María del Carmen Santiago Martínez

Expediente 1544/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1544/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Santiago Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte transcurrió el término establecido en el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra el proveído dictado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este sumario. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposiciones expresa de su artículo 2º, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido del auto pronunciado, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, pues se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este sumario; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en los Libros Electrónicos de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y una vez transcurran tres años, deberán transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos ni Tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1544/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación precedente y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado y las constancias remitidas por la autoridad responsable Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo; sin embargo, no se pronunció al respecto a pesar de estar debidamente notificada para ello. Al efecto se acuerda: En esa tesitura, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, y se tiene por no ampliada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 111, concatenado con el diverso 114, penúltimo párrafo; por tanto, este órgano jurisdiccional resolverá únicamente por la cuestión y la autoridad precisadas en el escrito inicial de demanda. Bajo ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de dar contestación al escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, la quejosa reclamó de la autoridad responsable 1. Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Delegación Estatal Chiapas, con sede en esta ciudad, la omisión de dar contestación al escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. En esa tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, a las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; se obtiene que mediante oficio número ********************, de once de noviembre de dos mil veintidós, le dio respuesta a la solicitud de la promovente. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo, se insiste, fue subsanado con la emisión de la determinación de once de noviembre de dos mil veintidós, en el que se le informó lo conducente respecto de la pretensión que formuló ante dicha institución. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlo, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de su garantía transgredida, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto del acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Comisión Nacional de Fomento Educativo, con sede en esta ciudad. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de enero de dos mil veintitrés. Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve que de las constancias remitidas por la responsable de mérito al rendir su informe justificado, no se advierta que haya notificado personalmente a la peticionaria la respuesta dada a su solicitud; sin embargo obra el acuse del envío generado vía correo electrónico a la dirección catemchiapas@gmail.com, proporcionada por la propia quejosa en el escrito de mérito, toda vez que la autoridad responsable refirió que la misma se había negado a recibirlo personalmente. Además, es de estimarse que la quejosa se impuso de su contenido al momento en que se le dio vista con el mismo por acuerdo de treinta de noviembre del año en curso. Sirve de apoyo a lo esgrimido, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 36/993, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Carlos de León Betanzos, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación precedente y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado y las constancias remitidas por la autoridad responsable Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo; sin embargo, no se pronunció al respecto a pesar de estar debidamente notificada para ello. Al efecto se acuerda: En esa tesitura, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, y se tiene por no ampliada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 111, concatenado con el diverso 114, penúltimo párrafo; por tanto, este órgano jurisdiccional resolverá únicamente por la cuestión y la autoridad precisadas en el escrito inicial de demanda. Bajo ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de dar contestación al escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, la quejosa reclamó de la autoridad responsable 1. Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Delegación Estatal Chiapas, con sede en esta ciudad, la omisión de dar contestación al escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. En esa tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, a las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; se obtiene que mediante oficio número ********************, de once de noviembre de dos mil veintidós, le dio respuesta a la solicitud de la promovente. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo, se insiste, fue subsanado con la emisión de la determinación de once de noviembre de dos mil veintidós, en el que se le informó lo conducente respecto de la pretensión que formuló ante dicha institución. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlo, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de su garantía transgredida, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto del acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Comisión Nacional de Fomento Educativo, con sede en esta ciudad. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de enero de dos mil veintitrés. Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve que de las constancias remitidas por la responsable de mérito al rendir su informe justificado, no se advierta que haya notificado personalmente a la peticionaria la respuesta dada a su solicitud; sin embargo obra el acuse del envío generado vía correo electrónico a la dirección catemchiapas@gmail.com, proporcionada por la propia quejosa en el escrito de mérito, toda vez que la autoridad responsable refirió que la misma se había negado a recibirlo personalmente. Además, es de estimarse que la quejosa se impuso de su contenido al momento en que se le dio vista con el mismo por acuerdo de treinta de noviembre del año en curso. Sirve de apoyo a lo esgrimido, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 36/993, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Carlos de León Betanzos, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por el apoderado y representante legal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), residente en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual rinde informe justificado y exhibe constancias relativas al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación y anexo de cuenta únicamente para que obren como corresponda, toda vez que en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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