María del Carmen Siles González

Expediente 785/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
785/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Siles González

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso, en el que se le remitió la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, así como las constancias relativas e informa que se avocó al conocimiento del asunto. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos el oficio de mérito para que surta los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto y, se remitió la demanda original, así como las constancias relativas a la misma a la autoridad que se estimó competente; en consecuencia, archívese este juicio de garantías como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por ello, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 3, fracciones II y XV, 6, fracciones I y II, 20, 21 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de tres días que establece el numeral 104, de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de reclamación que prevé dicho precepto legal en contra del acuerdo de presidencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual este Tribunal Federal determinó carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, sin que haya hecho valer dicho medio de defensa; por tanto, se declara firme el acuerdo referido, y en cumplimiento al auto antes mencionado, remítase la demanda de amparo con sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; para que lo remita al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, mediante el cual envía su informe justificado y la demanda de amparo promovida por María del Carmen Siles González, por propio derecho, en contra de los autos de tres, once y trece de octubre de dos mil veintidós, dictados por la Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en el expediente 31840/2022, de su índice. Acúsese recibo, fórmese y regístrese el expediente impreso y electrónico respectivo con el número de Amparo Directo 785/2022. Ahora bien, este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María del Carmen Siles González, por propio derecho, en contra de los autos de tres, once y trece de octubre de dos mil veintidós, dictados por la Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en el expediente 31840/2022, de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo vigente, se declara incompetente y una vez que quede firme la presente resolución, se ordena remitir la demanda de amparo con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez en turno. Lo anterior, debido a que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras, aquéllas que deciden el juicio en lo principal, y por las segundas, aquéllas que sin decidirlo lo dan por concluido, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno, por el que puedan ser modificadas o nulificadas, en términos del artículo 170, de la Ley de Amparo vigente. Y como del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que remitió la autoridad responsable para justificar la legalidad de su actuar, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en los autos de tres, once y trece de octubre de dos mil veintidós, dictados por la Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en el expediente 31840/2022, por la que dicho Juez responsable tuvo por concluido el juicio, denegado el recurso de revocación, denegado el recurso de apelación y denegada la nulidad de notificación. De lo que se advierte que el acto que ahora se reclama, no es una sentencia definitiva, ni decide el juicio en lo principal, ni lo da por concluido, ya que el acto reclamado se hace consistir en los autos de tres, once y trece de octubre de dos mil veintidós, dictados por la Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en el expediente 31840/2022, por la que dicho Juez responsable tuvo por concluido el juicio, denegado el recurso de revocación, denegado el recurso de apelación y denegada la nulidad de notificación. Atento a lo anterior, el procedimiento judicial no contencioso se tramita en jurisdicción voluntaria en los términos del Libro Tercero denominado Procedimientos Judiciales no Contenciosos, Capítulo I del Título Único, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual constituye un procedimiento cuyas actuaciones no pueden considerarse emitidas dentro de un juicio (controversia entre dos o más personas que se dirime ante un Juez, en el que fijada la litis se tramita y resuelve con arreglo a derecho). Así, como la jurisdicción voluntaria, a cuyo género pertenece el procedimiento judicial no contencioso, no es propiamente un juicio, por no existir contención entre las partes, lo que se corrobora con el texto del dispositivo 3.1, del citado código procesal civil que es del tenor siguiente: "Se aplicará lo previsto en este Título a todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiera la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes", por tanto, es inconcuso que las resoluciones en las que se dirimen estas cuestiones deben ser impugnadas en amparo indirecto y no en vía uniinstancial. Tienen aplicación a las consideraciones precedentes por analogía y, en lo conducente, las siguientes tesis: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, DILIGENCIA DE. LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN LAS, NO SON SENTENCIAS DEFINITIVAS SINO ACTOS DICTADOS FUERA DE JUICIO, POR TANTO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA DICHA RESOLUCIÓN CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO.se ha sostenido que debe entenderse por sentencia definitiva para los efectos del amparo directo, la que define la controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que hayan motivado la litis contestatio, siempre que respecto de ella no proceda ningún recurso ordinario por el que pueda ser modificada o reformada. Las diligencias de jurisdicción voluntaria no constituyen propiamente un juicio, por ello en las mismas no se decide una controversia. Consecuentemente, la resolución que se emita en dichas diligencias no es una sentencia definitiva para el efecto del amparo directo, por lo que la competencia para conocer del juicio de garantías contra dicha resolución corresponde a un Juez de Distrito, pues para aquel caso se exige que se reclamen resoluciones emanadas de un juicio entendiéndose como tal, toda controversia o discusión legítima de un negocio, entre dos o más partes; es decir, se requiere que haya litis, y como en las diligencias de jurisdicción voluntaria no se promueve cuestión litigiosa alguna, por tal motivo no se da el supuesto competencial de los Tribunales Colegiados, sino que el acto reclamado debe considerarse de aquellos dictados fuera de juicio por la autoridad judicial, por lo que su impugnación constitucional debe seguirse ante el Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), y 114, fracción III, de la Ley de Amparo." "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO CONOCER DE LAS PROVIDENCIAS DICTADAS EN ESTA VÍA. Tratándose de una cuestión planteada en vía de jurisdicción voluntaria, la resolución que en ella recayó no tiene el carácter de una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo directo, en virtud de que se trata de un acto ejecutado fuera de juicio y en el que no existe controversia entre partes determinadas, ya que de acuerdo con el artículo 867 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México las resoluciones que se pronuncian en esa clase de diligencias, ni siquiera reciben la denominación de sentencia, sino de providencias, razón por lo cual la resolución pronunciada por la Sala Civil responsable que confirma, revoca o modifica la providencia dictada por el Juez natural, en manera alguna tiene el carácter de sentencia definitiva, sino más bien de una resolución interlocutoria, razones que determinan la incompetencia de este Tribunal Colegiado para conocer del asunto, surtiéndose tal competencia en el Juez de Distrito en turno, en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN LA VÍA DE, NO PUEDEN SER IMPUGNADAS EN AMPARO DIRECTO. Los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente: el amparo contra sentencias definitivas, laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas. Y el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no procede ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. De las disposiciones antes mencionadas se desprende que se refieren a resoluciones pronunciadas en juicio, entendiéndose como tal, toda controversia o discusión legítima de un negocio entre dos o más partes, ante Juez competente, para que lo sustancie y determine con arreglo a derecho; es decir que haya litis. Por tanto, las resoluciones pronunciadas en vía de jurisdicción voluntaria no pueden ser impugnadas en amparo directo por no encontrarse en las hipótesis a que se refieren los artículos antes transcritos."3 En tal situación, se surte la competencia de un Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno fuera de la residencia de este Tribunal; en consecuencia, las notificaciones aún las personales se le practicarán por medio de lista, con fundamento en la parte conducente de los artículos 26 y 29, de la Ley de Amparo. En cuanto a las personas que señala como autorizadas, se les reconoce dicho carácter en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, limitación que subsiste hasta en tanto se acredite que puede ejercer la profesión de licenciada en derecho, y su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; ello, sin perjuicio de que aquellas personas que ya tengan su cédula profesional registrada podrán promover en el presente asunto en los términos más amplios que consagra el mencionado precepto legal, circunstancia que al efecto se verificará en el momento en que ocurran ante este Tribunal Colegiado. Respecto de que se encuentra registrada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, consulta de expedientes con el nombre de usuario "caballeroantonio", con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; e igualmente, en lo dispuesto por el artículo 1, fracción III, 2, fracciones IV, V y XIX, así como, último párrafo de este precepto, 12 y 13, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid 19; se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como, se ordena que las notificaciones se le realicen vía electrónica. a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación mediante su citado nombre de usuario; esto, no obstante que en el proemio de la demanda señala también como domicilio para oír y recibir notificaciones uno ubicado fuera de la residencia de este Tribunal Colegiado, en tanto que debido a la contingencia sanitaria que aún prevalece en el País, debe privilegiarse la notificación vía electrónica que solicita el quejoso, aunado que en la demanda de que se trata menciona que el usuario que proporciona lo señala para todo tipo de notificaciones. En consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este Tribunal Federal, para que de inmediato proceda a la captura de los datos del citado usuario "caballeroantonio" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cuanto al número telefónico que proporciona, únicamente se le tiene como medio de contacto no procesal. Ahora, conforme con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos adscritos a la Secretaría de Acuerdos, y demás personal de este Tribunal Colegiado que tenga intervención en la formación de este expediente para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo al acuerdo respectivo incorporarlas al expediente impreso. Lo anterior, sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por María del Carmen Siles González, por propio derecho; por lo cual, una vez que se declare firme la presente determinación, se ordena remitir la demanda de amparo con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez en turno.

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