María del Carmen Sánchez Ángeles
Expediente 560/2022 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/03/2023
Partes del expediente
- Titular de la Secretaría de Salud Federal del Gobierno de México
- María del Carmen Sánchez Ángeles
- María Lucía Arroyo López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que el cinco de diciembre de dos mil veintidós, se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación 51/2022, interpuesto en contra del proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la presidencia de este tribunal colegiado en el amparo directo 560/2022, en el que se desechó la demanda por falta de firma, promovido por María Lucila Arroyo López, por propio derecho. Devolución de autos. Devuélvanse los autos originales del recurso de revisión 1178/2021 y del juicio fiscal 42/2021, a la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, solicitando el acuse recibo respectivo.
- Amparo en revisión
II.Archivo y valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. En la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, por propio derecho, contra de la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictada por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el recurso de revisión 1185/2020, en la que se confirmó el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitido por la Cuarta Sala Regional de ese Tribunal mediante el cual tuvo por cumplida la sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio contencioso 755/2017, en términos de lo expuesto en el último considerando de la sentencia que se recurre y para los efectos indicados en su parte final."
- Amparo en revisión
Primero. Se confirma la sentencia recurrida. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege. (unanimidad)
- Juicio de Amparo Directo
II. Desechamiento de demanda por falta de firma. En el caso concreto, debe sobreseerse en el juicio de amparo directo, toda vez que no existe manifestación de voluntad del quejoso, esto es, no se cumple con el primero de los principios constitucionales que rigen la acción constitucional: el principio de instancia de parte agraviada. a) Análisis conceptual, normativo y jurisprudencial del principio de instancia de parte agraviada. Uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo, es el contenido en la fracción I2 del artículo 107 constitucional y en los artículos 53 y 64 de su ley reglamentaria, esto es, tal instancia constitucional se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo que significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de 1 Artículo 22. [.] Por su parte, las promociones recibidas físicamente deberán integrarse a un expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, atendiendo a lo dispuesto en el siguiente artículo. Todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes: I. Copias de traslado. II. Hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan. III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. Los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar los anexos. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización de anexos previo a su turno. En casos excepcionales, el personal de la mesa de trabajo a la que se haya turnado el asunto podrá solicitar el auxilio de la administración de cada edificio para contar con el apoyo de las jornadas de digitalización. 2 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; 3 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley 4 Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona -física o moral- titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; la Ley de Amparo en sus artículos 10 y 11 autoriza que la persona afectada pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Dichas figuras jurídicas entendidas como la calidad procesal para actuar en un juicio a nombre de otro constituyen la expresión de un acto jurídico regular que exige la satisfacción de ciertos requisitos en los que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los formales que deba contener para su validez. Tal principio se ve reflejado en la firma -autógrafa o electrónica- de la parte quejosa, pues es con ella con la que se refleja la voluntad de promover la acción. Así, entonces debe tenerse en cuenta lo que dispone el numeral 35 de la Ley de Amparo. Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que la autógrafa. De esta manera, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de promover la demanda de amparo. El mismo numeral 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Sentado lo anterior, debe también dejarse claro que la ley reglamentaria establece la obligación -en la vía directa- de presentar la demanda de amparo ante la autoridad responsable, incluso haciendo uso de las tecnologías de la información y aun cuando no se tenga celebrado convenio de interconexión con los tribunales de las entidades federativas y se haga uso de la firma 5 "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." electrónica distinta a la FIREL (por ejemplo, la e.firma, emitida por el Servicio de Administración Tributaria; o, bien, la Firma Electrónica Judicial del Estado de México, gestionada por el Poder Judicial de esa entidad); sin embargo, no exenta de plasmar la firma -autógrafa o electrónica-, pues esta es, como ya se dijo, la manifestación de la voluntad con el que se colma el principio de instancia de parte agraviada. Además, debe dejarse claro que una firma escaneada no es lo mismo ni se equipara a una firma electrónica y mucho menos a una autógrafa, a pesar de que se afirme que la primera es la digitalización de la última, dado que las únicas posibilidades que se prevén es que se contenga firma electrónica o autógrafa. Así, si la demanda no cuenta con firma autógrafa -signo gráfico- o electrónica -con evidencia criptográfica-, lo procedente es desecharla de plano -si aún no se admite- o sobreseer en el juicio -si la demanda ya fue admitida-, ya que se está ante el incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno Máximo Tribunal de nuestro País, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Incluso, más recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2021 -resuelta en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintidós-, sostuvo que aun en el contexto de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (PJF) que carezca de la firma electrónica (FIREL) del promovente. b) Análisis del uso del Tribunal Electrónico de Justicia Administrativa. Ahora bien, con independencia de las obligaciones que se establecen a cargo del Poder Judicial de la Federación en la implementación de las tecnologías de la información para la promoción de juicios de amparo vía electrónica, los Poderes Judiciales Locales y Tribunales Jurisdiccionales Autónomos pueden contar con un sistema que permita la recepción de demandas de amparo directo vía electrónica, para lo cual será válido el uso de la firma electrónica que consideren o podrán, en su caso, celebrar convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación, según lo dispone el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin embargo, resulta indispensable que, sea con la FIREL o con una diversa, pueda probarse la autenticidad y validez del documento recibido. Tales cuestiones fueron ya analizadas por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCXLIV/2016 (10a.), surgida del amparo directo en revisión 565/2016, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI LA DEMANDA DE ORIGEN CUENTA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR LOS PODERES JUDICIALES LOCALES, AUN CUANDO NO EXISTA CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El hecho de que al momento de promover un juicio de amparo directo mediante el empleo de las tecnologías de la información, no se haya celebrado aún el convenio de coordinación respectivo entre los Poderes Judiciales Local y Federal, para el reconocimiento de certificados digitales homologados, no puede dar pie a que se considere actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o., ambos de la Ley de Amparo, por incumplir con el principio de instancia de parte agraviada; ello, siempre y cuando la demanda de origen cuente con la firma electrónica autorizada por los Poderes Judiciales Locales, y que constituya la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el medio de control constitucional de que se trata, pues aun cuando esa firma no sea la autorizada o reconocida por el Consejo de la Judicatura Federal, la inexistencia del aludido convenio no puede atribuirse al quejoso, máxime que el amparo directo surge en razón de un proceso jurisdiccional previo del orden común, y su promoción se realiza por conducto de la autoridad responsable al efecto." En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Junta de Gobierno y Administración de ese órgano, emitió el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para el uso, buen funcionamiento e incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos administrativos y jurisdiccionales proporcionados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el cual se publicó en la Gaceta del Estado de México el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, donde estableció la posibilidad de hacer uso del Tribunal Electrónico de Justicia Administrativa (TEJA). En tal acuerdo se previó que las partes en un juicio contencioso podían actuar en dicha plataforma electrónica; empero, en el propio cuerpo normativo se señaló que deberá hacerse uso de la firma electrónica, así como una excepción para el caso de las demandas de amparo directo, justo por la falta de implementación de un sistema de firma electrónica avanzada. Así, se tiene que los artículos 18 y 326 del último cuerpo normativo, se tiene que las demandas de amparo deberán presentarse de manera física, por lo que en esos supuestos no puede remitirse por el Tribunal Electrónico de Justicia Administrativa al no existir operatividad de la firma electrónica ante aquel. De lo que se concluye que, tratándose de las demandas de amparo directo en contra de actos atribuidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México deben presentarse físicamente con firma autógrafa, hasta en tanto inicie la operatividad de la firma electrónica en la plataforma respectiva, so pena de que la demanda sea desechada o el amparo sobreseído. c) Análisis del caso concreto. Del informe justificado, la magistrada presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México expuso que la demanda carecía de firma autógrafa. 6 "Artículo 18. La firma electrónica avanzada podrá utilizarse en los casos que el TEJA lo permita, en el entendido que, los documentos digitalizados enviados por los usuarios que cuenten con ésta, producirán los mismos efectos que los firmados de forma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor; por tanto, no será necesaria su posterior firma autógrafa para ser agregados al expediente impreso, puesto que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. [.] Artículo 32. Para la presentación de demandas de amparo, hasta en tanto no se implemente la firma electrónica avanzada, se deberán presentar de manera física ante la oficina de Correspondencia Común u Oficialías de Partes del Tribunal, según corresponda". De la revisión del expediente en que se actúa, es claro advertir que, en efecto, la demanda respectiva obra con una digitalización de la firma autógrafa. Así, es cierto que es válida la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos siempre que se cuente con certificados electrónicos denominados firma electrónica aun cuando no hubiera convenio con el Poder Judicial de la Federación7 ; empero, en el caso no opera tal salvedad, porque se requiere necesariamente una firma electrónica y no una versión digitalizada de la firma autógrafa. Entonces, lo procedente es desechar la demanda de amparo, al resultar fundada la causa de improcedencia propuesta por la responsable, prevista en el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo; en relación con la fracción I, del numeral 107, constitucional y los diversos 5 y 6 del primer ambos ordenamiento. III. Autorizados. Se tienen como autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en el entendido de que si tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; se les tendrá como autorizados en términos amplios del precepto legal antes mencionado. IV. Consulta de expediente electrónico. En virtud de que la parte quejosa solicita se le conceda la consulta al expediente electrónico del presente asunto, y toda vez que cuenta con el usuario "aldo8692", el cual sí se encontró de la consulta realizada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF); de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta al presente expediente electrónico, en el entendido de que se podrá acceder al mismo una vez que el presente proveído se integre al expediente en que se actúa; haciendo de conocimiento que la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. Se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional encargado del Sistema integral de Seguimiento de Expediente (SISE), para que autorice el 7 Como se definió en la jurisprudencia 2a./J. 19/2018 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de nuestro País, de rubro: "FIRMA ELECTRÓNICA. ES VÁLIDA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO QUE LA CONTIENE, PRESENTADA MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, AUN CUANDO NO EXISTA CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." nombre de usuario "aldo8692" para que pueda realizar la consulta del expediente electrónico. V. Notificaciones electrónicas. Por lo que hace a la solicitud de la quejosa de que se realicen las notificaciones vía electrónica al usuario "aldo8692"; de una revisión hecha en Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF), se aprecia que se encuentra registrado a nombre de Aldo Rodrigo Camacho Ocaña; en consecuencia, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este tribunal colegiado para que realice las notificaciones personales del presente asunto por vía electrónica; en el entendido de que las mismas seguirán las reglas que establece el Capítulo Sexto del Acuerdo inmediatamente referido. En términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, la promovente queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días hábiles y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31, de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este Tribunal la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica". VI. Exhorto a las partes. Atento a lo dispuesto por el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. VII. Medios de contacto con este tribunal. Se hace de conocimiento a las partes que pueden establecer contacto con este órgano de control de constitucionalidad, para cuestiones no procesales, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, seleccionando el apartado de "Servicios Jurisdiccionales"; en términos de lo dispuesto por el artículo 2578 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. VIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. IX. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, suscrita por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no 8 Artículo 257. Los órganos jurisdiccionales procurarán utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: I. Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos.
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