María del Carmén Salvador Sánchez

Expediente 1483/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1483/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • María del Carmén Salvador Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    SE AGREGA OFICIO MEDIANTE EL CUAL INFORMAN QUE SE ADMITIÓ RECURSO DE REVISIÓN....

  2. Principal

    SE AGREGA ESCRITO, SE TIENE POR INTERPUESTO RECURSO DE QUEJA Y SE RINDE INFORME...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO MARÍA DEL CARMEN SALVADOR SÁNCHEZ, EL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente dice: "Se acepta competencia Se tiene por recibido el oficio signado por el actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo directo 872/2019, de su índice, promovido por María del Carmen Salvador Sánchez, del que se advierte que en proveído de ocho noviembre del presente año, dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de Guaymas, Sonora. En virtud de lo anterior, este Juzgado se avoca a conocer del presente asunto. Se ordena acusar el recibo correspondiente. Formación y Registro del Expediente Se ordena formar expediente y su registro en el libro de gobierno con el número 1483/2019, y dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a que las constancias remitidas por la autoridad responsable con sede en esta ciudad, resultan ser voluminosas, para facilitar el manejo del presente expediente se ordena la apertura del Anexo I de pruebas, al cual quedan vinculadas las partes en términos del artículo 3°, párrafos séptimo y octavo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 14 del Acuerdo General conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3° de la citada ley, no se consideran indispensables para integrar el expediente electrónico e impreso. Desechamiento Expuesto lo anterior, se concluye que la demanda de amparo debe desecharse de plano, ante lo manifiesto e indudable de su improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. De la lectura integral de la demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107 fracción V, del mismo ordenamiento. El precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que: Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en los derechos fundamentales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En esas condiciones, tratándose de una violación procesal en el juicio, que no afecte materialmente alguno de los derechos sustantivos del quejoso, deberá reclamarse en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. En tal virtud, los actos que reclama la parte quejosa no la dejan sin defensa ni constituyen una violación de carácter irreparable, pues estos consisten en: 1.- La determinación de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio civil 1201/2008, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo por el que se le requirió para que señalara la documentación necesaria para remitir el diverso recurso de apelación interpuesto por ésta en contra de la resolución incidental nulidad de actuaciones de cuatro de abril de dos mil diecinueve. 2.- El auto de veintitrés de septiembre del mismo año, donde se declaró firme la resolución incidental nulidad de actuaciones apelada, en virtud de no haber dado cumplimiento a la prevención de señalar la documentación necesaria para remitir el recurso de apelación. En este contexto, el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del solicitante del amparo consagrados por la constitución ni tiene efectos de imposible reparación en virtud de que los actos que tienen esa característica, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, entre otros) y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías para su protección; o bien, afectan los establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte. En todo caso, el acto reclamado pudiera derivar en una violación a las leyes que norman el procedimiento, que solo impacta al quejoso en el juicio de origen y no se materializa en una afectación a un derecho sustantivo, sino únicamente en el ámbito procesal; además, dicha violación es susceptible de no transcender al fallo definitivo pues el solicitante de amparo podría resultar vencedor en el juicio de origen, caso en el que, no resentiría ningún perjuicio por la determinación tomada en el incidente de nulidad. De ahí que no se consideren irreparables para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada el viernes dos de mayo de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación a la fracción V del numeral 107; con apoyo en el artículo 113 de la Ley en cita, se desecha la demanda de amparo. Domicilio y Autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Berlín número 23, Interior "D", colonia Centenario de esta ciudad. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Alejandro Santa María Morales, Florencio Jaramillo López y Ángel Horacio Pliego Contreras, toda vez que no se centran inscritos en el Registro Único de Cedulas Profesionales de Abogados Postulantes del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de Días y Horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal y, en su caso, el emplazamiento a la parte tercero interesada, aún en días y horas inhábiles. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se ordena hacer del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso..."

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