizada de ese documento, sin perjuicio de que, a petición verbal de cualquiera de los interesados, se les muestre el original. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Luego, resulta un hecho notorio que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que los propios artículos 26, fracción II, inciso a) y b), 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a las autoridades responsables, que la fecha de todo tipo de audiencias (constitucional e incidental) se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). X. Instrucción para notificaciones personales. En el entendido que en términos del artículo 23 del referido Acuerdo General 21/2020, toda notificación que se ordene de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. XI. Exhortación y requerimiento a la parte quejosa. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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