María del Carmen Torres Torres
Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2022
Partes del expediente
- María del Carmen Torres Torres
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Actuario adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual informa el contenido del proveído dictado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 64/2020, de su índice, del que se advierte que solicita a este Juzgado de Distrito acuse recibo del oficio con el que remitió la ejecutoria dictada en el recurso en comento, con sus anexos; lo anterior, a efecto de estar en aptitud de ordenar el archivo del aludido medio de impugnación. Con motivo de lo anterior y tomando en consideración el contenido de la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 4792/2020 suscrito por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al cual se acompañaron los autos del juicio de amparo indirecto 1277/2019, tres boletines judiciales y el testimonio de la ejecutoria dictada el nueve de septiembre de dos mil veinte en el recurso de revisión 64/2020, en que se revocó la sentencia recurrida y se ordenó la reposición del procedimiento de amparo. En esas condiciones, se acusa de recibo del oficio y anexos descritos en el párrafo anterior, lo que se ordena hacer del conocimiento al Tribunal de alzada, por medio del oficio que derive del presente acuerdo al que se ordena anexar copia del acuerdo dictado el dieciséis de octubre de dos mil veinte; esto, a efecto de que el Tribunal Colegiado esté en aptitud de dictar la resolución que legalmente corresponda. Ahora bien, no pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito, que, si bien el oficio de cuenta fue dirigido al expediente 1277/2018 del índice de este órgano, lo cierto es que, derivado de una consulta al Expediente Electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); se advierte que lo correcto es proveerlo en el amparo en que se actúa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido del acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, mismo que en síntesis dice:" No presentada. Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de doce de enero de dos mil veintidós; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe
- Principal
Que no se está en aptitud de celebrar la audiencia que nos ocupa en razón de que no media un plazo de ocho días a fin de que la tercera interesada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integran del Grupo Financiero BANAMEX se imponga de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, derivado de la fecha en que se realizó la notificación respecto de la ampliación de demanda. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las catorce horas con treinta y nueve minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, para su verificativo.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido del acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, mismo que en síntesis dice:" Zapopan, Jalisco, doce de enero de dos mil veintidós. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ********************, por conducto de su apoderado especial ********************; personalidad que acredita con la carta poder que allega de manera electrónica; contra actos del Órgano de Control Disciplinario en Materia Laboral en el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco y otras autoridades. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ********************. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene que ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Actos reclamados imprecisos. De la lectura integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad; ello es así en virtud de que en el capítulo de acto reclamado señala como tales: Empero, en tales señalamientos se encuentran mezclados pretensiones, conceptos de violación, adjetivos, etcétera. Para mayor claridad, es importante precisar que la pretensión, es la exigencia a la autoridad responsable, la aspiración concreta para que dicha responsable realice una conducta determinada y el concepto de violación, es el argumento tendiente a evidenciar la inconstitucionalidad. Mientras que el acto reclamado en el amparo se refiere a una conducta (activa o pasiva), unilateral, a través de la cual cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin que requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado, que se atribuye a una autoridad; por lo que el correcto señalamiento de él, para los efectos del amparo, consistirá en describirla. Así, el acto reclamado será la conducta de las autoridades responsables descrita por el quejoso que violenta sus derechos constitucionales, por lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, a fin de precisar los actos que se reclaman, es necesario prescindir de todos los elementos ajenos a él, esto es, los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Ilustra lo anterior la tesis de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia". A guisa de ejemplo: el acto reclamado podría ser la retención de salarios como medida precautoria al procedimiento de desaparición de plaza del quejoso, como tercero interesado, como concepto de violación podría ser la violación de su derecho de audiencia y defensa, como pretensión que se conceda el amparo para que se le restituya el goce del salario del quejoso. Por lo expuesto, con apoyo en el artículo 114, fracción II de la norma en consulta, la parte promovente del amparo únicamente deberá precisar cuáles son los actos en concreto que por esta vía reclama a cada responsable y respecto de los actos positivos, las fechas en que fue iniciado el procedimiento y emitidas las medidas cautelares a las que hace referencia. b. Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: Aclare y precise cuál es el estado que guarda el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral, que refiere. Precise cuál es temporalidad por la que fue contratada, toda vez que del recibo de nómina que allega de manera electrónica, se advierte que el contrato de trabajo es por tiempo determinado. Cuestiones que son necesarias se aclaren, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II, del artículo 114, en relación con la fracción V, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar" c. Autoridad señalada como unidad burocrática. La parte promovente designa como autoridad responsable al Órgano de Control Disciplinario en Materia Laboral en el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, pero dicha denominación hace referencia a la unidad burocrática, es decir, un órgano del Estado, sin que indique a qué funcionario en particular señala con el carácter de responsable. Relacionado con lo expuesto, conviene tener en cuenta que el Estado para satisfacer los intereses colectivos se organiza en una forma especial que se le denomina administración pública, la cual está integrada por múltiples órganos que se caracterizan por ser esferas especiales de competencia y por requerir personas que ejerzan esa competencia y exterioricen su voluntad; sin embargo, no es posible ni debido confundir el órgano con su titular, pues mientras el primero representa una unidad abstracta, una esfera de competencia, el titular representa una persona concreta que puede ir variando sin que se afecte la continuidad del órgano y que tiene, además de la voluntad que ejerce dentro de la competencia del órgano, una voluntad dirigida a satisfacer intereses personales. Así que en las unidades del Estado existen un sinnúmero de servidores públicos; por ejemplo, en una dependencia gubernamental puede haber un director, subdirector, jefe de área, gerente, etcétera; en un órgano jurisdiccional un juez, secretario de acuerdos, secretario ejecutor, actuario, notificador, entre otros. Por ello, para que este juzgador se encuentre en posibilidad de acordar lo conducente sobre la admisión de la demanda, en la medida que el artículo 108, fracción III, de la ley que regula este proceso, dispone que es obligación de la parte quejosa expresar quiénes son las autoridades responsables, lo que implica el deber de indicar la denominación correcta u oficial de éstas, cualquiera que sea su naturaleza formal, al que se le atribuya el acto que se reclame. Por lo anterior, se le requiere para que precise a qué servidor público de la referida unidad es quien tiene el carácter de autoridad para efectos de este amparo, en el entendido que no se solicita el nombre de la persona física o el particular que ejerce la función, sino la denominación del cargo, como se dijo a guisa de ejemplo: director, subdirector, jefe de departamento, juez, etcétera. Téngase en cuenta que de ser más de una autoridad, deberá presentar sendas copias del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, para poder solicitar los informes de ley. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA.El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita." "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo" No pasan inadvertidos los criterios de las siguientes tesis: "AUTORIDADES RESPONSABLES. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA A FIN DE CONOCER SU DENOMINACIÓN, SI EL QUEJOSO DICE DESCONOCER EL NOMBRE CORRECTO, Y ÉSTE NO DERIVA DE LA LEGISLACIÓN QUE LAS REGULA. Tratándose del señalamiento de una autoridad responsable, no es posible fijar reglas inmutables sobre el grado de precisión necesario para identificarla, o los medios por los cuales puede lograrse la certeza de su denominación, pues esto dependerá del asunto en particular. Luego, si el quejoso se ostenta como extraño a un procedimiento de naturaleza penal tendente a privarlo de la libertad y, además, dice desconocer el nombre correcto de la autoridad de la que proviene ese mandato, y solicita al Juez de Distrito que requiera al titular de la Procuraduría Estatal para que informe el nombre exacto de las agencias del Ministerio Público a su cargo distribuidas en alguno de los Municipios del Estado; el juzgador debe proceder en los términos solicitados, y recabar la información necesaria a fin de conocer la denominación de aquéllas, ya que en este caso no existen datos que permitan identificar plenamente a las autoridades designadas como responsables, ni se advierte que la legislación que las regula establezca la denominación correcta de dichas agencias del Ministerio Público." "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Las tesis transcritas, en principio, son criterios aislados que no resultan obligatorios en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que regula lo relativo a la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los demás tribunales de la Federación. Además, a criterio de quien aquí resuelve, son inaplicables en razón de que el acto reprochado no deriva de un procedimiento de naturaleza penal y precisamente la intención de este juzgador es identificar a las autoridades a quienes se les pretende atribuirles los actos controvertidos, sin que se considere que se aplique de manera rigorista una prevención necesaria a efecto de fijar la litis, ya que las mismas tesis indican que el órgano de amparo no se substituya al quejoso en dicha deficiencia, salvo cuando exista un hecho notorio de la denominación. En efecto, se comparte el criterio de que si se advierte algún cambio de denominación de la autoridad, procedería hacer la corrección relativa. A guisa de ejemplo, en algunos casos los quejosos han señalado como responsable al Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco; sin embargo, al admitirse las demandas correspondientes se ha tenido con el carácter de autoridad responsable al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, en razón de que el artículo "QUINTO" transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, establece que hasta en tanto se adecue el marco jurídico estatal a las nuevas denominaciones y atribuciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal, las facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de las dependencias que cambian su denominación o naturaleza con motivo del decreto por el que se creó la norma de referencia, serán asumidos por las nuevas dependencias o su titular, lo que resulta un hecho notorio para este juzgador en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En el caso, lo que se pretende clarificar es cuál de todas las autoridades de la unidad administrativa señalada es a la que le reviste el carácter de responsable. Asimismo, el señalamiento erróneo de las autoridades responsables no puede subsanarse por suplencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados" En todo caso, a fin de no tener un criterio rigorista que pueda vulnerar el principio de acceso a la justicia del promovente, enseguida se ajustará el apercibimiento que se considera armoniza con dicha máxima. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo a los puntos relativos, lo siguiente: Puntos a y b: se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Punto c: únicamente se tendrá como autoridad responsable al titular de la unidad administrativa que indica. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: ********************, por conducto de su apoderado especial ********************. a. Domicilio. Téngasele como domicilio procesal el señalado en el escrito de cuenta. b. Autorizados. Sin que se designen autorizados, toda vez que la parte quejosa es omisa en señalar el nombre de las personas. c. Se autoriza la consulta electrónica del presente juicio. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con el numeral 62, 77, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el nombre del usuarios: "********************". d. Se autoriza uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como lo solicita se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Exhortación a las partes de seguir el juicio en línea. Dados los inconvenientes de la suspensión de labores de los órganos jurisdicciones, se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Formas de notificar a las partes. De conformidad con el artículo 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista, salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. En el entendido de que, en este último caso, se comisiona al actuario de la adscripción para que hasta en tanto se reanuden las labores normales en el Poder Judicial Federal, envíe vía correo electrónico los oficios correspondientes y así las notifique, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé la prerrogativa constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita, así como en las fracciones IX y XII del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Lo anterior es así ya que de conformidad con lo previsto en los artículos 28 fracción III y 30 fracción I de la Ley de Amparo, es posible que las notificaciones que deban hacerse por oficio a las autoridades (previstas a su vez en el precepto 26, en su fracción II de dicho ordenamiento) se hagan mediante cualquier medio oficial -incluido el correo electrónico- por razones de orden público, como la pandemia que ha sido decretada con motivo del SARS Co-V2 (COVID 19), lo que hace viable emplear el correo electrónico institucional para practicarle notificaciones, sin que en el caso sea necesario que dicha autoridad tenga celebrado un convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se le apercibe que de negarse sin causa justificada a recibir los oficios que se le envíen se procederá en términos de lo que dispone el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; [.]" Notificación por medio de portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Hágase de conocimiento de las partes que las notificaciones que no deban de ser personales se harán por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, y atento al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 2019. No obstante que la fracción IV del artículo 29 de la norma que regula este proceso, establece que se publicará una síntesis de la resolución a notificar, proceda el actuario a la publicación íntegra del acuerdo en el citado portal. Correo electrónico de este juzgado. Se informa a las partes que el correo electrónico de este juzgado de Distrito es el siguiente: 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Nathali Cisneros Mendoza, que autoriza y da fe. RAAG/NCM/bab*
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