María del Carmen Valdez Landa

Expediente 333/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
333/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Valdez Landa
  • María del Carmen Valdez Landa y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de junio de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de la sesión ordinaria virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de reclamación 10/2023, de su índice. Al efecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente asunto. CÚMPLASE. Así lo provee y firman de manera electrónica, el licenciado Felipe Sifuentes Servín, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, quien actúa con la licenciada Annais Elena López Maya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual comunica a este órgano de control constitucional que admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto en el juicio de amparo directo ********************, de su índice. Al efecto, tómese conocimiento de lo anterior y agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente asunto.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta suscrito por ********************, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se requiera al Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, con residencia en esta ciudad, para que disponga de un veinticinco por ciento de los recursos que se le transfieren al Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas, del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y de los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, y gire sus instrucciones a la Secretaría de Hacienda del Estado, para que ponga a disposición de la autoridad responsable, la cantidad adeudada al trabajador del juicio de origen. Al efecto, en relación a lo solicitado por el promovente, requiérase al Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, con residencia en esta ciudad, para que autorice se disponga de un veinticinco por ciento de los recursos que se transfieren al Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas, del Fondo General de Participaciones del Fondo de Fomento Municipal y los Recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, y gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda del Estado, para que ponga a disposición de la autoridad responsable Ayuntamiento de Cacahoatan, Chiapas, la cantidad de ********************, en la cuenta número ******************** con clave interbancaria número 0211000********************3, de la Institución bancaria denominada HSCB, México, Sociedad Anónima Grupo Financiero HSBC a nombre del Consejo de la Judicatura, con el objeto de que dicha cantidad sea entregada a la trabajadora, como pago de las prestaciones a que fue condenada la parte patronal, concediéndole para ello, el plazo de cinco días hábiles, a partir de que reciba el presente oficio, debiendo remitir las constancias necesarias de su cumplimiento, o en su defecto informe la imposibilidad jurídica que tiene para llevar a cabo lo ordenado con anterioridad. Se apercibe que de no hacerlo, en el término concedido, se le impondrá sobre su persona multa por el equivalente de Trescientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $31,122.00 (treinta y un mil ciento veintidós pesos con 00/100 moneda nacional) de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 258, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto por el numeral 192, de la Ley de la Materia, del segundo párrafo del numeral citado, que dispone: "Artículo 192. (...) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de cinco días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la autoridad requerida que el artículo 267, fracción I1 de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Lo anterior fue explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo en Revisión 4832/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial 1a./J. 29/2019 (10a.)2 de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." En ese sentido, si este órgano de amparo advierte la presencia de hechos que pudieren encuadrar en el supuesto del ilícito indicado, bajo la presencia de los elementos que lo configuran, se procederá a dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que actúe conforme a sus facultades ministeriales. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD REQUERIDA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto reclamado consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente ********************, del índice del Juzgado de Jurisdicción Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el expediente 333/2023-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, analizada que fue la demanda de amparo, conforme al criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así, del análisis integral de la demanda de amparo instada por la quejosa, se advierte que este Órgano Jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la misma, por los motivos y consideraciones que a continuación se exponen. La impetrante de amparo en el capítulo relativo al acto reclamado señala: De lo transcrito, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente ********************, del índice del Juzgado de Jurisdicción Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, es así ya que la propia promovente de amparo refiere que mediante dicha resolución el Juzgado de Jurisdicción Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado, desechó la demanda del juicio contencioso administrativo que promovió, en el cual solicitó se le reconociera su calidad de beneficiaria del extinto ********************, el pago de ciertas cantidades por conceptos de indemnización y finiquito por muerte del citado trabajador, seguro de vida, caja de ahorro, gastos funerarios, así como la concesión de pensión por viudez por parte del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. En este tenor, es evidente que se está ante la presencia de una resolución que si bien no decidió sobre la Litis planteada en el juicio de origen, sí puso fin al juicio; de ahí, que no se surta la competencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de amparo, en términos de los artículos 34, 170 fracción I y 176 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." [Énfasis añadido por el suscrito] De los preceptos transcritos, se obtiene que sólo procede el amparo directo contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido.

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