María del Carmen Siles González
Expediente 767/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María del Carmen Siles González
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que notifica el auto de doce de julio del año en curso, dictado en el recurso de queja 172/2023, en el que dicho órgano colegiado tuvo por recibido el recurso de queja interpuesto por la quejosa, en contra de proveído de veintiséis de junio del año en curso, en el que se desechó su demanda de amparo; asimismo, informa que admitió a trámite dicho medio de impugnación. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Sin que del oficio de cuenta se advierta requerimiento alguno a este juzgado. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el correo electrónico procedente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, con el cual remite la papeleta de turno con motivo de la solicitud formulada en autos, relativa al recurso de queja que hizo valer la quejosa, en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, emitido en el presente juicio; papeleta de la que se advierte que el referido medio de impugnación correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Por consiguiente, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase de inmediato a dicho tribunal las constancias originales relativas al presente juicio de amparo. Asimismo, ríndase el informe relativo. Lo anterior, a efecto de que esté en aptitud de substanciar el citado medio de impugnación. No obstante lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que habilite la consulta del expediente electrónico relativo al presente expediente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal para confirmar la debida autorización. Asimismo, se instruye a la coordinadora de actuarios judiciales adscrito a este juzgado, para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Hecho lo anterior, lo remita a dicho tribunal colegiado. Notifíquese: vía oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito remitido por la quejosa****, mediante el cual promueve incidente de nulidad de notificación e interpone recurso de queja en contra del auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio, en el que se desechó la demanda de amparo. Visto lo anterior, por cuanto al incidente de nulidad de notificaciones que promueve la quejosa, con fundamento en los artículos 66 y 68 de la Ley de Amparo, así como el numeral 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha ley, se desecha de plano. Lo anterior, en virtud de que en el auto de veintiséis de junio del año en curso, se desechó la demanda de amparo y se requirió a la quejosa para que, dentro del término de tres días, señalara domicilio para recibir notificaciones personales en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que tiene su residencia este juzgado. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se le tendría como domicilio la lista que publica este juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Proveído que se ordenó notificar personalmente a la quejosa; empero, a la fecha no se le ha notificado, ya que está corriendo el término de ley para tal efecto. Luego, resulta evidente que la quejosa se hizo sabedora del proveído cuya notificación pretende anular, antes de que le fuera notificado. Por tanto, como se indicó, el incidente de nulidad que promueve resulta notoriamente improcedente; en consecuencia, procede su desechamiento de plano. Por otra parte, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesta la queja hecha valer por la parte quejosa, en contra del referido proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a la circular DFFJ/0012/2020 del Titular General de Gestión Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, informe a este juzgado a qué tribunal le corresponderá conocer del presente recurso, para estar en posibilidad de remitirlo. Por tanto, se instruye a la coordinadora de actuarios de la adscripción remita por correo electrónico el oficio de solicitud de turno correspondiente. Asimismo, se instruye a la oficial judicial "A" (SISE) para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que corresponda. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización. De igual forma, se instruye a la coordinadora de actuarios judiciales adscritos a este juzgado para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Notifíquese: por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito; por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, México, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 691/2023, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en la propia localidad, promovido por María del Carmen Siles González, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables 1. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 2. Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México. 3. María Isabel Sánchez Holguín, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. 4. Mayra Azucena Molina Villalobos, Directora General de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidas/os del Delito del Estado de México. 5. Arturo Morales Abundis, asesor jurídico adscrito a la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México, Zona Oriente II. 6. Gisela Pérez Hernandez, Coordinadora Regional de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito Zona Oriente II. 7. Mayra Meza Muñiz, Subdirectora Regional de la Defensoría de Víctimas Zona Oriente. 8. Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas. 9. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 10. Comité Interdisciplinario Evaluador. 21/07/23 16:30:48 11. Alejandro Negrete Espinoza, Delegado de la CEAV en el Estado de México. 12. Marco Antonio Mayer, asesor de la CEAV en el Estado de México 13. Balam Axel López Robles, Orientación Legal del Centro de Atención Integral de la CEAV. 14. Carla Bermúdez Meléndez, Orientación Legal del Centro de Atención Integral de la CEAV. 15. Fiscal General de Justicia del Estado de México 16. Fiscalía Ecatepec. 17. Mesa Sexta de Trámite de Ecatepec. 18. Agente del Ministerio Público Zulema Jiménez Torres. 19. Gerardo García Delgado, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Ecatepec. 20. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 21. Dirección General de la Visitaduría Judicial. 22. Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Acto reclamado ? Omisión de dar contestación a la petición de once de mayo de dos mil veintitrés, remitida del correo electrónico caballeroantonio.com@gmail.com, a diversos correos electrónicos presuntivamente correspondientes a las autoridades señaladas como responsables, mediante los cuales la quejosa remitió el escrito de petición en el que solicita lo siguiente: "Les solicito asistencia ante las instancias nacionales e internacionales que correspondan para efecto de revocar y/o enderezar lo determinado en el recurso de inconformidad 2/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, para efecto de obligar a la Justicia Federal a ordenar que la sentencia sea puntualmente cumplida; sirve de apoyo: (.)". Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que se notifica el auto de dieciséis de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1192/2022-VIII, del índice de este juzgado, en el que este juzgado de distrito asumió el conocimiento del diverso juicio de amparo 691/2023- VII, del índice del Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por razón de conocimiento previo. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente físico y electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Regístrese bajo el expediente 767/2023-VII. Desechamiento Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:1 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.). Como se puede advertir esta fracción regula dos supuestos: a) resoluciones emitidas en los juicios de amparo; b) aquellas que se realicen en ejecución de las mismas. Por cuanto al primer supuesto, esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro 1 Registro 1000320. procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia Ley de Amparo prevé y no mediante un nuevo y autónomo juicio de amparo. Respecto de la segunda hipótesis se advierte que el amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Sobre este tópico se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no sólo se refiere al caso de una sentencia protectora, también lo serán aquellos supuestos en los cuales, al negar el amparo o decretar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir, por ejemplo, la imposición de una sanción. Por tanto, si el acto que se reclama fue objeto de una decisión definitiva en la resolución del juicio de amparo anterior, o si constituye su consecuencia lógica y jurídica inmediata, en virtud de que tales cuestiones ya fueron motivo de controversia y decisión; lo examinado y resuelto adquiere firmeza procesal y tiene como consecuencia la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, ya que contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla, dado que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo. Ahora bien, la prohibición de ejercitar la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los procedimientos de la misma naturaleza, no se limita a la resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también a cualquier determinación inmersa en él, puesto que las resoluciones principales, como las de trámite, no pueden ser reclamadas mediante otro amparo, porque ello provocaría juicios interminables. La finalidad de esta causa de improcedencia es que lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, sobre una misma cuestión, no sea objeto de controversia y decisión entre dos o más sentencias de amparo, pues si así fuera se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia, en demerito de la seguridad jurídica. En lo conducente, resulta aplicable la tesis 1a. LXX/2003 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y contenido2 : IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. De igual forma, la jurisprudencia XXI.1o. J/15 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto3 : IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. Asimismo, la jurisprudencia XX. J/3 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que prescribe4 : ACTOS DERIVADOS DE OTRO JUICIO DE GARANTIAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías, contra una resolución dictada en estricto apego y en cumplimiento de la ejecutoria que resolvió el juicio constitucional, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la razón de que los argumentos planteados en el nuevo juicio, ya fueron objeto de controversia y decisión en un juicio de garantías anterior, por tanto, debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de la cosa juzgada. También la tesis II.T.12 K del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que indica5 : IMPROCEDENCIA. RESOLUCIONES DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. La mera interpretación literal del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte relativa en que prevé esta causal de improcedencia nos llevaría a ubicar en ella a toda resolución emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, lo cual 4 Registro digital: 204872. 5 Registro digital: 192521. sería incorrecto si consideramos la ratio legis de dicha causal que atiende a que una ejecutoria de amparo tiene la presunción de haber sido dictada en estricto apego constitucional o legal; por tanto, la resolución emitida en su cabal cumplimiento, también comparte tal presunción y debido a ella esta última resolución sólo puede impugnarse por vicios propios (exceso o defecto en su cumplimiento) o incluso el incumplimiento mismo, mediante los recursos contemplados en la propia ley, mas no por el fallo del cual proviene. Así, se considera cosa juzgada lo analizado y resuelto en esa ejecutoria a la luz de los conceptos de violación expuestos y, en su caso, la suplencia de la queja, evitando de esta manera una cadena interminable de juicios de amparo que atentaría contra la seguridad jurídica. Sin embargo, los alcances de la protección constitucional en contra de un laudo son variables en tanto que, en algunas ocasiones constriñen a la autoridad responsable a actuar en un solo y único sentido, sin posibilidad alguna de ejercer a plenitud su jurisdicción originaria, y en otras, la restitución al agraviado del derecho público subjetivo infringido conlleva a que la responsable ejerza necesariamente tal jurisdicción. Pudiéndose generar incluso un tercer supuesto, consistente en que ambos alcances se señalen en una sola ejecutoria de amparo, relacionados, por supuesto, con diferentes aspectos del laudo. En este entendido, para que un segundo o ulterior laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo se encuentre comprendido dentro de la hipótesis de improcedencia en estudio, existiendo identidad entre el quejoso que obtuvo la protección constitucional (que motivó tal dictado) y el promovente del actual juicio de amparo en el que se combate el nuevo laudo, requiere necesariamente que la ejecutoria de amparo quede comprendida en el primer supuesto (vinculación total), porque en los dos restantes el ejercicio por la responsable de su libre jurisdicción, al resultar un tema nuevo, si les afecta, podría ser impugnado nuevamente en vía de amparo por cualquiera de las partes, a reserva, claro está de declarar inoperantes los conceptos de violación con los que pretendiese cuestionar lo ya analizado, o las consideraciones que desde el primer laudo le paraban perjuicio y por ello estaba obligado a impugnar desde entonces, sin haberlo hecho. En la especie, el acto que reclama la quejosa lo hace consistir en la omisión de dar respuesta a una petición que remitió vía correo electrónico a diversas autoridades. Sin embargo, en la citada petición la quejosa solicita la revocación de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 2/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito . Ahora bien, de la copia de la citada resolución que acompañó a su demanda de amparo la quejosa, se advierte que en el órgano colegiado de mérito declaró infundado el citado recurso de inconformidad que interpuso la quejosa en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de amparo 875/2019, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró cumplida la sentencia de amparo. Luego, resulta evidente la improcedencia del juicio de amparo, puesto que, el acto omisivo que reclama la quejosa se encuentra directamente vinculado con una resolución dictada en la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, en la que se declaró cumplida dicha sentencia y que, a través del recurso de inconformidad que interpuso, pretendió la revocación de dicha resolución, sin lograrlo, pues el recurso de inconformidad se declaró infundado. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Domicilio La parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones personales un inmueble ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el cual se encuentra fuera del municipio en el que tiene su residencia este juzgado de distrito; en consecuencia, se le requiere para que, dentro del término de tres días hábiles, señale domicilio para tal efecto en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Apercibida que, de no hacerlo así, se tendrá como tal la lista que publica este juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Dada la trascendencia de la presente determinación, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, por única ocasión, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que notifiquen a la quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en: ? Calle Oriente 8, condominio 5, LT.3, colonia Xochicuac, código postal 55080, Ecatepec de Morelos, Estado de México; entre las calles Oriente 9 y Oriente 7. Autorizados En cuanto a la persona que menciona, se tiene por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. Consulta del expediente electrónico En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet, a través del usuario caballeroantonio se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentre registrado en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Medios de contacto Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y/o cuenta de correo electrónico), para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. En ese tenor, se tiene como medio alternativo de contacto el número telefónico que proporciona la quejosa. Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. En ese tenor, atento a la petición de la quejosa en la que expresa su oposición a que se publiquen sus datos personales, se tiene por expresada su oposición y se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de la parte quejosa en el presente juicio, así como la información reservada. Atento a lo anterior, instrúyase al Analista Jurídico de S.I.S.E., para que capture dicha oposición de publicación de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa
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