Maria del Carmen Sonia Hernandez Luna

Expediente 278/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
278/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Sonia Hernandez Luna

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, mediante el cual transcribe el proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el amparo indirecto 119/2019-IV de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de la cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso existan documentos que por sus características deban devolverse a las partes. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del cuaderno, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve María del Carmen Sonia Hernández Luna, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 14, y 17 de la Constitución Federal; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el progresivo 278/2019-IV, y fórmese el expediente respectivo. Ahora, en el presente asunto se reclama de dicha autoridad el acuerdo de fecha veintidós de febrero del año en curso, dictado dentro del Juicio Ordinario Civil *********, el cual, resuelve y aprueba el proyecto de división del bien inmueble ubicado en la calle **********, en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Del mismo modo, reclama el acuerdo de fecha trece de marzo del presente año, dictado por la aludida autoridad, mediante el cual resolvió la adjudicación de dicho inmueble en favor de los promoventes y de la quejosa, así como sus consecuencias legales, tales como la demolición del predio en comento. Pues bien, de conformidad con lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, preceptúan lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. De los preceptos antes transcritos se desprende que es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, y que el Juez ante el que se promueva un juicio de amparo que otro deba conocer, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al que en su concepto deba conocer de dicho juicio. Tales reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, se puntualizan a continuación para una mejor comprensión técnica: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se éste ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda hipótesis normativa que se contiene en el numeral en análisis, más que una regla diversa, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto legal en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda; como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la demanda en la que se reclama un acto que no requiere de ejecución material, se haya presentado ante el juez de distrito en el que ejerce jurisdicción, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. De todo lo anterior se colige, que en la especie se actualiza la hipótesis de competencia a que se refiere el inciso a) antes precisado. En efecto, de la regla señalada en el artículo 37 de la Ley de Amparo y que se puntualizó en el inciso a), se advierte que, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito lo es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí que, si en la especie, la quejosa reclama, entre otros actos, la resolución que aprueba la división del inmueble ubicado en calle *********, en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, así como la consecuente demolición de dicho bien raíz, es inconcuso que la ejecución material que se origine al momento de su expedición tendrá efectos materiales en el municipio donde se ubica éste. De ahí que los efectos y consecuencias del acto reclamado se surten realmente en el lugar en donde se encuentra dicho inmueble, a saber, en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Ergo, el Juez de Distrito de esa jurisdicción es quien será legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo. Además, tal determinación -vistos los efectos del acto reclamado- beneficia a la hoy quejosa, así como a los terceros interesados, en virtud que éstos podrán lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de sus derechos humanos de audiencia y accesos a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al poder acudir al Juez de Distrito del lugar donde se encuentra el inmueble antes mencionado. Lo anterior se traduce en una serie de ventajas para la buena marcha del juicio constitucional y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia en caso de una posible concesión, lo que dentro de la lógica del sistema de competencias obedece, otra vez, a la agilización de los trámites y comunicaciones procesales entre la autoridad jurisdiccional y las responsables ejecutoras del lugar en donde se encuentra el bien afecto, en beneficio de una pronta impartición de justicia y, por ende, del agraviado. Por los motivos expuestos es que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer del presente asunto, ya que no cuenta con jurisdicción en el lugar donde se actualizarán las consecuencias y, por ende, la ejecución real del acto reclamado. En efecto, de conformidad con el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado, entre otros, en Ciudad del Maíz. Luego, toda vez que el acto reclamado tendrá efectos en el municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, se estima que es competente para conocer del aludido asunto el Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles. Ilustra a lo anterior, por analogía, la tesis III.2o.P.194 P, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 1060, del tenor siguiente: ORDEN DE DESPOSEIMIENTO DE INMUEBLE. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN, AUNQUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RESIDAN EN SITIO DISTINTO. La ejecución de una orden de desposeimiento de inmueble es instantánea, toda vez que se consuma en el momento en que la autoridad materialmente limita su posesión a favor del tenedor; luego, si ésta se verifica en el lugar en que se encuentra el inmueble, se surte la competencia legal en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se ubica dicho bien, de conformidad con el primer supuesto a que alude el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que al encontrarse la finca fija en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República, toda vez que su traslado hacia el bien, aunque representa un papel destacado para llevar a cabo el desposeimiento, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse, pues sólo constituye un hecho que sucede en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, la que se materializa de manera instantánea precisamente cuando se realiza el desposeimiento que se impugna, aparte de que el numeral invocado, para fijar la competencia del juicio constitucional, atiende al lugar de ejecución del acto y no al que pertenezcan las responsables encargadas de llevarlo a cabo. Así como la tesis con registro 324808, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXVI, página 1135, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA EN AMPARO. La jurisprudencia anotada bajo el número 75, en el Apéndice al Tomo LXIV del Semanario Judicial de la Federación, se refiere al caso en que el acto reclamado puede ejecutarse dentro de jurisdicción diversa de la del Juez que se declara incompetente, pero aunque las autoridades responsables hayan negado que trataran de ejecutar el acto reclamado, si atenta la naturaleza de éste, es obvio que el referido acto producirá algún efecto, necesariamente ha de tener alguna ejecución, y si ésta, solo puede tener lugar dentro de la jurisdicción de determinado Juez de Distrito, atenta la ubicación del inmueble, debe declararse competente a ese Juez, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 36 de la Ley de Amparo, para que siga conociendo del juicio de garantías, en virtud de que dentro de su jurisdicción, únicamente podra ejecutarse el acto reclamado. En virtud de lo antepuesto, remítase la demanda de mérito y sus copias correspondientes al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, para los efectos legales a que haya lugar; por separado fórmese cuadernillo de antecedentes con copia autorizada de la boleta de turno, de la demanda de garantías, del presente proveído y demás constancias que se estimen conducentes. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en la demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el expediente número 278/2019-IV, promovido por María del Carmen Sonia Hernández Luna, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, se forma el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que este Juzgado de Distrito declaró su incompetencia legal para conocer de la mencionada demanda de amparo; y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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