María del Consuelo Ruíz Hernández

Expediente 190/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
190/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • María del Consuelo Ruíz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el proveido de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho,lo anterior con fundamento en los artículos 26, , 27 y 29 de la Ley de Amparo, cuyo contenido de auto es el siguente: RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a xxxx, por propio derecho, promoviendo el presente juicio, contra actos del Superintendente Comercial Zona San Juan del Río, Querétaro de la Comisión Federal de Electricidad División Bajío Zona San Juan del Río, Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 190/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este juzgado. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición, en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento. Ahora, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley de la Constitución; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. El artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscribe por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. En tanto que el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiera dichas situaciones jurídicas; así también, se introduce la procedencia del juicio de amparo contra especiales actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, en los términos expuestos. Dichos preceptos, interpretados en sentido contrario, permiten concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando una persona moral señalada como autoridad responsable no actúe dotada de imperio. En la jurisprudencia 164/2011 consultable en la página 1089 del Tomo XXXIV, de septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para los efectos del juicio de amparo, una autoridad goza de las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características de las que igualmente deben encontrarse revestidos los actos de particulares, pues de lo contrario, esto es, al faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. Ahora bien, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el requerimiento y notificación número xxxx, en el que se requiere a la promovente el pago de la cantidad de $9, 210.00 (Nueve mil doscientos diez pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de consumo y pago de energía eléctrica del periodo comprendido del dieciocho de enero de dos mil dieciséis al veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el cual se notificó personalmente el ocho de febrero de dos mil dieciocho. Mismo que como se advierte de la documental exhibida en la demanda de amparo, se originó con motivo de la orden de verificación xxxx, en la que se encontró que en el inmueble en el que se llevó a cabo dicha verificación se consumía energía eléctrica a través de instalaciones que evitaban, alteraban e impedían el funcionamiento normal de los equipos de medición de consumo de energía eléctrica, detectando una diferencia entre la energía facturada y la realmente consumida; procediéndose a realizar un ajuste de la energía consumida y no pagada, y a determinar el pago de la cantidad mencionada en líneas precedente. Sin embargo, el acto que se reclama no reviste las características requeridas para ser considerado un acto de autoridad, es así, en virtud de que el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad, haya realizado la orden de verificación, ajuste y cobro de energía no constituye una premisa válida para establecer que aquélla se constituya en un particular que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; ello, toda vez que la relación jurídica de la cual emana el acto reclamado, es entre el particular en su carácter de usuario del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, la cual no es una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, ya que es originado a través de un acuerdo de voluntades donde ambos adquieren derechos y obligaciones (esto es el contrato de suministro de energía eléctrica), y por lo tanto el acto que ahora se reclama es mera consecuencia de ello. En ese sentido, para dirimir tal situación se debe recurrir a los tribunales de derecho privado a fin de regular las contiendas originadas entre proveedor y particular, ya que si bien es cierto la Ley de Amparo prevé actos de particular equivalentes a los de autoridad, en el caso no se actualiza tal supuesto ya que para ello es necesario que con lleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones que actualicen una relación de supra a subordinación. Es de esta manera, dado que no existe duda que la materia del acto que se pretende combatir no puede equipararse con el emitido por un particular en forma equivalente al de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, en la medida que la relación de la cual emana el acto reclamado constituye una relación de coordinación, estando ambas partes en igualdad de condiciones, siendo lo procedente acudir a los tribunales ordinarios, ya que en todo caso tiene su origen en un desacuerdo de carácter privado que afecta de manera unilateral la esfera jurídica de la promovente. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por xxxx, por su notoria e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, toda vez que la promovente precisó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, hágase de su conocimiento que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción III y 27 de la Ley de Amparo. Por tanto, en atención a lo anterior, hágase de su conocimiento que hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción III y 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como autorizados de la promovente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas que no lo son, a efecto de que el fedatario realice las notificaciones personales, que en su caso deriven del presente expediente. LEY DE TRANSPARENCIA. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.

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