Maria del Carmen Valdivia Alvarado

Expediente 753/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
753/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Valdivia Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.******************** Interposición del recurso.******************** Visto el escrito presentado electrónicamente por la quejosa ********************, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veintitrés.****************************************II. Distribución del escrito de agravios a las partes. ********************Con fundamento en el artículo 89 de la ley de la materia, córrase traslado a las demás partes con el escrito de agravios, personalmente a los terceros interesados y al agente social de la adscripción y mediante oficio a la autoridad responsable.******************** ******************** III. Sustanciación del recurso.******************** Dentro de los tres días siguientes al en que obre la totalidad de constancias de notificación a las partes, a efecto de que se sustancie el recurso interpuesto, mediante oficio que se envíe al correo electrónico occtc3ctoc@correo.cjf.gob.mx, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, petición de turno, a fin de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano jurisdiccional que corresponda conocer del citado medio de impugnación. **************************************** Una vez que exista constancia de lo anterior, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta por parte del Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del recurso de trato, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). **************************************** IV. Sobre formación del cuaderno de antecedentes. ********************Finalmente, cabe precisar que resulta innecesaria la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, en razón de que para la tramitación de este recurso, no se envían las actuaciones originales de la presente instancia.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA **** Y ****, LA RESOLUCIÓN DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO LA RESOLUCIÓN EN CITA SEÑALA: Zapopan, Jalisco, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.******************** Interposición del recurso.******************** Visto el escrito presentado electrónicamente por la quejosa ********************, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veintitrés.****************************************II. Distribución del escrito de agravios a las partes. ********************Con fundamento en el artículo 89 de la ley de la materia, córrase traslado a las demás partes con el escrito de agravios, personalmente a los terceros interesados y al agente social de la adscripción y mediante oficio a la autoridad responsable.******************** ******************** III. Sustanciación del recurso.******************** Dentro de los tres días siguientes al en que obre la totalidad de constancias de notificación a las partes, a efecto de que se sustancie el recurso interpuesto, mediante oficio que se envíe al correo electrónico occtc3ctoc@correo.cjf.gob.mx, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, petición de turno, a fin de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano jurisdiccional que corresponda conocer del citado medio de impugnación. **************************************** Una vez que exista constancia de lo anterior, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta por parte del Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del recurso de trato, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). **************************************** IV. Sobre formación del cuaderno de antecedentes. ********************Finalmente, cabe precisar que resulta innecesaria la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, en razón de que para la tramitación de este recurso, no se envían las actuaciones originales de la presente instancia.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA **** LA SENTENCIA DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA RESOLUCIÓN EN CITA, SEÑALA: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 753/2023, promovido por **** como albacea de las sucesiones acumuladas de **** y ****, contra el acto que reclama del Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ****, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y contra la autoridad siguiente: Autoridad responsable: I. Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; Acto reclamado: I. Resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, que se dictó en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, se admitió el juicio de amparo que nos ocupa; se requirió el informe justificado, se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a las partes tercero interesadas; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Tramitado el juicio de amparo de referencia por su cauce legal, se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva y que forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, se fija de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de la demanda de amparo, así como de las actuaciones en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, lo reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye: I. Resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, que se dictó en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con las constancias que obran en autos relativos al juicio de origen, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Consideraciones previas al estudio del fondo. I. Oportunidad de presentación de la demanda. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, conoció del acto reclamado la parte quejosa, en virtud de que con esa fecha fue notificada por boletín judicial la actuación reclamada; en tal virtud, el plazo para presentar la demanda trascurrió del nueve al treinta y uno de marzo del mismo año. De ahí que al haberse presentado la demanda el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. II. Suspensión de labores. Con motivo de la circular 28/2023, expedida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales. De igual forma, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del mismo mes. Luego, mediante la circular 29/2023, expedida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y conforme al comunicado de veinticinco de octubre del año en curso, signado por la Coordinadora de Jueces de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo con residencia en Zapopan Jalisco, se declaró inhábil los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre del año en curso, por los motivos ahí expuestos. Lo anterior, se hace del conocimiento de las partes, para efectos de la oportunidad en el dictado de la presente sentencia, considerando que la audiencia constitucional se celebró el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. III. Se actualiza causa de sobreseimiento. En la especie, respecto del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****, en la que se resuelve la excepción por litispendencia, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de una causa de sobreseimiento. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.].". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". De la lectura de este último precepto legal, se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." En las apuntadas condiciones, no puede ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Ahora, como lo señaló la parte quejosa en la demanda de amparo, el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****, en la que se resuelve la excepción por litispendencia, se aprecia que dicho acto no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi- instancial. En efecto, con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de las partes, pero no en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "Octava Época Registro: 394188 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 232 Página: 157 Genealogía: APENDICE '95: TESIS 232 PG. 157 EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." "Registro digital: 357322 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LIV, página 2251 Tipo: Aislada LITISPENDENCIA, EFECTOS DEL DESECHAMIENTO DE LA EXCEPCION DE. La excepción de litispendencia sólo tiene el carácter de dilatoria, y su único objeto es el de acumular los dos procedimientos a los que se atribuye el mismo contenido, para que se resuelvan en la misma sentencia, por lo que el rechazamiento de tal excepción, no produce una violación que pueda reclamarse en el juicio de garantías, porque si se concediera el amparo, la protección constitucional no podría tener otro objeto que el de que el procedimiento de las dos controversias se repusiera para resolverlas después en una misma sentencia, que podría tener el mismo sentido, y si se tiene en cuenta que las partes en cada negocio han tenido todas las garantías y defensas que las leyes les otorguen, es indudable que en el caso de existir una violación procesal, no produciría un estado de indefensión, que es el requisito indispensable para la procedencia del amparo, al proponerse la demanda contra la sentencia definitiva. Amparo civil directo 5556/35. "Almada y Compañía". 23 de noviembre de 1937. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente." Asimismo, de manera ilustrativa por las razones que la informan, se cita el siguiente criterio. "Registro digital: 205464 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 12/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, página 13 Tipo: Jurisprudencia CONEXIDAD. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE CONFIRMA EL DESECHAMIENTO DE TAL EXCEPCION. La resolución que confirma el desechamiento de la excepción de conexidad, es decir, de la petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio (diverso de aquél pero conexo) con el objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia, no es impugnable en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata y directa la afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino sólo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador de origen y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses de la aquí quejosa, podrá promover amparo directo en contra de dicha sentencia, en términos de los artículos 170 fracción I, 171 y 172 fracción VII de la Ley de Amparo1; pues de momento, sus únicos efectos consisten en sujetar a las partes a que se continúe la tramitación del juicio por las etapas correspondientes, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Sirven de orientación jurídica a lo anterior los criterios siguientes: "Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J, 37/2014 (10ª) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". "Registro: 215164 Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 68, Agosto de 1993 Página: 49 Tesis: I.7o.C. J/3 Jurisprudencia Materia(s): Común VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías.". "Registro: 184249 Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Mayo de 2003 Página: 1186 Tesis: VI.2o.C. J/231 Jurisprudencia Materia(s): Común VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Sin que pueda considerarse como un acto de imposible reparación lo que a guisa de concepto de violación refiere el quejoso que le causa agravio las consecuencias de seguir y tramitar por sus etapas el juicio de origen, pues ello no resulta en un acto de imposible reparación, de conformidad con las razones que informa la jurisprudencia que se cita a continuación. "Octava Época Registro: 918032 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC Materia(s): Común Tesis: 498 Página: 437 EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." Así pues, se colige que el tiempo, esfuerzo y dinero invertidos en el procedimiento, no se traducen, por sí mismos, en una afectación irreparable en la esfera jurídica del peticionario del amparo, ya que el sólo transcurso del tiempo y la erogación de gastos que conlleva la tramitación del juicio, constituye una carga procesal que debe soportar por el hecho de ser parte en el mismo. Ahora bien, cabe destacar que no se soslaya lo manifestado por el quejoso en el sentido de que el sentido del fallo de la resolución interlocutoria trae consigo una dilación abierta al procedimiento, pues en dos juicios, a su decir, se substancian acciones similares, lo que retarda la resolución del conflicto; no obstante, debe desestimarse tal señalamiento en virtud de que, en la especie, se está en presencia de un acto positivo, a saber, una resolución que resuelve una excepción propuesta por una de las partes, lo que por sí solo no puede traer consigo una dilación. Lo anterior es así, pues ello dependerá en su caso del actuar de la responsable en el trámite del contencioso, lo que además se encontraría sujeto al impulso procesal de las partes dado que el referido juicio natural se rige por el principio dispositivo. De igual manera, no pasa inadvertido de que en la resolución controvertida exista una condena al pago de gastos y costas en razón a la tramitación infundada de la excepción por litispendencia interpuesta, pues de las razones que informa la jurisprudencia que a continuación se inserta, la condena de tal naturaleza es accesoria al reclamo en lo principal, por tanto, dicha determinación podrá en su caso impugnarse en amparo directo y en caso de resultar vencedor, podrá reclamarlos ya que conservará el interés jurídico para promover lo que en derecho le corresponda, Al respecto, tiene aplicación el criterio que a continuación se inserta. "Registro digital: 167130 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 29/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Junio de 2009, página 77 Tipo: Jurisprudencia COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica." Por lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****, en la que se resuelve la excepción por litispendencia, al no ser uno que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto; consecuentemente, se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en estudio. Por tanto, se sobresee en el juicio al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ****, contra el acto que reclama del Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA **** LA SENTENCIA DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA RESOLUCIÓN EN CITA, SEÑALA: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 753/2023, promovido por **** como albacea de las sucesiones acumuladas de **** y ****, contra el acto que reclama del Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ****, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y contra la autoridad siguiente: Autoridad responsable: I. Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; Acto reclamado: I. Resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, que se dictó en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, se admitió el juicio de amparo que nos ocupa; se requirió el informe justificado, se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a las partes tercero interesadas; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Tramitado el juicio de amparo de referencia por su cauce legal, se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva y que forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, se fija de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de la demanda de amparo, así como de las actuaciones en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, lo reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye: I. Resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, que se dictó en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con las constancias que obran en autos relativos al juicio de origen, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Consideraciones previas al estudio del fondo. I. Oportunidad de presentación de la demanda. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, conoció del acto reclamado la parte quejosa, en virtud de que con esa fecha fue notificada por boletín judicial la actuación reclamada; en tal virtud, el plazo para presentar la demanda trascurrió del nueve al treinta y uno de marzo del mismo año. De ahí que al haberse presentado la demanda el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. II. Suspensión de labores. Con motivo de la circular 28/2023, expedida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales. De igual forma, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del mismo mes. Luego, mediante la circular 29/2023, expedida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y conforme al comunicado de veinticinco de octubre del año en curso, signado por la Coordinadora de Jueces de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo con residencia en Zapopan Jalisco, se declaró inhábil los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre del año en curso, por los motivos ahí expuestos. Lo anterior, se hace del conocimiento de las partes, para efectos de la oportunidad en el dictado de la presente sentencia, considerando que la audiencia constitucional se celebró el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. III. Se actualiza causa de sobreseimiento. En la especie, respecto del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****, en la que se resuelve la excepción por litispendencia, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de una causa de sobreseimiento. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.].". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". De la lectura de este último precepto legal, se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." En las apuntadas condiciones, no puede ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Ahora, como lo señaló la parte quejosa en la demanda de amparo, el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****, en la que se resuelve la excepción por litispendencia, se aprecia que dicho acto no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi- instancial. En efecto, con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de las partes, pero no en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "Octava Época Registro: 394188 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 232 Página: 157 Genealogía: APENDICE '95: TESIS 232 PG. 157 EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." "Registro digital: 357322 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LIV, página 2251 Tipo: Aislada LITISPENDENCIA, EFECTOS DEL DESECHAMIENTO DE LA EXCEPCION DE. La excepción de litispendencia sólo tiene el carácter de dilatoria, y su único objeto es el de acumular los dos procedimientos a los que se atribuye el mismo contenido, para que se resuelvan en la misma sentencia, por lo que el rechazamiento de tal excepción, no produce una violación que pueda reclamarse en el juicio de garantías, porque si se concediera el amparo, la protección constitucional no podría tener otro objeto que el de que el procedimiento de las dos controversias se repusiera para resolverlas después en una misma sentencia, que podría tener el mismo sentido, y si se tiene en cuenta que las partes en cada negocio han tenido todas las garantías y defensas que las leyes les otorguen, es indudable que en el caso de existir una violación procesal, no produciría un estado de indefensión, que es el requisito indispensable para la procedencia del amparo, al proponerse la demanda contra la sentencia definitiva. Amparo civil directo 5556/35. "Almada y Compañía". 23 de noviembre de 1937. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente." Asimismo, de manera ilustrativa por las razones que la informan, se cita el siguiente criterio. "Registro digital: 205464 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 12/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, página 13 Tipo: Jurisprudencia CONEXIDAD. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE CONFIRMA EL DESECHAMIENTO DE TAL EXCEPCION. La resolución que confirma el desechamiento de la excepción de conexidad, es decir, de la petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio (diverso de aquél pero conexo) con el objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia, no es impugnable en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata y directa la afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino sólo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador de origen y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses de la aquí quejosa, podrá promover amparo directo en contra de dicha sentencia, en términos de los artículos 170 fracción I, 171 y 172 fracción VII de la Ley de Amparo1; pues de momento, sus únicos efectos consisten en sujetar a las partes a que se continúe la tramitación del juicio por las etapas correspondientes, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Sirven de orientación jurídica a lo anterior los criterios siguientes: "Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J, 37/2014 (10ª) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". "Registro: 215164 Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 68, Agosto de 1993 Página: 49 Tesis: I.7o.C. J/3 Jurisprudencia Materia(s): Común VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías.". "Registro: 184249 Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Mayo de 2003 Página: 1186 Tesis: VI.2o.C. J/231 Jurisprudencia Materia(s): Común VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Sin que pueda considerarse como un acto de imposible reparación lo que a guisa de concepto de violación refiere el quejoso que le causa agravio las consecuencias de seguir y tramitar por sus etapas el juicio de origen, pues ello no resulta en un acto de imposible reparación, de conformidad con las razones que informa la jurisprudencia que se cita a continuación. "Octava Época Registro: 918032 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC Materia(s): Común Tesis: 498 Página: 437 EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." Así pues, se colige que el tiempo, esfuerzo y dinero invertidos en el procedimiento, no se traducen, por sí mismos, en una afectación irreparable en la esfera jurídica del peticionario del amparo, ya que el sólo transcurso del tiempo y la erogación de gastos que conlleva la tramitación del juicio, constituye una carga procesal que debe soportar por el hecho de ser parte en el mismo. Ahora bien, cabe destacar que no se soslaya lo manifestado por el quejoso en el sentido de que el sentido del fallo de la resolución interlocutoria trae consigo una dilación abierta al procedimiento, pues en dos juicios, a su decir, se substancian acciones similares, lo que retarda la resolución del conflicto; no obstante, debe desestimarse tal señalamiento en virtud de que, en la especie, se está en presencia de un acto positivo, a saber, una resolución que resuelve una excepción propuesta por una de las partes, lo que por sí solo no puede traer consigo una dilación. Lo anterior es así, pues ello dependerá en su caso del actuar de la responsable en el trámite del contencioso, lo que además se encontraría sujeto al impulso procesal de las partes dado que el referido juicio natural se rige por el principio dispositivo. De igual manera, no pasa inadvertido de que en la resolución controvertida exista una condena al pago de gastos y costas en razón a la tramitación infundada de la excepción por litispendencia interpuesta, pues de las razones que informa la jurisprudencia que a continuación se inserta, la condena de tal naturaleza es accesoria al reclamo en lo principal, por tanto, dicha determinación podrá en su caso impugnarse en amparo directo y en caso de resultar vencedor, podrá reclamarlos ya que conservará el interés jurídico para promover lo que en derecho le corresponda, Al respecto, tiene aplicación el criterio que a continuación se inserta. "Registro digital: 167130 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 29/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Junio de 2009, página 77 Tipo: Jurisprudencia COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica." Por lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio civil ordinario reivindicatorio ****, en la que se resuelve la excepción por litispendencia, al no ser uno que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto; consecuentemente, se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en estudio. Por tanto, se sobresee en el juicio al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ****, contra el acto que reclama del Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente.

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