María del Carmen Sánchez Santillan

Expediente 1131/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1131/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • María del Carmen Sánchez Santillan

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Director Jurídico Contencioso, dependiente de la sindicatura Municipal, en representación del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que en su base de datos no fue localizado registro a nombre del tercero interesado Joseph Louis Michaels Flores Gutiérrez; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimento al requerimiento de mérito. En ese mismo contexto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de doce de noviembre de dos mil veinte, se tuvo como tercero interesado a JOSEPH LOUIS MICHAELS FLORES GUTIÉRREZ; asimismo, en proveído de primero de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que señalara diverso domicilio del aludido tercero interesado, y se le apercibió, que de no hacerlo, su emplazamiento se ordenaría por medio de edictos cuya publicación sería a su costa, previa investigación que se hiciera de su domicilio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en consecuencia de lo anterior, mediante auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el quejoso manifestó desconocer diverso domicilio en donde sea factible llamar al tercero interesado Joseph Louis Michaels Flores Gutiérrez. Luego, cabe mencionar que en el aludido auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades señaladas como responsables, a efecto de que informaran respecto del domicilio del tercero interesado, sin embargo, mediante auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el telegrama remitido por el Juzgado Primero de lo Civil del Décimo Segundo Partido Judicial, son residencia en Autlán, Jalisco, e informó que el último domicilio procesal o convencional que señaló Joseph Louis Michaels Flores Gutiérrez en el juicio 74/2009 de su índice, fueron los estrados del Juzgado. Luego, mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno y en el diverso de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se realizó la investigación aludida y se requirió a diversas autoridades del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, así como a las autoridades en el Estado de Jalisco, informando diversos domicilios las dependencias requeridas los registros a nombre del mismo, por lo cual se encomendó a realizar diversas gestiones, para llevar acabo dicho emplazamiento, sin tener éxito alguno; por consiguiente, con apoyo en lo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito está obligado a citar a juicio al tercero interesado para que pueda acudir en defensa de sus intereses; por tanto, conforme a lo dispuesto en los artículo 27, fracción III, inciso b), de la citada Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la anterior, se ordena hacer efectivos los aludidos apercibimientos, por tanto, efectúese el emplazamiento del tercero interesado Joseph Louis Michaels Flores Gutiérrez, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que deberán contener una relación suscrita de la demanda y publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, haciéndoles saber que deberán presentarse dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, a este Juzgado Federal y apersonarse en el juicio de amparo y que en la Secretaría del propio órgano jurisdiccional queda a su disposición una copia simple de la demanda. Además, fíjese en los estrados de este Juzgado, copia íntegra de este acuerdo, por todo el tiempo que dure el emplazamiento y si pasado ese período no se apersona el tercer interesado de mérito, continúese el procedimiento en este juicio y efectúense las posteriores notificaciones por medio de lista. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que la publicación de los edictos queda a su cargo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo para que dentro del lapso de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado de Distrito a recibir los edictos; más otros veinte días para que acredite la publicación de los mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso b) párrafo segundo de la Ley de Amparo, apercibido que de no cumplir con lo anterior en los términos indicados, se sobreseerá esta instancia constitucional, ante la imposibilidad de continuar el procedimiento sin la intervención de la totalidad de las partes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con los preceptos 5o., fracción III, inciso a) del citado cuerpo normativo. En ese sentido, atento a lo preceptuado en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en la notificación que se practique de la presente determinación a la parte quejosa, hágase entrega del Código QR, respectivo, para el ingreso al edificio a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Con motivo de ello, gírese oficio, a la Administración Regional en Jalisco del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de correo electrónico, a efecto de notificarle la aludida cita a fin de coordinar con el área de seguridad de este inmueble, para facilitar los accesos en la fecha y hora de la diligencia. Finalmente, no pasa inadvertido que por auto de veintiséis y treinta de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a la Coordinador B adscrita a la Dirección Jurídica y de Comercio del Registro Público del Estado de Jalisco y al Jefe de la Unidad Departamental de Certificaciones Catastrales del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual proporcionaron un domicilio en el que puede ser emplazado el aludido tercero, sin embargo del análisis de las constancias, se advierte que es el mismo domicilio señalado en la constancia actuarial con registro 8188, de la que se advierte que dicho domicilio no corresponde al tercero interesado.

  3. Principal

    Por este medio notifico a la parte quejosa la resolución de seis de julio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió a notificarse personalmente de la misma, no obstante de habérsele dejado aviso para tal efecto. La resolución de mérito a la letra dice: "Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por considerarlo violatorio del derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 3, 20, 21 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, 1, 5, 12, 14 demás relativos del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, intégrense los expedientes físico y electrónico del juicio de amparo de que se trata; regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1131/2021. Del análisis e interpretación de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el asunto, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que se combate la dilación procesal ocasionada en el juicio laboral ***, la cual se materializa, específicamente, en la omisión de dictar acuerdo sobre el escrito inicial de demanda presentado el día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno ante la oficialía de partes de la autoridad responsable al cual se le asignó el número de expediente ***. Como se anticipó, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De igual forma, es necesario tener presente el contenido del artículo 170, fracción I, de la ley de la materia. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.". Del análisis de los artículos en cita, se advierte que tratándose de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el juicio de amparo directo; siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, debe señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.) , estableció que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que la demanda de amparo interpuesta contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Empero, señaló como caso de excepción, que cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, exclusivamente en ese caso el juicio es procedente. Cabe precisar que, dentro del juicio laboral existente múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y los servidores públicos que participan en ellos, provean de manera expedita los diversos trámites que la secuela procesal en que se encuentre exija, así como que dichos términos pueden encontrarse sujetos a diversas situaciones que pongan en peligro que los mismos se cumplan en su cabalidad, ya sea por interposición de recursos, excesiva carga de trabajo, fuerza mayo o hechos fortuitos que acontezcan, entre otra. Atento a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró la dificultad para el establecer un lapso general en el que la duración de una demora procesal se pueda traducir en una auténtica paralización al procedimiento que haga procedente el amparo indirecto, caso en el cual se consideraría que más allá de una paralización procesal, se estaría en una denegación a la impartición de justicia, contraviniendo así con lo dispuesto por el párrafo segundo del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, estableció como parámetro objetivo que exista una abierta demora del procedimiento o su paralización cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Así, a efecto de que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra dilaciones dentro de un procedimiento jurisdiccional, es indispensable que se esté ante la omisión absoluta, evidente, actual y lesiva de proveer al respecto en un plazo mayor a cuarenta y cinco días contados a partir de que transcurra el término con el que cuenta la autoridad jurisdiccional para el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, publicada uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2019400, Instancia Segunda Sala; Materia Común, Laboral; Décima Época: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". En esa tesitura, conviene transcribir los artículos 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales señalan: Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo a disposición en contrario de esta Ley..." (Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito). Del análisis integral y armónico de los preceptos legales antes transcritos, se advierte con claridad cuál es el término y plazo legal establecido por el Código Obrero, en lo relativo al dictado de sus resoluciones, las que deben resolverse en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en las que reciba promociones por escrito. Advertido lo anterior, se observa que la parte quejosa el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, presentó escrito inicial de demanda ante la Junta responsable, sin que a la fecha, la responsable haya dictado acuerdo en el juicio ***; empero, también es cierto que, a la fecha de presentación de la demanda no existe una abierta dilación o su paralización total, que transgreda el derecho humano de acceso a la justicia, contemplado en el artículo 17 del Pacto Federal en la medida de que de conformidad con los artículos 772 y 838 de la Ley Federal de Trabajo, la Junta responsable, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que recibió el escrito, debió de proveer, y en su caso, admitir la demanda laboral; más cuarenta y cinco días naturales que es el periodo máximo que tolera la Ley obrera para que el juicio permanezca inmóvil; por lo que es evidente que para verificar si existe una dilación debió transcurrir un periodo mínimo cuarenta y ocho horas, más cuarenta y cinco días naturales. En consecuencia, la dilación procesal de que se duele la parte quejosa sobrevenida en el juicio natural ***, constituyen actos de carácter intraprocesal, que no generan una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter adjetivo, al considerarse que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, tal como se dilucidó en párrafos que anteceden. Por lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, y se desecha de plano la presente demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizados de su parte a las personas que designa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser el presente asunto de naturaleza laboral, que es una excepción a la regla contenida en el propio precepto legal; de ahí que los autorizados de que se trata se tengan como tal, en los términos amplios del numeral que se invoca. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.50/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 127, es del rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN EL JUICIO EN MATERIA AGRARIA. ESTA LEGITIMADO PARA INTERPONER RECURSOS. Por su parte, dado que la quejosa proporciona nombre de usuario de uno de sus autorizados (***) y que el mismo se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio procesal el que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Finalmente, se exhorta a las partes, a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo preceptuado ACUERDO GENERAL 22/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID19.".

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