Maria del Consuelo Medina Ibarra

Expediente 1170/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1170/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Maria del Consuelo Medina Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve (f. 31-36), que desechó la demanda promovida por ***, por propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto ha causado estado. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato y otra autoridad; que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en el artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número ***, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107 y precepto 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son remediables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. a) Ante el Juzgado Civil de Partido, con residencia en Cortázar, Guanajuato, se radicó el juicio ordinario civil ***, promovido por ***, ambas de apellidos ***, por conducto de su apoderado legal, en contra de ***; en su oportunidad, la demandada promovió lo que denominó como incidente de nulidad de actuaciones; incidente que se resolvió el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se declaró procedente el incidente de nulidad promovido, y entre otros aspectos, se determinó ilegal el emplazamiento practicado a la aquí quejosa en su carácter de demandada en el juicio de origen. b) El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado responsable resolvió el toca ***, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de las aquí terceras interesadas, contra la interlocutoria de veinticinco de septiembre del apuntado año, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones; resolución de Alzada que revocó la interlocutoria recurrida, y por ende, legal el emplazamiento practicado a la demandada en el juicio natural. c) De igual forma, se desprende de la demanda de cuenta, que la quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado para que se suspenda el procedimiento dentro del expediente ***, que se tramita en el Juzgado Civil de Partido, de Cortázar, Guanajuato; que conlleva implícitamente que no se lleven los actos tendentes al desahogo de la audiencia final del juicio y citación para sentencia y el dictado de la misma; esto es, el juicio ordinario civil *** se encuentra en trámite. Siendo la resolución de Alzada de catorce de noviembre de dos mil diecinueve la que constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que la resolución impugnada, no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que pueden ser reparadas si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen, ello toda vez que la toda vez que la resolución de Alzada de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, que resolvió el toca ***, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veinticinco de septiembre del apuntado año, emitida en el incidente de nulidad de notificaciones dentro del juicio ordinario civil ***, no viola ningún derecho sustantivo de la quejosa sino únicamente la posibilidad de que ello ocurra [si trascendiera tal decisión al resultado del fallo final]; sin embargo, de llegar a ocurrir, estará en condiciones de hacerlo valer como violación procesal en el juicio de amparo que promueva contra la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de origen. De lo expuesto se colige, que la resolución que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Sin que la misma lesione algún derecho sustantivo como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, pues en todo caso, su derecho de acción como parte procesal sigue intacto, ya que el efecto de la resolución se constriñe a seguir el juicio por sus etapas legales, la cual como se dijo podría constituir una violación procesal, idéntica a la prevista por la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo , lo que daría lugar al juicio de amparo directo, en caso de que el resultado del fallo le fuera adverso. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107 y precepto 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de autos a los licenciados ***, éstos últimos por así haberse solicitado; y como domicilio para tal fin el ubicado en Privada ***, de Celaya, Guanajuato. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias en el expediente electrónico; en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado federal.

  3. Principal

    Al no atender el aviso el solicitante del amparo, por este conducto se procede a notificar el proveído de nueve de diciembre actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato y otra autoridad; que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en el artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1170/2019-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107 y precepto 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son remediables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. a) Ante el Juzgado Civil de Partido, con residencia en Cortázar, Guanajuato, se radicó el juicio ordinario civil 315/2019, promovido por ***, ambas de apellidos ***, por conducto de su apoderado legal, en contra de ***; en su oportunidad, la demandada promovió lo que denominó como incidente de nulidad de actuaciones; incidente que se resolvió el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se declaró procedente el incidente de nulidad promovido, y entre otros aspectos, se determinó ilegal el emplazamiento practicado a la aquí quejosa en su carácter de demandada en el juicio de origen. b) El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado responsable resolvió el toca 593/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de las aquí terceras interesadas, contra la interlocutoria de veinticinco de septiembre del apuntado año, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones; resolución de Alzada que revocó la interlocutoria recurrida, y por ende, legal el emplazamiento practicado a la demandada en el juicio natural. c) De igual forma, se desprende de la demanda de cuenta, que la quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado para que se suspenda el procedimiento dentro del expediente 315/2019, que se tramita en el Juzgado Civil de Partido, de Cortázar, Guanajuato; que conlleva implícitamente que no se lleven los actos tendentes al desahogo de la audiencia final del juicio y citación para sentencia y el dictado de la misma; esto es, el juicio ordinario civil 315/2019 se encuentra en trámite. Siendo la resolución de Alzada de catorce de noviembre de dos mil diecinueve la que constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que la resolución impugnada, no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que pueden ser reparadas si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen, ello toda vez que la toda vez que la resolución de Alzada de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, que resolvió el toca 593/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veinticinco de septiembre del apuntado año, emitida en el incidente de nulidad de notificaciones dentro del juicio ordinario civil 315/2019, no viola ningún derecho sustantivo de la quejosa sino únicamente la posibilidad de que ello ocurra [si trascendiera tal decisión al resultado del fallo final]; sin embargo, de llegar a ocurrir, estará en condiciones de hacerlo valer como violación procesal en el juicio de amparo que promueva contra la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de origen. De lo expuesto se colige, que la resolución que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Sin que la misma lesione algún derecho sustantivo como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, pues en todo caso, su derecho de acción como parte procesal sigue intacto, ya que el efecto de la resolución se constriñe a seguir el juicio por sus etapas legales, la cual como se dijo podría constituir una violación procesal, idéntica a la prevista por la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo, lo que daría lugar al juicio de amparo directo, en caso de que el resultado del fallo le fuera adverso. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107 y precepto 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de autos a los licenciados ***, éstos últimos por así haberse solicitado; y como domicilio para tal fin el ubicado en *** de Celaya, Guanajuato. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias en el expediente electrónico; en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado federal.

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