María del Carmen Santos Girón
Expediente 855/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María del Carmen Santos Girón
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual envía copia debidamente certificada del testimonio pronunciado en la queja 164/2016; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se declara infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido". En consecuencia, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido. Notifíquese en términos de ley. Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual envía copia debidamente certificada del testimonio pronunciado en la queja 164/2016; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se declara infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido". En consecuencia, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por María del Carmen Santos Girón, en contra del auto de veinte de julio del año en curso, dictado por este juzgado federal, en el juicio de amparo en que se actúa, al que le correspondió el número de queja laboral 164/2016.
- Principal
Visto el escrito presentado por la quejosa,con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase interponiendo recurso de queja en contra del auto de veinte de julio del año en curso, dictado en el presente juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, y por señaladas las constancias que deberán enviarse a la superioridad para la substanciación de dicho recurso. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo. Una vez que se haya notificado a la parte quejosa, remítase el original de dicho escrito y el informe respectivo en relación a la materia de la queja, al que deberá adjuntarse copia certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de garantías para la substanciación de dicho recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida ...... por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Libro de Gobierno bajo el número 855/2016-II-V, y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es posible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: ACTO RECLAMADO: "La negativa de la responsable en concluir el desahogo de las pruebas y resolver el incidente de liquidación ordenado en el laudo de fecha veintidós de mayo del dos mil quince, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de justicia pronta y expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, incurriendo con ello en retraso e inactividad procesal en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De igual forma, es importante señalar que la parte quejosa señala en los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, lo siguiente: ". 2.- Previo trámite de ley, con fecha veintidós de mayo del dos mil quince, la responsable dictó el laudo correspondiente, condenando a la demandada al pago de diversas prestaciones, el cual ordenó la apertura del incidente de liquidación. 3.- Por acuerdo de veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, se apertura el incidente de liquidación. 4.- Con fecha seis de mayo del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia incidental, en la cual la responsable dictó el auto admisorio de pruebas, ordenando el desahogo de las mismas. 5.- Es el caso que a la fecha la responsable ha sido omisa en concluir el desahogo de las pruebas y resolver dicho incidente, a fin de lograr la prosecución del proceso de ejecución del laudo. 6.- De los antecedentes a luces se denota que la responsable ha violentado los plazos y términos establecidos en la ley de la materia, violentando con ello las garantías constitucionales de justicia pronta y expedita, traduciéndose dicha circunstancia en un retraso procesal en mi agravio, dado que ha omitido concluir el desahogo de las pruebas y resolver dicho incidente, argumento de la cual se tiene el temor fundado que la responsable vuelva a violentar las garantías constitucionales de justicia pronta y expedita y de legalidad y debido proceso.". Ahora bien, es pertinente señalar que existe criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que se explica en qué casos el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, al reclamarse actos dictados fuera de juicio. En efecto, en la tesis que más adelante se reproducirá, se sostuvo entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, la vía constitucional procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, tal como se señala en las fracciones IV y V, del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De acuerdo con lo sustentado por el alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados después de concluido un procedimiento: En esa tesitura, se tiene que la primera exigencia es que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, además que aquellos deben tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. En esas condiciones, del escrito de demanda que se analiza, se advierte que la parte quejosa, se duele exclusivamente de una afectación cometida después de concluido el juicio esto es, de un pretendido acto de inicio del procedimiento de ejecución de laudo, en la que alega violación entre otros, a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del juicio laboral D.O. 069/2010, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. Lo anterior, no puede considerarse como de ejecución irreparable, que vulneren materialmente derechos de la quejosa después de concluido el juicio laboral, sino más bien, se trata de una violación de carácter adjetivo, pues reclama un acto de omisión al no concluir el desahogo de las pruebas y resolver el incidente de liquidación ordenado en el laudo de veintidós de mayo de dos mil quince, peticionado en escrito que exhibió ante la responsable el catorce de julio de dos mil dieciséis (como se aprecia del acuse de recibo que anexó a su ocurso de cuenta), sin que se advierta del señalado escrito de demanda de amparo, que la parte quejosa haya impulsado ante la responsable su derecho a que se pase a la siguiente etapa relativa a la ejecución del laudo y que no obstante ello, la autoridad laboral mantenga una conducta pasiva. En efecto, en el caso es improcedente el juicio de amparo indirecto por el acto que se ha destacado con antelación, pues la conducta omisiva por parte de la autoridad laboral, que se impugna, es la omisión de acordar la promoción que exhibió ante la autoridad responsable el catorce de julio de dos mil dieciséis, en la que solicitó que resuelva el incidente de liquidación ordenado en el laudo condenatorio, como lo manifiesta bajo protesta decir verdad en su escrito de demanda. Por lo cual, como se anticipó, en el caso no se vulneran derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, pues lo que pretende la quejosa es que se resuelva el incidente de liquidación y se continué con el procedimiento de ejecución de laudo, por lo que, si la autoridad responsable ha sido omisa en acordar dicha promoción, se encuentra en aptitud de acudir ante él, para impulsar el procedimiento y cesar la omisión reclamada. Por tanto, en el caso se observa en forma clara y manifiesta que el juicio de amparo por el acto reclamado antes referido, es notoriamente improcedente, al no causarle a la quejosa un perjuicio de imposible reparación pues como ya se dijo, está en aptitud de acudir ante la responsable y solicitar que acuerde su escrito que exhibió el catorce de julio de dos mil dieciséis en el que peticionó que resuelva el incidente de liquidación ordenado en el laudo condenatorio, aunado a que la omisión reclamada no vulnera derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, dado que lo reclamado está íntimamente ligado al laudo, como lo es su pretensión de ejecución, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Tesis P./J. 108/2010, Página 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." También robustece lo sustentado, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Materia Común, Tesis: I.3o.C.51 K (10a.), Página 1588, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada." A la par de lo anterior, también se observa que la parte quejosa, en su escrito de demanda refiere actos genéricos, ya que cita que la responsable omite concluir el desahogo de las pruebas y resolver el incidente de liquidación ordenado en el laudo de veintidós de mayo de dos mil quince, circunstancia que, como ya se dijo, se traduce en omisión genérica de realización incierta debido a que no se trata de actos inminentes, al estar supeditadas a las diversas etapas del procedimiento. Ello es así, toda vez que el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, positivos o negativos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control de los actos de la autoridad no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Estos elementos permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán. Lo anterior, de conformidad con la tesis aislada emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "ACTOS FUTUROS.-Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización, lo que en la especie no acontece, toda vez que el acto reclamado por la quejosa es genérico, dado que no precisa de manera concreta la omisión, acto o resolución de la etapa de instrucción que estima le causa agravio, sino que menciona actos futuros e inciertos, ya que únicamente se limita a expresar que la responsable omite concluir el desahogo de las pruebas y resolver dicho incidente ordenado en el laudo. Por tanto, al tratarse el motivo de inconformidad en comento en una omisión genérica se torna jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada, y como consecuencia de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al tribunal laboral para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la continuación del procedimiento pues no debe olvidarse que existen cargas procesal que deben cumplir las partes, que dé impulso al procedimiento, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, ya que en la forma en que fue combatida la omisión debe estimarse como aquellos de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad de las partes. Resulta aplicable a lo antes determinado, la jurisprudencia que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Tesis 2a./J. 15/2011 (10a.), Página 2771, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al igual, es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia emitida en Pleno en Materia de Trabajo por el Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Tesis PC.I.L. /J/10 L, Página 844, de la literalidad siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fausto Tavira Solís, Marisol Añorve Velázquez y Jesús Montalván Ramírez, por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a Ana Laura Gatica Morales, Karen Patricia Mendoza Velázquez, Juan Jesús Jaramillo Velediaz, Ricky Iván Martínez García y Eduardo Aguilar Ayala, en términos del numeral 12 de la Ley de la Materia, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, en virtud de que no se encontraron en el sistema mencionado. Finalmente con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.
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