Maria del Consuelo Sanchez Maldonado
Expediente 207/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria del Consuelo Sanchez Maldonado
Actuaciones
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito signado por MARÍA DEL CONSUELO SÁNCHEZ MALDONADO, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que acompañó a su escrito inicial de demanda. En atención a su contenido, dígasele que dichos documentos serán entregados de manera personal previa cita bajo su más estricta responsabilidad y quien deberá comparecer con la debida anticipación en la fecha y hora señaladas, debidamente identificado con documento oficial vigente. En esa tesitura, indíquesele que atendiendo a las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la contingencia sanitaria imperante, derivado del virus Covid-19, que se encuentran contenidas en el Acuerdo General 21/2020, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del Pleno de dicho Consejo, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, así como en lo establecido en los artículos 35 y 36 del diverso Acuerdo General 12/2020, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que para el ingreso a este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo General 21/2020 prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 5/2021 del mismo Pleno, que prevé que el modelo de atención presencial será basado en citas, por lo que deberá generar un código QR desde la modalidad del programa "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Y con fundamento en el artículo 7 del acuerdo ante citado, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en los espacios destinados al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Deberá acudir puntualmente a la cita y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Por lo tanto, la cita que genere deberá hacerla del conocimiento de este Juzgado de Distrito, con diez días de anticipación, a fin de adoptar las medidas necesarias para que en la fecha en que genere la misma, le sean entregados los documentos señalados en líneas que antecede. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por MARIA DEL CONSUELO SANCHEZ MALDONADO, contra la resolución del Jefe del Departamento dé Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), Delegación, Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 207/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, al pretender controvertirse una resolución emitida por la autoridad administrativa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra reza: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. ." Del anterior precepto, se desprende que, tratándose del principio de definitividad (agotar recursos o medio de defensa legal), el juicio de amparo es procedente siempre y cuando el promovente, previo a interponer el juicio de amparo, agotó los recursos ordinarios previstos, susceptibles de nulificar, revocar o modificar el acto; ello, siempre que la ley que lo establezca o lo rija y no se exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. En el caso, se advierte que la parte quejosa al controvertir la resolución de la autoridad administrativa (no una acción de amparo por inconstitucionalidad de la ley), no observó el citado principio previamente a la presentación de la demanda de amparo, ya que contra el acto reclamado a la autoridad responsable, procede el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previstos en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, que a la letra dicen: "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda." "Artículo 11.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." Sirve de apoyo al respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 111/2005 localizable en las página 326 del Tomo XXII del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, novena época, la cual dice lo siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 de la aludida ley, se desecha la demanda de amparo promovida por MARIA DEL CONSUELO SANCHEZ MALDONADO, contra actos del Jefe del Departamento dé Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), Delegación, Oaxaca, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, sin tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, en virtud de que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del año dos mil cinco; en tal virtud, se les tiene por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo Pleno, se le tiene señalando el correo electrónico y el número de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma electrónicamente, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el Secretario licenciado Román Fierros Zárate, quien autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por MARIA DEL CONSUELO SANCHEZ MALDONADO, contra la resolución del Jefe del Departamento dé Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), Delegación, Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 207/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, al pretender controvertirse una resolución emitida por la autoridad administrativa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra reza: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. ." Del anterior precepto, se desprende que, tratándose del principio de definitividad (agotar recursos o medio de defensa legal), el juicio de amparo es procedente siempre y cuando el promovente, previo a interponer el juicio de amparo, agotó los recursos ordinarios previstos, susceptibles de nulificar, revocar o modificar el acto; ello, siempre que la ley que lo establezca o lo rija y no se exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. En el caso, se advierte que la parte quejosa al controvertir la resolución de la autoridad administrativa (no una acción de amparo por inconstitucionalidad de la ley), no observó el citado principio previamente a la presentación de la demanda de amparo, ya que contra el acto reclamado a la autoridad responsable, procede el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previstos en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, que a la letra dicen: "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda." "Artículo 11.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." Sirve de apoyo al respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 111/2005 localizable en las página 326 del Tomo XXII del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, novena época, la cual dice lo siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 de la aludida ley, se desecha la demanda de amparo promovida por MARIA DEL CONSUELO SANCHEZ MALDONADO, contra actos del Jefe del Departamento dé Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), Delegación, Oaxaca, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, sin tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, en virtud de que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del año dos mil cinco; en tal virtud, se les tiene por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo Pleno, se le tiene señalando el correo electrónico y el número de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma electrónicamente, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el Secretario licenciado Román Fierros Zárate, quien autoriza y da fe. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
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