María del Consuelo Curiel Murguía
Expediente 2277/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2277/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 25/06/2019
Partes del expediente
- María del Consuelo Curiel Murguía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 95-97 y 124-126), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de dieciséis de mayo de la presente anualidad (foja 127), se dio vista a la parte quejosa con los referidos comunicados y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintidós de mayo del año en curso (foja 130); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió con exceso, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 59 a 73), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por el concepto de inscripción de documento público o privado, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por la operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pagó que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos, calculados por inscripción de documento. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: a). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro; y b). Que la autoridad responsable devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. c). Asimismo, que la cantidad a devolver tiene que ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por el ente responsable (fojas 95 a 97), la delegada de la citada autoridad responsable, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la quejosa por medio de cheque con número 01153 de veinte de febrero del año en curso, por la cantidad de $5,901.08 (cinco mil novecientos un pesos 08/100, moneda nacional). Por lo que se procede a determinar si la cantidad que devuelve la responsable es la correcta; en ese tenor, si tenemos que al monto total de $7,240.08 (siete mil doscientos cuarenta pesos 08/100, moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cantidad de $595.00 (quinientos noventa y cinco pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de la inscripción de cualquier poder, que no fue materia de la concesión del amparo, así como la cantidad de los impuestos adicionales que generó dicho concepto correspondiente a $309.40 (trescientos nueve pesos 40/100, moneda nacional), menos $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de inscripción de crédito hipotecario de hasta "25 "V.S.M.", que tampoco fue materia de la concesión -concepto que no genera impuestos adicionales por ser cuota mínima-, arroja la cantidad de $6,055.68 (seis mil cincuenta y cinco pesos 68/100, moneda nacional), que es lo que corresponde al concepto de inscripción de documento público o privado. Por tanto, de la cantidad de $6,055.68 (seis mil cincuenta y cinco pesos 68/100, moneda nacional), que corresponde al concepto de inscripción de documento público o privado, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, se le resta la cuota a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO", Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N, da como resultado la suma de $5,775.68 (cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 68/100 moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mientras que la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas mediante cheque número 01153 de veinte de febrero de dos mil diecinueve; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre del dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue 100.9170; y para el mes de enero de dos mil diecinueve 103.108. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0217. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $5,901.08 (cinco mil novecientos un pesos con ocho centavos 08/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $125.40 (ciento veinticinco pesos 40/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $5,901.08 (cinco mil novecientos un pesos con ocho centavos 08/100 moneda nacional), que es el monto obtenido por la suma de $5,775.68 (cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 68/100 moneda nacional), más la actualización de $125.40 (ciento veinticinco pesos 40/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó en y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por Karla Marvelly Gudiño Dena, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, así como con el diverso recibido en este juzgado el veintiocho de febrero del año en curso (fojas 95-97), a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por Karla Marvelly Gudiño Dena, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, así como con el diverso recibido en este juzgado el veintiocho de febrero del año en curso (fojas 95-97), a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual en atención a la requisitoria de catorce de marzo del presente año (fojas102 a 105), realiza diversas manifestaciones en relación con la cantidad faltante a favor de la parte quejosa.Asimismo, informa que la quejosa no reclamo el artículo las fracciones XVlll y XL del artículo 21 de la Ley de ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, ni los impuesto respectivos constituyendo un total de $1,184.40 (mil ciento ochenta y cuatro pesos con cuarenta centavos, moneda nacional), por concepto de actos no reclamados.Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de catorce de marzo del presente año (fojas 102 a 105) se proveyó en relación con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, en el que se determinó requerir a la referida autoridad a efecto de que devolviera a la parte quejosa un faltante por la cantidad de $ 1,210.03 mil doscientos diez pesos con tres centavos, moneda nacional). Sin embargo, del estado de autos y del oficio de cuenta se aprecia, que se incurrió en una irregularidad al realizar los cálculos al determinar la cantidad a devolver; por tanto con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....".Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 59 a 73), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por el concepto de inscripción de documento público o privado, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por la operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pagó que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos, calculados por inscripción de documento. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley, para que vigilara que fuera desincorporada de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y ni en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, lo anterior respecto de la cantidad de $6,365.08 (seis mil trecientos sesenta y cinco pesos con ocho centavos, moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; asimismo, calcular el monto que la parte quejosa deberá erogar con motivo de los impuestos especiales contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos, moneda nacional), la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por el ente responsable el veintiocho de febrero del presente año (fojas 95 a 97), la delegada de la citada autoridad responsable, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la quejosa por medio de cheque con número 01153 de veinte de febrero del año en curso, por la cantidad de $5,901.08 (cinco mil novecientos un pesos con ocho centavos, moneda nacional), cantidad que tuvo que ser actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $6,365.08 (seis mil trecientos sesenta y cinco pesos con ocho centavos, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos, moneda nacional), así como la cantidad correspondiente motivo de los impuestos especiales en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cuota mínima referida esto es $148.60 (ciento cuarenta y ocho pesos con sesenta centavos, moneda nacional), da como resultado $5,936.48 (cinco mil novecientos treinta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), cantidad que debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Luego, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mientras que la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas mediante cheque número 01153 de veinte de febrero de dos mil diecinueve; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre del dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue 100.9170; y para el mes de enero de dos mil diecinueve 103.108. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0217. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,065.36 (seis mil sesenta y cinco pesos con treinta y seis centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $128.88 (ciento veintiocho pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la quejosa la cantidad de $6,065.36 (seis mil sesenta y cinco pesos con treinta y seis centavos moneda nacional); sin embargo, está reintegró la diversa de $5,901.08 (cinco mil novecientos un pesos con ocho centavos, moneda nacional), por lo que se advierte un faltante a favor de la parte agraviada por la cantidad de ********************. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el comunicado, informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es, realice el pago de la cantidad faltante; esto es, ******************** y acredite haber devuelto a la parte quejosa la cantidad anterior. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo.En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese.
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