Maria del Carmen Ventura Montaño
Expediente 416/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria del Carmen Ventura Montaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia que SOBRESEE HA QUEDADO FIRME. Comuníquese a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse sobreseído; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido CINCO AÑOS, esto es después de ocho de octubre de dos mil veinticinco, procédase a su destrucción. Aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Finalmente, de autos se advierte que la Magistrada Presidente de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, anexó a su oficio con número de correspondencia 5056, copia certificada del juicio de nulidad ******; en consecuencia, dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase el citado expediente a su lugar de origen, sin necesidad de requerir acuse de recibo en virtud que la constancia de notificación hará las veces de éste. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 416/2020-V, promovido por ********, contra actos que reclama de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiuno de febrero de dos mil veinte, turnado el veinticuatro siguiente a este juzgado, María del Carmen Ventura Montaño, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES 1.-CC Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. IV.- ACTOS RECLAMADOS: La omisión en que han incurrido los magistrados de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para emitir la resolución que conforme a derecho corresponda, derivado del juicio de nulidad TJ/V-40414/2018, radicado en la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, respecto del recurso de QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA promovido desde el 15 de enero de 2020, sin que se haya emitido o notificado acuerdo alguno." SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La quejosa señaló como derecho fundamental vulnerado en su perjuicio el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda que se registró con el expediente 416/2020-V, se solicitó a la responsable su informe con justificación, se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. CUARTO. Suspensión del trámite del juicio. En términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación durante la contingencia derivada del virus COVID-19, se determinó suspender la tramitación del sumario constitucional que se resuelve, hasta en tanto, se regularizara el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales; toda vez que al asunto que nos ocupa no le reviste el carácter de urgente en atención a los actos reclamados; aunado al hecho de que no se cumplieron con los requerimientos necesarios para la tramitación del juicio en línea. QUINTO. reanudación del trámite del juicio. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante proveído de tres de agosto de dos mil veinte, se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo y, en consecuencia, se fijó nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional SEXTO. Verificación de la audiencia. En el día y hora que se fijó para la celebración de la audiencia constitucional, previo diferimiento, se llevó a cabo sin la asistencia de las partes al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tiene competencia constitucional y legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en razón de que se reclama el acto de un tribunal administrativo residente en esta ciudad. SEGUNDO. fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura de la demanda y de su aclaración, se advierte que se reclama: La omisión de emitir resolución en el recurso de queja por incumplimiento de sentencia, promovida en el juicio de nulidad TJ/V-40414/2018. TERCERO. certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, consistente en la omisión de emitir resolución en el recurso de queja por incumplimiento de sentencia, promovida en el juicio de nulidad TJ/V-40414/2018, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado (foja 14). Lo anterior, toda vez que la certeza se corrobora de la copia certificada de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitida en el recurso de queja por incumplimiento de sentencia, promovido en el expediente TJ/V-40414/2018, que exhibió la autoridad responsable y que obra por cuerda separada, documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documental pública, por lo cual, se acredita la existencia de la omisión de emitir resolución en el recurso de queja por incumplimiento de sentencia, pues la demanda fue presentada el veintiuno de febrero de dos mil veinte. Conviene señalar que, tratándose de actos de naturaleza omisiva, en la generalidad de los casos, la carga de la prueba corresponde a las autoridades responsables, quienes deben demostrar que no existen; principio probatorio que se desprende de la concatenación de lo ordenado por los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis VI.1o.230 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II febrero, página 189, que dice: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." CUARTO. improcedencia del juicio de amparo. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, y sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado, ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: -Que desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional. -Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, conviene señalar que el acto reclamado consiste en la omisión de emitir resolución en el recurso de queja por incumplimiento de sentencia, promovida en el juicio de nulidad TJ/V-40414/2018. Ahora, de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se advierte la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitida en el recurso de queja por incumplimiento de sentencia, en el juicio de nulidad TJ/V-40414/2018 (folio 134 del legajo de pruebas), en que determinó declarar fundada la queja promovida y requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia del juicio de nulidad. En las circunstancias relatadas es evidente que, con la emisión de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitida en el expediente TJ/V-40414/2018, han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de emitir resolución en el recurso de queja por incumplimiento de sentencia, en el referido expediente, pues de esta manera se le restituyó en el goce de sus derechos. Bajo esa perspectiva, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XIV, primer párrafo, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 124 y 215 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por *************, por los motivos expuestos en este fallo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que aún no obra agregada la constancia de notificación personal, a la parte quejosa del proveído de tres de agosto del año en curso; en consecuencia, a efecto no dejarla en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las DIECISÉIS HORAS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del procedimiento de ejecución de sentencia. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que la parte quejosa desahogó la vista otorgada en acuerdo de dieciséis de enero del año en curso, mediante escrito con número de folio 1704 (folios 527 a 531), en el que manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado por las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a realizar el siguiente pronunciamiento: SENTENCIA DE AMPARO El treinta de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia (folios 397 a 420), en la que este órgano jurisdiccional sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. La parte quejosa y las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, que fue resuelto por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de toca R.A. 240/2019 (folios 478 a 504), en el sentido siguiente: "PRIMERO. En la materia, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******, en contra del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo ***********, de dieciocho de agosto de dos mil catorce, emitido por el Suplente Permanente del Presidente y Suplente Permanente de la Secretaria General, ambos del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, para los efectos precisados en el último considerando quinto de la sentencia recurrida". Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (folios 505 y 506), se requirió a las autoridades responsables a efecto que dieran cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, a saber: "(.) el Suplente Permanente del Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, y al Suplente Permanente de la Secretaria General del Consejo Federal de Desarrollo Policial, ambos de la Policía Federal, dejen sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo número ***********, de dieciocho de agosto de dos mil catorce, y emitan otro en el que previamente a determinar si procede instaurar el procedimiento en contra del quejoso, con libertad de jurisdicción, fundada y motivadamente, analicen si se actualiza o no la prescripción de sus facultades sancionadoras, en los términos establecidos en esta resolución". CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO Mediante oficio *****************, firmado por el Delegado de las autoridades responsables, adjuntó copia certificada del acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ****************(folios 515 a 522), del que se advierte que: Dejó insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de dieciocho de agosto de dos mil catorce, instaurado en contra del quejoso, así como las actuaciones posteriores; Señaló que no se actualizaba la prescripción, porque los artículos 334 y 335 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial, establecen que la facultad del Consejo para notificar el inicio de procedimiento prescribirán en siete años, por faltas o infracciones muy graves, y que para efectos del cómputo se tomará en cuenta el momento de cometerse la falta o infracción. Asimismo, mencionó que en términos del artículo 259 del mismo cuerpo normativo, se califica como infracción muy grave, realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Policía Federal, dentro o fuera del servicio. Con base en lo anterior, estimó que la conducta atribuida al quejoso se consideraba muy grave, por lo que la facultad de la autoridad para notificar el inicio de procedimiento prescribe en siete años, y en el caso la conducta se cometió el veinticuatro de junio de dos mil trece, por lo que a partir de esa fecha solo transcurrieron seis años seis meses. Finalmente, emitió acuerdo de inicio de procedimiento administrativo. En atención a lo anterior, mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil veinte (folio 523), este Juzgado de Distrito dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la responsable para que manifestara lo que considerara conveniente. El quejoso desahogó la vista mediante escrito con folio 1704 (folio 527). Lo expuesto, permite considerar que se encuentran colmados los efectos del fallo protector; por lo que, de conformidad en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se decreta que la sentencia SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Lo anterior, debido a que la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de dieciocho de agosto de dos mil catorce; señaló que no se actualizaba la prescripción; y, emitió acuerdo de inicio de procedimiento administrativo. No es óbice que el quejoso señale, sustancialmente, que la responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que para resolver el tema de prescripción debió aplicar el artículo 334 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial, que estaba vigente cuando cometió la conducta, el cual establecía que la facultad del Consejo para imponer sanciones administrativas prescribe en tres años, que se contarán desde el día en que se acuerde el inicio de procedimiento. Asimismo, que en la demanda de amparo también se dolió de que el artículo 334 mencionado transgrede los principios de seguridad y certeza jurídica, porque permite a la autoridad ejercer su acción punitiva en cualquier momento, pues de acuerdo con ese artículo, el término para la prescripción comenzara a transcurrir hasta que se dicte acuerdo de inicio de procedimiento, por lo que previo a ese acuerdo no existe posibilidad de que prescriban sus facultades, lo que permite actuaciones arbitrarias de la autoridad. Finalmente, que la conducta se cometió el veinticuatro de junio de dos mil trece, por lo cual, los tres años que establecía la ley fenecieron el once de junio de dos mil dieciocho y por ello, la autoridad no estudió en su beneficio la figura de la prescripción. No obstante, sus argumentaciones resultan infundadas, ya que este juzgado no dio lineamientos para que la autoridad responsable resolviera en algún sentido determinado, sino que concedió libertad para que la autoridad analizara la figura jurídica de la prescripción, y en uso de esa autonomía, determinó que en el caso no han prescrito las facultades de la autoridad para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en contra del quejoso. La violación detectada en la sentencia de amparo consistió puntualmente en una omisión de estudio respecto a la figura de la prescripción. Al analizar exhaustivamente el acto dictado en cumplimiento, es posible llegar a la conclusión de que esa violación está reparada, pues la autoridad responsable se ocupó de analizar tal cuestión. En el nuevo acto la autoridad responsable abordó el tema que le fue ordenado. El hecho de que la responsable, después de realizar un análisis del asunto concluyera que no era procedente decretar la prescripción, no implica incumplimiento a la sentencia de amparo, ya que únicamente se ordenó que se analizara la prescripción, pero no que se declarara procedente. Es de suma importancia destacar que se otorgó libertad para que la autoridad responsable resolviera lo que estimara conducente. Por tanto, este juzgado no podría estar en condiciones de evaluar la pertinencia y/o validez de las razones proporcionadas por la responsable para negar la prescripción. Debido a la libertad de decisión que se le otorgó, la autoridad podía emitir la nueva resolución en el sentido que estimara procedente, siempre que cumpliera con realizar el estudio de la prescripción, lo cual ocurrió. Además, contrario a lo manifestado por el quejoso, en este asunto no forma parte de la litis la constitucionalidad del artículo 334 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial. Por lo anterior, lo que procede es declarar cumplida la sentencia. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
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