Maria del Carmen Sotelo Ponce
Expediente 44/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria del Carmen Sotelo Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Como del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de garantías, sin que en ese lapso se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.
- Principal
...Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL...
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del diverso 1982 y de los autos del expediente 558/2017 de su índice que remitió junto a su informe justificado; asimismo, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente.
- Principal
Como se desprende de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de la Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veinte de febrero del año en curso, en la que se determinó CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal a María del Carmen Sotelo Ponce, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En términos de los preceptos legales 192 y 258 ambos de la ley de la materia, requiérase por única ocasión a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con el fallo que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar el impedimento que tenga para cumplir con la misma, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable, las constancias que remitió como sustento de su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, se entenderá que lo recibió a su entera satisfacción.
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