María del Consuelo Cardosa Ochoa
Expediente 394/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María del Consuelo Cardosa Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese el oficio de cuenta, del Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo; en atención al mismo, téngasele acusando recibo de lo que refiere, consistente en los autos del expediente 800/2010 en dos tomos y copia certificada de la sentencia emitida por este órgano colegiado. Luego, toda vez que mediante ejecutoria emitida por este órgano colegiado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en la que se resolvió sobreseer el amparo promovido; y, al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental
- Juicio de Amparo Directo
SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "UNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 394/2022." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María del Consuelo Cardosa Ochoa; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista dada mediante proveído de diecinueve de agosto del año actual; y, por hechas las manifestaciones que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, devuélvaseme el presente asunto para formular la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO el proyecto de resolución presentado en sesión de dieciocho de agosto del presente año, en el amparo directo civil 394/2022, promovido por María del Consuelo Cardosa Ochoa; por el Magistrado Presidente Aníbal Lafragua Contreras, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia, prevista en la fracción VIII, del artículo 61, de la ley de la materia. Lo anterior en base a las siguientes consideraciones: "Se estima innecesario analizar las consideraciones de la reclamada, así como abordar el estudio de los conceptos de violación formulados en su contra, en orden a que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del precepto 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito plantea de oficio, en términos del ordinal 62 de la ley de la materia, dado que de las constancias de autos se advierte que la quejosa no interpuso el medio de impugnación ordinario contra la controvertida, y por ello, no observó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ciertamente, el dispositivo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De la reproducida porción normativa se infiere que, para la actualización de la mencionada causal de improcedencia, es menester que concurran las siguientes hipótesis: 1) Se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; 3) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo es promovido por persona extraña al procedimiento del que emanan los actos reclamados; 4) Igualmente, no hay necesidad de agotar esos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 5) Tampoco se debe agotar el recurso ordinario cuando se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Además, cabe precisar que la causal de improcedencia en estudio descansa bajo la idea de que siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta evidente que a éste sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto en la ley ordinaria, siempre que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, a efecto de observar el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, habida razón que de lo contrario se incurriría en abuso de la noble institución del amparo. En efecto, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia indicada, pues la solicitante de la tutela de derechos combate a través del amparo directo la resolución de primera instancia de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en el expediente 800/2010, en la cual estimó que atendiendo al fallecimiento del demandado GERARDO CASTRO CARDOZA, y tomando en consideración que la acción principal era la de divorcio necesario, el juicio había quedado sin materia, en términos del guarismo 115 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, ordenando, por ende, el archivo del asunto como concluido, determinación contra la que evidentemente procede el recurso de apelación, conforme al artículo 399, fracción II, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el cual dispone: "Además de los casos determinados expresamente en la Ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: (.) De los autos definitivos que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio (.).". Por el cual, esa resolución podía ser modificada, revocada o nulificada; de modo que, previo a la promoción de este juicio de garantías, en acatamiento al principio de definitividad, la ahora quejosa debió agotar el aludido recurso; pues si bien el decreto 350 que contiene la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, abrogo el Código Familiar de la Entidad, desapareciendo la figura jurídica de divorcio necesario, lo que igual aconteció en el catálogo adjetivo de esta materia, sin embargo, en el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, se estableció que, las controversias del orden familiar que estuvieran tramitándose en el momento de iniciación de vigencia de esa Ley, se resolverían conforme a lo dispuesto en el código que se abrogaba, por tanto se estima configurada, como se anunció, la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento en términos del distinto numeral 63, fracción V, de la citada ley.". Por ello y toda vez que el expediente en el que se actúa se encuentra en estado de resolución final, dese vista a la quejosa, para que en el término de tres días hábiles siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido de que la misma deberá ser publicada en lista electrónica y las manifestaciones que considere pertinentes, podrán ser presentadas directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito (OPC), Buzón Judicial, o bien mediante Portal de Servicios en Línea. Hecho lo anterior, devuélvanse los presentes autos al Magistrado relator, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el número 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN...
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