María del Carmen Sánchez Ángel
Expediente 626/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María del Carmen Sánchez Ángel
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de las cuales se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por -----------, en el presente juicio de amparo 626/2020- III, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del capítulo segundo, punto cuarto, del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -------------, contra actos de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 626/2020-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, en el caso a estudio, de manera indudable y notoria se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, la fracción en cita establece que: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)" Esta porción normativa regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es?????? otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. El principio de definitividad en el juicio de amparo es un requisito indispensable (sine qua non) que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza misma del amparo; en efecto este es un medio extraordinario de defensa, sui generis, que tiene por objeto invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recurrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa. Si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, cuando su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los tribunales federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por parte del interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de invalidación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad, salvo los casos que establece el propio numeral. Sirve de apoyo la jurisprudencia, I.3o.C. J/39, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1214, cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." No obstante que esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción: el primero, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII del artículo 107 constitucional, relativos a la violación de las derechos humanos previstos en los numerales 16, 19 y 20 de la Carta Magna; es decir, no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario, su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b y c) de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. Establecido lo anterior, ahora para demostrar la aplicabilidad de la causal en estudio, conviene mencionar el contenido de los artículos 279 al 284 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, que disponen lo siguiente:??????????? Artículo 279.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la sala regional competente la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades demandadas para su cumplimiento. En el propio oficio en que se haga la notificación a los demandados, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia respectiva. Artículo 280.- Si dentro de los tres días siguientes a la notificación a los demandados, la sentencia no quedare cumplida o no se encontrare en vías de cumplimiento, la sala regional competente, de oficio o a petición de parte, dará vista a las autoridades para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Se formulará la misma vista, cuando el actor manifieste que existe defecto o exceso en la ejecución de la sentencia o que se ha repetido el acto impugnado. La sala regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma y si no se ha repetido el acto impugnado. De lo contrario, la requerirá para que cumpla la decisión respectiva en un plazo de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación y previniéndola que, en caso de renuencia, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente de 100 a 1,000 días de salario mínimo vigente en la jurisdicción correspondiente. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el magistrado comisionará al secretario de acuerdos o actuario para que dé cumplimiento a la ejecutoria, en caso de que no lo haga la autoridad en ese plazo. En los casos en que por la naturaleza del asunto no sea materialmente posible dar cumplimiento a la sentencia o iniciar su cumplimiento dentro del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, el magistrado podrá ampliarlo hasta por diez días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique a los demandados el requerimiento correspondiente. Artículo 281.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiere en su actitud, la sección de la sala superior resolverá a instancia de la sala regional, solicitar del titular de la dependencia estatal, municipal u organismo a quien se encuentre subordinado, conmine al servidor público responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, en un plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta. Cuando la autoridad u organismo no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente con ellas. Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la resolución, la sección de la sala superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto que goce de fuero constitucional. En caso de que el servidor público administrativo goce de fuero constitucional, la sección de la sala superior formulará ante la Legislatura Estatal la solicitud de declaración de desafuero, en cuya tramitación y resolución se aplicarán en lo conducente las disposiciones del título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos, así como aquellas que se encuentren obligadas en atención a la naturaleza de sus atribuciones, incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades demandadas. Si la sentencia se encuentra cumplida, así lo determinará la Sección de la Sala Superior, ordenando el archivo del recurso o juicio respectivo. Artículo 282.- Tratándose de actos de privación de la propiedad de bienes inmuebles, la sección de la sala superior podrá determinar, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, el cumplimiento sustituto de las ejecutorias, mediante el pago del valor comercial de los inmuebles, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el actor. Artículo 283.- El juicio contencioso administrativo podrá archivarse cuando quede cumplida la sentencia ejecutoria en que se haya declarado la invalidez del acto o la disposición general impugnada, o bien haya operado la caducidad. Opera la caducidad del cumplimiento de sentencia, cuando haya transcurrido el término de seis meses sin que la parte interesada realice promoción alguna al respecto. Artículo 284.- Las disposiciones anteriores se aplicarán en lo conducente cuando no se dé cumplimiento, se viole o exista exceso o defecto en la ejecución del acuerdo de suspensión que se hubiere decretado respecto del acto impugnado." De acuerdo con los artículos citados, se desprende que tratándose del juicio contencioso administrativo local, ese periodo de ejecución de incumplimiento de la sentencia, tiene las siguientes características:?????????????? El procedimiento de cumplimiento de sentencia se inicia cuando cause ejecutoria una sentencia favorable para el actor. Esa determinación debe comunicarse a las autoridades demandadas, por oficio y sin demora, para su cumplimiento. Si dentro de los tres días siguientes a la notificación la sentencia no queda cumplida o la autoridad no realiza algún acto tendente al cumplimiento, se le dará vista para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo mismo que cuando el actor manifieste que existe exceso o defecto en el cumplimiento, o bien, que se ha repetido el acto impugnado. La Sala Regional deberá resolver si la demandada cumplió con la sentencia, si existe defecto o exceso en la ejecución o si se ha repetido el acto impugnado. De estimarse que no ha quedado cumplida, la sala deberá requerir nuevamente para que cumpla la decisión respectiva en un plazo de tres días posteriores al en que surta sus efectos la notificación de tal requerimiento, con el apercibimiento de que, de existir renuencia, se le impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente de cien a mil días de salario mínimo. Cuando la naturaleza del acto lo permita, podrá comisionarse al secretario o actuario para que dé cumplimiento a la ejecutoria. En caso de imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia o iniciar su cumplimiento dentro del plazo de tres días, el magistrado de la Sala Regional podrá ampliarlo hasta por diez días. Si una vez realizado todo lo anterior, la autoridad demandada no cumple con la sentencia, a instancia de la Sala Regional, la Sección de la Sala Superior intervendrá en el procedimiento de cumplimiento. Esta intervención consiste en solicitar del titular de la dependencia estatal, municipal u organismo a quien se encuentre subordinado, conmine al servidor público responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal en un plazo de tres días; esto es, si la autoridad demandada tiene superior jerárquico, se le requerirá para que conmine a dicha autoridad a cumplir con la ejecutoria, de lo contrario, la Sección de la Sala Superior hará el requerimiento directamente con la autoridad, en el entendido de que las autoridades requeridas como superiores incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento a las sentencias, en los mismos términos que las demandadas. En caso de que la autoridad persista en su contumacia, la Sección de la Sala Superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, a excepción de que goce de fuero constitucional. En ese tenor, en el presente asunto la parte quejosa reclama el defecto en el cumplimiento por parte de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec de Morelos, a la sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Cuarta Sala Regional del Tribual de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 755/2017. En ese sentido como se desprende del contenido de los citados artículos 279 al 284 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, deben agotarse todos y cada uno de los elementos del procedimiento de cumplimiento cuando se la parte actora considere que existe exceso o defecto en el mismo, que para tal efecto señala la legislación aplicable, los cuales, una vez agotados se emitirá una determinación en la que se pronunciara, si existe o no defecto o exceso en la ejecución de la sentencia, pronunciamiento que estará a cargo de la Sala Regional que conoció del asunto. Para el caso, de que se resuelva que la sentencia no ha quedado cumplida, se remitirán los autos a la Sala Superior, quien en ejercicio de sus facultades, requerirá el cumplimiento de sentencia, pudiendo decretar a la autoridad demandada, en caso de insistir en el incumplimiento, la destitución del servidor público responsable. Ahora bien, de los antecedentes que narra la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se desprende que no se agotó e??????????? principio de definitividad, puesto que la peticionaria de amparo no solicitó a la autoridad responsable se diera vista a la autoridad enjuiciada para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, en cuanto al defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, por la Cuarta Sala Regional del Tribual de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del juicio administrativo 755/2017, para que así ésta se pronunciara si existe o no ese defecto. Por tanto, es inconcuso que respecto al acto reclamado en estudio, se actualiza la causal de improcedencia señalada en supra líneas. Por lo cual, es indudable que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, por lo que, procede DESECHAR la demanda de amparo promovida por María del Carmen Sánchez Ángel. En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle Sierra Encantada, Número 1, Colonia Benito Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por así haberlo solicitado. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Ricardo Lazo Gallegos, el cual podrá gozar de las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y respecto de la diversa persona que menciona, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite tener su cédula profesional registrada en dicho Sistema. Por otra parte, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 221 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales2 , además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Aunado a que, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Óscar Durán Valdés, siendo el número telefónico 53870500, extensión 1391, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley 1 Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente." 2 ". CUARTO. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/.?????????? Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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