María del Consuelo Ríos Espinosa

Expediente 1012/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1012/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • María del Consuelo Ríos Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 29 a 32), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que la demanda de amparo que promovió ****, fue respecto a la autoridad y acto que se indica: 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. Lo que hizo consistir en: "La omisión de pronunciar acuerdo respecto a la promoción presentada con fecha 30 de abril del 2018, en el que se le solicita dicte auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma para que la demandada en el juicio laboral, cumpla con el pago de prestaciones económicas y obligaciones de hacer, condenadas en el laudo de fecha 13 de marzo del año 2015 y resolución interlocutoria de 09 de noviembre del año 2017, emitidos en el juicio laboral número ***** y acumulados, promovido por los hoy quejosos en cintra del organismo público descentralizado denominado Instituto de Salud". Ahora bien, en este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo no procede cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario (contrario sensu), se deduce que el juicio de amparo será improcedente: 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. 2. Contra actos en procedimiento de ejecución de laudo, que no constituyan la resolución en la que se declare cumplido el laudo. El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento respectivo o bien, la del procedimiento de ejecución en que se declare cumplida o no cumplida la sentencia. En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, parte actora en el juicio de origen, lo constituye la omisión de dar trámite al escrito de treinta de abril de dos mil dieciocho, presentado en esa misma fecha en el expediente número **** del índice de la responsable. Del contexto integral de la demanda se advierte que los aquí quejosos son parte actora en el juicio de origen y que la omisión reclamada fue en el período de ejecución de laudo y no goza de autonomía propia y destacada, antes bien, son actos concomitantes al procedimiento mismo de ejecución, cuyo objeto es el cumplimiento del fallo, contra los cuales, el amparo indirecto sólo procederá cuando se emita la última resolución dictada en ese trámite. De ahí que el acto que por esta vía se combate no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del laudo emitido en el juicio de origen. Con base a lo anterior, se afirma que el acto reclamado en la demanda que se analiza no es de los previstos por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, pues el numeral de mérito acota la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente. Así, cuando se reclaman actos dictados en la etapa de la ejecución, como sucede en la especie, no procede la acción constitucional en su contra, ya que la intención del legislador, contenida en el citado numeral, es que las sentencias y los laudos firmes sean cumplidos sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Improcedencia que se actualiza en relación con el acto reclamado en este juicio, en virtud de que la omisión de dar trámite al escrito de treinta de abril de dos mil dieciocho, presentado en esa misma fecha en el expediente número **** del índice de la responsable, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo. Además, como se precisó, el acto reclamado no guarda autonomía propia y destacada en relación al procedimiento de ejecución de laudo, para que sea procedente el amparo biinstancial, en virtud de que tiene como efecto procurar el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral **** y, por tanto, ello implica que el acto reclamado está vinculado con el procedimiento de ejecución del laudo cuyo cumplimiento se pretende. Aunado a lo anterior, debe decirse que el acto reclamado tampoco es un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, para que pueda ser procedente el amparo indirecto, pues no se afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna o los instrumentos internacionales ratificados, como pueden ser, verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la dignidad humana, la propiedad, la posesión, etcétera; ni tampoco se ve truncado el derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, pues no se impide lograr el cumplimiento del laudo. ** Por tanto, las resoluciones o actos intermedios del periodo de ejecución de sentencia, por regla general, no pueden ser combatidos a través del juicio constitucional, salvo que se traten de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, como podrían ser aquellos que tiendan a detener o interrumpir su cumplimiento, situación que no se cumple en este caso. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia señalada y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, da lugar a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, promovido por ****; en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del once de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la adscripción; por lista a la parte tercera interesada y mediante oficio a la autoridad responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y cúmplase.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte tercera interesada ****, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 19 a 21), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. NOTIFIQUESE.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 749), se tuvo al Delegado del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad, informando las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, que la Coordinadora General de Política Fiscal, mediante memorándum número *** de veintiséis de junio del año en curso, solicitó a la titular de la Secretaría General, someter al Cuerpo Edilicio la modificación del acta de cabildo número 99, punto tercero del orden del día, para de esta manera se deje insubsistente la cancelación de la clave catastral *** y en su lugar se emita una nueva determinación en que el Cabildo no instruya limitantes en el registro catastral de la quejosa ***; que la autoridad responsable -Cabildo Municipal-, se encontraba en un período de receso de diez días, reiniciando sus labores la segunda semana de agosto y que se encontraba en vías de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria. Ahora bien, tomando en consideración que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de inconformidad ***, determinó: "[.] Por consiguiente, procede declarar fundado el recurso de inconformidad y, en consecuencia, se deja insubsistente el auto recurrido de uno de marzo de dos mil dieciocho; por lo que, el juez de Distrito deberá requerir al Cabildo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad, para que deje insubsistente la cancelación de la clave catastral del predio ubicado en ****, en esta ciudad, que tuvo como origen el procedimiento relativo a la cancelación y baja del padrón municipal de los registros catastrales de predios ubicados en el ***, a solicitud del Gerente Jurídico en la Delegación XXX-Chiapas, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para lo cual, deberá de apartarse de instruir a la Coordinación de Política Fiscal, dependiente de la Tesorería Municipal de ese Ayuntamiento a fin de que lleve a cabo alguna prevención o limitación en relación con dicha registro catastral. Asimismo, deberá hacer saber al Cabildo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, y a la Coordinación General de Política de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional, ambos con sede en esta ciudad, que en caso de que decidan iniciar el procedimiento administrativo relacionado con la citada solicitud del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a fin de que se cancele y se dé de baja del padrón municipal, el registro catastral número ***, del predio cuya propiedad afirma tener ***, deberán hacerlo del conocimiento de dicha quejosa, para que pueda ofrecer pruebas y formular los alegatos que estime pertinentes y, en su oportunidad, dirimir el procedimiento administrativo ajustando su actuar a las leyes y reglamentos aplicales, todo ello a fin de respetar su derecho de audiencia y de propiedad que le otorga la Carta Magna [.]". SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Al haber transcurrido el receso de diez días de la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días contados a partir de su notificación, informe las gestiones que haya realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga. Se le informa, que de no cumplir lo solicitado en el término que se le indicó, se hará efectivo el apercibimiento con que se le previno en autos de doce y veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 724 a 725 y 738 a 739, respectivamente). REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD VINCULADA. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quien se le tiene como autoridad vinculada con el cumplimiento de este juicio de amparo, para que dentro del término de tres días legalmente computados, informe las gestiones realizadas a efecto de someter al Cabildo Municipal la modificación del acta número 99, que la Coordinadora General de Política Fiscal le solicitó, mediante memorándum *** de veintiséis de junio del año en curso, para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; ello a fin de que el Cabildo Municipal de ese Ayuntamiento, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos precisados en párrafos que anteceden. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, este Juzgador se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia y se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para el trámite correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

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