María del Consuelo Escobar López y Otros.
Expediente 522/2013 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/07/2015
Partes del expediente
- María del Consuelo Escobar López y Otros.
- Guadalupe Morales Frayre
- María del Consuelo Escobar López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de dos de junio de dos mil quince, en el cual se declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
En Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del tres de junio de dos mil quince, el suscrito licenciado JULIO CÉSAR BRAVO DEZA, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, al TERCERO INTERESADO FOUR BROTHERS CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el auto de dos de junio de dos mil quince, dictado dentro del Juicio de amparo 522/2013-I-B, lo anterior, con fundamento en el artículo 26 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, dos de junio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial que antecede, así como las constancias que integran el presente asunto, de las que se desprende que la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, expresó la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias en el procedimiento de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Director y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en Mexicali y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio con residencia en Ensenada, Baja California, de quienes reclamó lo que enseguida se precisa: "De las autoridades antes descritas reclamo todas y cada una de las actuaciones seguidas dentro del procedimiento administrativo del cual se emitió el acuerdo o resolución dónde declara nulo y extinto el embargo trabado dentro del juicio laboral 266/2013 de fecha 28 de Noviembre del 2003, e inscrito en la partida 5000516 de fecha 27 de Enero de 1994 a las 12:53 con 41 segundos; Así como también se reclama la cancelación del asiento registral que dio origen el oficio 19027 de fecha 22 de Noviembre del 2011 girado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, relativo a la inscripción preventiva de la demanda de garantías 997/2011, en virtud de que en ningún momento se nos notificó, enteró y mucho menos se nos citó al procedimiento administrativo, violentando la tutela de nuestras garantías de audiencia y legalidad consagradas en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Federal." De ahí que mediante resolución definitiva de veintisiete de agosto de dos mil catorce, pronunciada por este juzgado federal -la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de trece de octubre del citado año- se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa. Bajo esa tesitura, para determinar si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, o bien, si se considera de imposible cumplimiento, es necesario precisar los efectos de la concesión de amparo, que son del tenor siguiente: ".a) Declare insubsistente, la resolución administrativa de tres de julio de dos mil doce, contenida en el oficio 1719/2012, únicamente por lo que hace a la cancelación de la partida 5116716 de veintitrés de diciembre de dos mil tres, en donde la parte aquí quejosa es acreedora; y en su lugar, emita una nueva resolución, atendiendo a los razonamientos contenidos en la presente sentencia, salvaguardando el derecho humano a la seguridad jurídica de los impetrantes del amparo, fundando y motivando debidamente su determinación. Concesión de amparo que se hace extensiva a las diversas autoridades señaladas como responsables, pues el cumplimiento de actos inconstitucionales adolece del mismo vicio. [.]" Ahora bien, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, mediante oficios registrados con los folios 182012 (fojas 245 a 258) y 186499 (fojas 266 a 271) informó la imposibilidad que tenía para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, habida cuenta que manifestó que la situación jurídica de los inmuebles registrados bajo la partida 5116716, ha cambiado atendiendo a la trasmisión de la propiedad a diversas personas físicas y morales, debido a que los inmuebles no se encuentran en la actualidad inscritos a favor a Agroindustrias Rowen, Sociedad Anónima de Capital Variable. Bajo esa óptica, de las constancias remitidas por la autoridad responsable -vinculada con el cumplimiento de la presente ejecutoria- se desprende que previo a la orden de cancelación del embargo registrado bajo la partida 5116716, con fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, se realizó la inscripción de la transmisión de la propiedad de los inmuebles que a continuación se precisan: Lote: FRACC. PERTENECIENTE A UN PREDIO Manzana: S/M El SAUZAL DE RODRIGUEZ Superficie: 17,130.40 M2. Clave Catastral: ES-I51-146 CON RUMBOS ASTRONOMICOS. Lote: FRACC, TERRENO Manzana: S/M EL SAUZAL DE RODRIGUEZ Superficie: 3,134.34 M2. Clave Catastral: ES-051-149 Cabe resaltar que dichos inmuebles -al día del informe de cumplimiento de la autoridad responsable- se encuentran inscritos a favor de Álvaro Romero Wendlandt, bajo la partida 5269213, sección civil, de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce. Por lo que atendiendo a que es obligación de la suscrita fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, lo que conlleva a analizar de manera oficiosa el mismo, aun cuando no hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que expresó la autoridad responsable su imposibilidad para cumplir; además -dicho análisis- debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin tomar en cuenta aspectos novedosos que no fueron analizados por la juzgadora de amparo; bajo ese orden de ideas, es de considerarse que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento. Así pues, de la ejecutoria de amparo se desprende que se concedió el amparo y protección de la justicia federal tomando en consideración que la cancelación de la cédula hipotecaria o embargo no se actualizaba por el sólo transcurso de tres años, sino que era necesario que coincidiera con una absoluta inactividad procesal del juicio de origen, por igual tiempo e imputable al actor, lo que indudablemente lleva a considerar que, también en dicho caso, debe preceder una determinación judicial en ese sentido. De tal suerte que se constriñó a la autoridad responsable a dejar insubsistente la resolución administrativa de tres de julio de dos mil doce, contenida en el oficio 1719/2012, únicamente por lo que hace a la cancelación de la partida 5116716 de veintitrés de diciembre de dos mil tres, y en su lugar, emitiera una nueva resolución, atendiendo a la existencia de certeza jurídica respecto de la situación que pueda generar esa anulación, debiendo fundar y motivar su resolución. Lo anterior implícitamente conllevó a determinar que mediante acuerdo de treinta de enero de dos mil quince (foja 304), se requiriera a la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a efecto que informara el estado procesal que guardaba el juicio laboral 266/2003 de su índice, y en su caso, remitiera copia certificada de las constancias que estimara necesarias; no obstante que no fue señalada como autoridad responsable, sin embargo, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo -se encuentra obligada en el ámbito de su competencia a realizar los actos tendentes a cumplimentar la ejecutoria de amparo- obligación que cumplimentó mediante oficio registrado con el folio 7610 (fojas 313 a 314), en que textualmente expresó lo siguiente: "Por este conducto, me permito remitir a usted, copia certificada del Acuerdo emitido por esta Junta con fecha 24 de Febrero del 2015, mediante el cual se decretaron improcedentes los incidentes de nulidad de actuaciones, así como el incidente innominado por vicios en el proceso, promovidos por los CC. MARIA GUADALUPE MORALES FRAILE, MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ SALAS, MARIA AUXILIADORA GUTIERREZ, HERMELINDA HERNANDEZ SALAS, y MARIA ISABEL GALVAN MARTINEZ; lo anterior en virtud de haberse vencido en exceso el plazo legal para la interposición de los mismos, toda vez que en fecha 13 de Octubre del 2008, les fue notificado por medio del C. Actuario en su domicilio procesal, el acuerdo de fecha 06 de Octubre del referido año, mediante el cual se decretó el Archivo definitivo del Expediente Laboral 266/2013 (sic)." Lo anterior permite evidenciar que mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil ocho, pronunciado en el expediente laboral 266/2003 se decretó el archivo definitivo del dicho juicio, con motivo de que operó la caducidad de la instancia a que se refiere el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo, acuerdo que les fue notificado a María Guadalupe Morales Fraile, María de los Ángeles Hernández Salas, María Auxiliadora Gutiérrez, Hermelinda Hernández Salas y María Isabel Galván Martínez, en fecha trece de octubre del citado año, y por auto de veinticuatro de febrero de dos mil quince, las referidas personas promovieron incidente de nulidad de actuaciones e incidente innominado por vicios en el proceso, mismos que les fueron desechados por improcedentes al haber transcurrido el plazo legal para ejercer tal derecho. A mayor abundamiento, mediante oficio registrado con el folio 10885 remitido por la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, informó que en relación al sumario laboral 266/2003 de su índice, se promovió el diverso juicio de amparo directo, expediente 71/2013, el cual correspondió su conocimiento al Cuarto Tribunal del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en que se sobreseyó el amparo; de ahí que dicha resolución fue impugnada mediante el recurso de revisión, el cual quedó registrado ante el Máximo Tribunal del País, con el número de expediente 5076/2014, e informó que el mismo fue desechado. En ese sentido, el juicio de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria, debido a que no se persigue con su promoción motivar la actividad de las autoridades para constituir o declarar derechos inciertos de los particulares; de ahí que la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo -se patentiza- atendiendo a que si bien es cierto en la misma se estableció como efecto que se declara insubsistente la resolución administrativa de tres de julio de dos mil doce, contenida en el oficio 1719/2012, únicamente por lo que hace a la cancelación de la partida 5116716 de veintitrés de diciembre de dos mil tres, también lo es que a la fecha en que causó ejecutoria la sentencia de amparo -trece de octubre de dos mil catorce- la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio en Ensenada, Baja California, había llevado a cabo la transmisión de la propiedad de los inmuebles descritos en la partida motivo del presente juicio, mediante la inscripción que efectúo el veinticuatro de abril de dos mil catorce, es decir, en fecha anterior a la que causó ejecutoria la resolución motivo de análisis. En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino una causa o situación ajena al proceso, que ha modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo motivo de análisis; por tanto, la suscrita estima que no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no. Pues se reitera que la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora, es decir, no es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. La anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos- dado que a la fecha en que causó ejecutoria, había cambiado la situación jurídica de la inscripción correspondiente, con motivo de la transmisión de la propiedad de los inmuebles que han quedado descritos con anterioridad, por lo que en el eventual caso, de que se procediera a la cancelación de la partida últimamente inscrita, se estaría afectando a terceras personas. En consecuencia esta juzgadora procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el motivo que dio origen a la concesión del amparo, descansa en una cuestión que debió ser impulsada en el juicio de donde derivó el reclamo correspondiente, habida cuenta que en la etapa del cumplimiento del fallo no podrían introducirse argumentos defensivos que debieron ventilarse ante la autoridad correspondiente.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de cuatro de junio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de LA PARTE QUEJOSA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de dos de junio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA, que dice: Ensenada, Baja California, dos de junio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial que antecede, así como las constancias que integran el presente asunto, de las que se desprende que la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, expresó la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias en el procedimiento de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Director y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en Mexicali y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio con residencia en Ensenada, Baja California, de quienes reclamó lo que enseguida se precisa: "De las autoridades antes descritas reclamo todas y cada una de las actuaciones seguidas dentro del procedimiento administrativo del cual se emitió el acuerdo o resolución dónde declara nulo y extinto el embargo trabado dentro del juicio laboral 266/2013 de fecha 28 de Noviembre del 2003, e inscrito en la partida 5000516 de fecha 27 de Enero de 1994 a las 12:53 con 41 segundos; Así como también se reclama la cancelación del asiento registral que dio origen el oficio 19027 de fecha 22 de Noviembre del 2011 girado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, relativo a la inscripción preventiva de la demanda de garantías 997/2011, en virtud de que en ningún momento se nos notificó, enteró y mucho menos se nos citó al procedimiento administrativo, violentando la tutela de nuestras garantías de audiencia y legalidad consagradas en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Federal." De ahí que mediante resolución definitiva de veintisiete de agosto de dos mil catorce, pronunciada por este juzgado federal -la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de trece de octubre del citado año- se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa. Bajo esa tesitura, para determinar si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, o bien, si se considera de imposible cumplimiento, es necesario precisar los efectos de la concesión de amparo, que son del tenor siguiente: ".a) Declare insubsistente, la resolución administrativa de tres de julio de dos mil doce, contenida en el oficio 1719/2012, únicamente por lo que hace a la cancelación de la partida 5116716 de veintitrés de diciembre de dos mil tres, en donde la parte aquí quejosa es acreedora; y en su lugar, emita una nueva resolución, atendiendo a los razonamientos contenidos en la presente sentencia, salvaguardando el derecho humano a la seguridad jurídica de los impetrantes del amparo, fundando y motivando debidamente su determinación. Concesión de amparo que se hace extensiva a las diversas autoridades señaladas como responsables, pues el cumplimiento de actos inconstitucionales adolece del mismo vicio. [.]" Ahora bien, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, mediante oficios registrados con los folios 182012 (fojas 245 a 258) y 186499 (fojas 266 a 271) informó la imposibilidad que tenía para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, habida cuenta que manifestó que la situación jurídica de los inmuebles registrados bajo la partida 5116716, ha cambiado atendiendo a la trasmisión de la propiedad a diversas personas físicas y morales, debido a que los inmuebles no se encuentran en la actualidad inscritos a favor a Agroindustrias Rowen, Sociedad Anónima de Capital Variable. Bajo esa óptica, de las constancias remitidas por la autoridad responsable -vinculada con el cumplimiento de la presente ejecutoria- se desprende que previo a la orden de cancelación del embargo registrado bajo la partida 5116716, con fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, se realizó la inscripción de la transmisión de la propiedad de los inmuebles que a continuación se precisan: Lote: FRACC. PERTENECIENTE A UN PREDIO Manzana: S/M El SAUZAL DE RODRIGUEZ Superficie: 17,130.40 M2. Clave Catastral: ES-I51-146 CON RUMBOS ASTRONOMICOS. Lote: FRACC, TERRENO Manzana: S/M EL SAUZAL DE RODRIGUEZ Superficie: 3,134.34 M2. Clave Catastral: ES-051-149 Cabe resaltar que dichos inmuebles -al día del informe de cumplimiento de la autoridad responsable- se encuentran inscritos a favor de Álvaro Romero Wendlandt, bajo la partida 5269213, sección civil, de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce. Por lo que atendiendo a que es obligación de la suscrita fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, lo que conlleva a analizar de manera oficiosa el mismo, aun cuando no hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que expresó la autoridad responsable su imposibilidad para cumplir; además -dicho análisis- debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin tomar en cuenta aspectos novedosos que no fueron analizados por la juzgadora de amparo; bajo ese orden de ideas, es de considerarse que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento. Así pues, de la ejecutoria de amparo se desprende que se concedió el amparo y protección de la justicia federal tomando en consideración que la cancelación de la cédula hipotecaria o embargo no se actualizaba por el sólo transcurso de tres años, sino que era necesario que coincidiera con una absoluta inactividad procesal del juicio de origen, por igual tiempo e imputable al actor, lo que indudablemente lleva a considerar que, también en dicho caso, debe preceder una determinación judicial en ese sentido. De tal suerte que se constriñó a la autoridad responsable a dejar insubsistente la resolución administrativa de tres de julio de dos mil doce, contenida en el oficio 1719/2012, únicamente por lo que hace a la cancelación de la partida 5116716 de veintitrés de diciembre de dos mil tres, y en su lugar, emitiera una nueva resolución, atendiendo a la existencia de certeza jurídica respecto de la situación que pueda generar esa anulación, debiendo fundar y motivar su resolución. Lo anterior implícitamente conllevó a determinar que mediante acuerdo de treinta de enero de dos mil quince (foja 304), se requiriera a la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a efecto que informara el estado procesal que guardaba el juicio laboral 266/2003 de su índice, y en su caso, remitiera copia certificada de las constancias que estimara necesarias; no obstante que no fue señalada como autoridad responsable, sin embargo, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo -se encuentra obligada en el ámbito de su competencia a realizar los actos tendentes a cumplimentar la ejecutoria de amparo- obligación que cumplimentó mediante oficio registrado con el folio 7610 (fojas 313 a 314), en que textualmente expresó lo siguiente: "Por este conducto, me permito remitir a usted, copia certificada del Acuerdo emitido por esta Junta con fecha 24 de Febrero del 2015, mediante el cual se decretaron improcedentes los incidentes de nulidad de actuaciones, así como el incidente innominado por vicios en el proceso, promovidos por los CC. MARIA GUADALUPE MORALES FRAILE, MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ SALAS, MARIA AUXILIADORA GUTIERREZ, HERMELINDA HERNANDEZ SALAS, y MARIA ISABEL GALVAN MARTINEZ; lo anterior en virtud de haberse vencido en exceso el plazo legal para la interposición de los mismos, toda vez que en fecha 13 de Octubre del 2008, les fue notificado por medio del C. Actuario en su domicilio procesal, el acuerdo de fecha 06 de Octubre del referido año, mediante el cual se decretó el Archivo definitivo del Expediente Laboral 266/2013 (sic)." Lo anterior permite evidenciar que mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil ocho, pronunciado en el expediente laboral 266/2003 se decretó el archivo definitivo del dicho juicio, con motivo de que operó la caducidad de la instancia a que se refiere el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo, acuerdo que les fue notificado a María Guadalupe Morales Fraile, María de los Ángeles Hernández Salas, María Auxiliadora Gutiérrez, Hermelinda Hernández Salas y María Isabel Galván Martínez, en fecha trece de octubre del citado año, y por auto de veinticuatro de febrero de dos mil quince, las referidas personas promovieron incidente de nulidad de actuaciones e incidente innominado por vicios en el proceso, mismos que les fueron desechados por improcedentes al haber transcurrido el plazo legal para ejercer tal derecho. A mayor abundamiento, mediante oficio registrado con el folio 10885 remitido por la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, informó que en relación al sumario laboral 266/2003 de su índice, se promovió el diverso juicio de amparo directo, expediente 71/2013, el cual correspondió su conocimiento al Cuarto Tribunal del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en que se sobreseyó el amparo; de ahí que dicha resolución fue impugnada mediante el recurso de revisión, el cual quedó registrado ante el Máximo Tribunal del País, con el número de expediente 5076/2014, e informó que el mismo fue desechado. En ese sentido, el juicio de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria, debido a que no se persigue con su promoción motivar la actividad de las autoridades para constituir o declarar derechos inciertos de los particulares; de ahí que la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo -se patentiza- atendiendo a que si bien es cierto en la misma se estableció como efecto que se declara insubsistente la resolución administrativa de tres de julio de dos mil doce, contenida en el oficio 1719/2012, únicamente por lo que hace a la cancelación de la partida 5116716 de veintitrés de diciembre de dos mil tres, también lo es que a la fecha en que causó ejecutoria la sentencia de amparo -trece de octubre de dos mil catorce- la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio en Ensenada, Baja California, había llevado a cabo la transmisión de la propiedad de los inmuebles descritos en la partida motivo del presente juicio, mediante la inscripción que efectúo el veinticuatro de abril de dos mil catorce, es decir, en fecha anterior a la que causó ejecutoria la resolución motivo de análisis. En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino una causa o situación ajena al proceso, que ha modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo motivo de análisis; por tanto, la suscrita estima que no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no. Pues se reitera que la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora, es decir, no es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. La anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos- dado que a la fecha en que causó ejecutoria, había cambiado la situación jurídica de la inscripción correspondiente, con motivo de la transmisión de la propiedad de los inmuebles que han quedado descritos con anterioridad, por lo que en el eventual caso, de que se procediera a la cancelación de la partida últimamente inscrita, se estaría afectando a terceras personas. En consecuencia esta juzgadora procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el motivo que dio origen a la concesión del amparo, descansa en una cuestión que debió ser impulsada en el juicio de donde derivó el reclamo correspondiente, habida cuenta que en la etapa del cumplimiento del fallo no podrían introducirse argumentos defensivos que debieron ventilarse ante la autoridad correspondiente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por Actuario Judicial Federal del Cuarto Tribunal Colegiado del XV Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, por medio del cual da cumplimiento a la solicitud que se formuló en proveído de veintitrés de abril del año en curso, e informa que mediante diverso auto de seis del mes y año citados, dio de baja el amparo directo xxxxxde su índice, en virtud de que se desechó el amparo directo en revisión xxxxx, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en México, Distrito Federal; ahora bien, tomando en consideración que dichas manifestaciones se encuentran relacionadas con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se reserva el pronunciamiento correspondiente hasta el dictado de la determinación a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo.
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