María del Carmen Villalobos Hernandez
Expediente 638/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2020
Partes del expediente
- María del Carmen Villalobos Hernandez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, y del contenido de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de treinta de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese; personalmente al Secretario encargado del archivo definitivo.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el escrito de cuenta presentado por ********************, mediante el cual desahoga la prevención que se le hizo en acuerdo de veintiuno de octubre del presente año; y respecto de la etapa procesal que se encuentra el juicio Ejecutivo Mercantil 503/2007, y en su caso la última actuación que le fue notificada dentro del juicio del índice del Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial, con domicilio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; señaló: "1.- Manifiesto a su Señoría, Bajo Protesta de Decir Verdad, que en el año dos mil siete, sin recordar la fecha exacta, fui emplazada a juicio por el C. Juez Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial de la ciudad de Monterrey, Nuevo León por una demanda ejecutiva mercantil con número de expediente 503/2007-F promovida por la moral lng. Hipotecaria, S. A. de C. V. Sociedad Financiera de Objeto Limitado antes Hipotecaria Comercial América, S. A. de C. V. Sociedad Financiera de Objeto Limitado, por tal motivo solicite los servicios profesionales del licenciado José Octavio Mota Cruz, quien hizo la contestación de demanda, el ofrecimiento de pruebas y los presento ante el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Asimismo, señalo domicilio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León para recibir notificaciones. El citado profesionista me informo que se admitió la contestación de demanda. La última información que me dio mi abogado fue en el año 2008, sin recodar la fecha exacta, por el transcurso del tiempo, que se desahogó la etapa de alegatos y que estaba para sentencia. Ante la falta de recursos para pagar gastos para el traslado del abogado a la ciudad de Monterrey además de sus honorarios me quede en espera de que se me notificara sentencia, pero hasta la fecha no se me ha notificado la sentencia en forma personal. 2.- Manifiesto a su Señoría que si es mi deseo señalar como autoridad responsable al C. Secretario Actuario Adscrito al Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial de la ciudad de Monterrey, Nuevo León". Por otra parte, en su escrito inicial de demanda la promovente señaló como acto reclamado la orden de desocupación y lanzamiento que haya dictado el Juez que ahora aclara y refiere que es el Juez Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Resolución que constituye el acto reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará la demanda de amparo y escrito aclaratorio y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Atento a lo anterior, se aprecia que la peticionaria de amparo es parte demandada en el juicio del que deriva el acto que reclama y que tuvo conocimiento de lo actuado en el juicio y sus consecuencias, tan es así, que refiere haberse encontrado en espera de la notificación de la sentencia que se dictara en dicho juicio. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo antes transcrito, se concluye que el juicio de amparo indirecto será procedente únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total del fallo emitido, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa al peticionario de amparo. En tal virtud y dada la naturaleza del juicio del que deriva el acto reclamado, esto es, un juicio ejecutivo mercantil en el que de existir remate de algún bien inmueble, se considera como última resolución aquella que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva o aquella determinación que declare la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento. En esas circunstancias, puede advertirse que el acto reclamado no constituye la última resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, ya que únicamente consiste en la orden de lanzamiento respecto del bien inmueble materia de la controversia; motivo por el cual no se actualiza el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, puesto que la orden de lanzamiento no puede ser conceptuada como una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total del fallo definitivo, o se declare la imposibilidad material o jurídica para ejecutarlo, pues si bien se dirige a preparar y lograr la condenado, lo cierto es que también se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253, de la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, con número de registro 178405, que a la letra dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." Por lo tanto, al momento en que se dicte la última resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva emitida en el juicio natural o se declare la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, será que se podrán reclamar las violaciones cometidas, siempre y cuando éstas hubieren dejado sin defensa a la promovente, lo que implica que no puede entorpecerse la ejecución del fallo definitivo que constituye cosa juzgada, por la naturaleza propia del procedimiento, ya que éste se conforma por una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esta es, la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del convenio judicial o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.) de la Décima Época, con número de registro 2001059 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Materia Común página 1515 de rubro y texto siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J.36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." De igual manera, es aplicable la Tesis Aislada de la Décima Época, con número de registro 2009245, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Tomo III, Mayo de 2015, página 2334 de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001). La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito." Además, con la anterior determinación de ningún modo se deja en estado de indefensión a la promovente, dado que sólo debe esperar a que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para que pueda promover válidamente el juicio de amparo indirecto y en caso de hacer valer todas y cada una de las violaciones a que hace alusión. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto del acto reclamado, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ******************** por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la impetrante promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la impetrante de amparo o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses del solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese personalmente a la promovente.
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