María del Carmen Suazo Silvestre

Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
635/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Suazo Silvestre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene informando que ha causado estado la determinación de diecisiete de agosto de este año, en la que desechó el recurso de revisión interpuesto por la quejosa María del Carmen Suazo Silvestre, contra del auto dictado el "26 de junio de 2023", en el cual se desechó la demanda de amparo intentada. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, atento a su contenido, se tiene a la superioridad informando que desechó el recurso de revisión interpuesto por la quejosa María del Carmen Suazo Silvestre, contra del auto dictado el "26 de junio de 2023"; el cual quedó radicado bajo el número 391/2023 de su índice administrativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la copia del escrito signado por el promovente de amparo ***********, sin copias y sin anexos; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra del auto dictado el "26 de junio de 2023". En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que conste en autos la notificación del presente proveído a la promovente del amparo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Por otro lado, respecto del domicilio que proporciona para oír y recibir notificaciones, deberá estarse a lo ordenado en acuerdo de diecisiete de julio de este año, en el que se proveyó lo conducente. Finalmente, se tiene como sus autorizados con facultades amplias que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo a Gabriel Sánchez Moreno y Juan Carlos Suárez Espinoza, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana; y como autorizado con facultades restringidas que establece el segundo párrafo del citado numeral a Raúl Galicia Carmona, al no estar en igualdad de circunstancias, ni proporcionó su número de cédula a efecto de realizar la búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas. Notifíquese

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta signado por la peticionaria de amparo, **********, con copias y anexos de cuenta; en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención que se formuló en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés; por tanto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En términos de lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe analizar el escrito de demanda y si advierte de oficio la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, es pertinente destacar que para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: - La resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 2083/2018, por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, en la que desechó por improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa determinación de veinte de junio de este año, en la cual declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que interpuso la demandada, aquí quejosa, contra las notificaciones por lista de acuerdos de fechas veintiocho de enero, diez y dieciocho de febrero y seis de abril, todas de dos mil veintidós, relativas a diversas determinaciones emitidas en el procedimiento de remate. Además, del escrito aclaratorio se desprende que fue condenada al pago de la cantidad de $47,363.00 M.N. (cuarenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos, cero centavos moneda nacional), por concepto de suerte principal; y que se señaló el diez de agosto de dos mil veintitrés, para la audiencia de remate en segunda almoneda, de lo que se desprende que aún no se ordena la adjudicación y entrega del bien inmueble embargado. En esas circunstancias, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción os de la Ley de Amparo, que establecen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El juicio de amparo procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De lo anterior, se desprende que tratándose de amparo indirecto no es procedente entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando éste no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia; de manera que sólo una vez que ésta se dicte, pueden reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De igual forma, dicho precepto establece que por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, debe de entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por otro lado, el propio numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, se advierte que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Dicho numeral fue materia de interpretación por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, de la que surgió la jurisprudencia 13/2016 (10ª), publicada en la página 1066, correspondiente al Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y contenido siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidadcon el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En dicha jurisprudencia se establece que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la resolución definitiva impugnable a que hace alusión el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es la que indistintamente ordena otorgar en forma definitiva la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, esto es, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate a que se refiere dicho precepto. En ese entendido, en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo contra actos emitidos en el procedimiento de remate, distintos a la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematado, la demanda será improcedente. Sobre el particular, el Máximo Tribunal ha establecido que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que puedan afectarse por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia (...) En el caso, el acto reclamado, como ya se señaló, consiste en la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 2083/2018, por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, en la que desechó por improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa determinación de veinte de junio de este año, en la cual declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió la demandada; por lo que no constituye la última resolución en la etapa de remate; ya que no ordena otorgar la escritura de adjudicación ni la entrega de los bienes rematados; además, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos por el Máximo Tribunal, pues no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que sólo constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución de lo sentenciado. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia (...) REGISTRO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). Finalmente, consérvense por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias simples del escrito aclaratorio para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, se proveerá lo conducente. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz. Notifíquese por la lista de acuerdos a la parte promovente.

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