María del Consuelo Olvera Medina

Expediente 2533/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2533/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • María del Consuelo Olvera Medina

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por MARÍA DEL CONSUELO OLVERA MEDINA; demanda que promueve contra actos de los integrantes del Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 2533/2023 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro electrónico de gobierno de este juzgado; lo anterior de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, 99 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como en los numerales 3, 4, 13, 21, 22, 25, 31 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; Acuerdos que fueron reformados por su similar que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Con fundamento en el artículo 3°, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, se instruye al oficial de partes de éste juzgado para que digitalice e integre al expediente electrónico de este juicio, todas las promociones y anexos (que se acompañen a las mismas) que se reciban de forma física en éste órgano jurisdiccional. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. De igual forma, con fundamento en el artículo 22 de la disposición normativa indicada, se procederá a la digitalización de las constancias atinentes para la integración cronológica del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, realizando la certificación correspondiente en el expediente electrónico que de cuenta de esa circunstancia. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este juzgador Federal advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, este órgano de control constitucional advierte que se ha actualizado de manera manifiesta e indudable en relación al acto reclamado que se analiza, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo estatuyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte que existen tres momentos para iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3. A partir del día siguiente a aquel en que se ostentó sabedor de los mismos. Al respecto, en la demanda que se intenta en relación al acto reclamado que se analiza, cobra aplicación la segunda hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio; es decir, el término para presentar la demanda de amparo se deberá contar a partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. Lo anterior es así, en virtud de que la peticionaria de amparo señaló como acto reclamado en esta vía constitucional la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada en autos del expediente CD PAR 01/2019 del índice del Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, la cual le fue notificada el diecisiete de ese mismo mes y año, tal como lo manifiesta en el capítulo de acto reclamado al señalar ".Resolución del 17 de agosto de 2023 derivado del expediente CD PAR 01/2019 del índice de la responsable, cuya notificación data del 17 de agosto de 2023." En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De lo antes transcrito, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que ahora reclama desde el diecisite de agosto de dos mil veintirés; por tanto, se concluye que presentó su demanda de amparo fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo; tomando en consideración que la demanda de amparo en análisis, se recibió en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el diez de octubre de dos mil veintitrés, lo que se aprecia del sello de recepción que obra en la parte superior de la primera foja de la misma; por tanto, debe decirse que de una simple operación aritmética, a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron en exceso los quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia; de ahí que sea incuestionable que la parte quejosa consintió tácitamente el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable, por no promover la presente demanda de amparo dentro del término de quince días hábiles a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de la Materia. Ello es así, porque del artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el cómputo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo, empezará a contar desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, porque de acuerdo con el espíritu que informa el citado precepto, el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa y que sirve de base para el cómputo del término de quince días hábiles para la promoción del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Tiene aplicación la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47 del Volumen 169-174, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito, con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Así como la jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Del mismo modo, es ilustrativa la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página mil novecientos treinta y uno, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Efectivamente, el lapso de quince días transcurrió del veintiuno de agosto al ocho de septiembre del año en curso, excluyéndose los días inhábiles diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de agosto, dos y tres de septiembre, de dos mil veintitrés, que se atravesaron en dichas fechas. Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 17, de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia a estudio; y, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por MARÍA DEL CONSUELO OLVERA MEDINA, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la Ley de la Materia. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y como autorizados en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a América Elizabeth Cruz Ruiz, Araceli Algarín Gutiérrez, Víctor Fernando Ocegueda, Eduardo Alejandro Ramírez López y Juan Luis Sánchez Casillas; y en términos del párrafo segundo del citado precepto legal, en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, al resto de las personas que señala, toda vez que no tienen inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que las faculte para ejercer la profesión de abogados o licenciados en Derecho. Luego, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la firma electrónica con el nombre de usuario "EliCruz ", para la consulta del expediente en esa vía. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 y 31, de la Ley de Amparo, se autoriza a los actuarios judiciales de la adscripción, a efecto de que durante la tramitación del presente sumario, realicen las notificaciones correspondientes a la parte quejosa vía electrónica, sujetándose a las reglas y términos establecidos en los aludidos preceptos legales, para que surtan los efectos legales procedentes. Sin que haya lugar a tenerle como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Zacatecas 120, Norte Segundo Piso de Tepic, toda vez que con esta misma fecha se le tuvo como domicilio para tal efecto el usuario que indica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:EPIC, NAYARIT, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por MARÍA DEL CONSUELO OLVERA MEDINA; demanda que promueve contra actos de los integrantes del Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 2533/2023 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro electrónico de gobierno de este juzgado; lo anterior de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, 99 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como en los numerales 3, 4, 13, 21, 22, 25, 31 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; Acuerdos que fueron reformados por su similar que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Con fundamento en el artículo 3°, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, se instruye al oficial de partes de éste juzgado para que digitalice e integre al expediente electrónico de este juicio, todas las promociones y anexos (que se acompañen a las mismas) que se reciban de forma física en éste órgano jurisdiccional. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. De igual forma, con fundamento en el artículo 22 de la disposición normativa indicada, se procederá a la digitalización de las constancias atinentes para la integración cronológica del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, realizando la certificación correspondiente en el expediente electrónico que de cuenta de esa circunstancia. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este juzgador Federal advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo,

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