Maria del Carmen Ruvalcaba Rivera
Expediente 1095/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2018
Partes del expediente
- Maria del Carmen Ruvalcaba Rivera
Actuaciones
- Principal
Causa estado, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. El presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales. el presente expediente no contiene información de relevancia documental e histórica.No existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Devuélvanse al Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dos cuadernos de pruebas que remitió, por lo cual se solicita acuse de recibo.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Téngase por recibidos el oficio y anexos que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con los que informa que el órgano colegiado al que se encuentra adscrito declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María del Carmen Ruvalcava Rivera, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 37, 45, 107 de la Ley de Amparo, y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada; acúsese el recibo de estilo a la superioridad y con apoyo en el numeral 112 de la Ley de Amparo, se procede a proveer sobre la demanda de amparo en mención. Consecuentemente, se ordena desglosar del expediente original 940 2012, del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la demanda de amparo presentada por María del Carmen Ruvalcaba Rivera, así como su respectiva certificación y en su lugar agregar copia certificada de la misma, para que obre como corresponda. Asimismo, con las constancias que allega dicho tribunal, se ordena formar dos cuadernos de pruebas para mejor manejo del presente sumario. Formación del expediente. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1095/2018. Precisión de los actos reclamados. Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el expediente de origen, se tiene que los actos reclamados consisten en síntesis, en: a) La diligencia de emplazamiento, llevada a cabo el quince de enero de dos mil trece, en el expediente civil sumario hipotecario 940/2012, del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. b) La diligencia de notificación de once de octubre de dos mil catorce, incluso su citatorio, en cumplimiento del proveído de tres de octubre del mismo año, en el que se le requirió por el cumplimiento voluntario de la sentencia dictada en autos del juicio de origen. Ahora, analizados los actos reclamados por la promovente, se advierte que la demanda de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Previo a demostrar tal afirmación, es menester señalar que a la parte quejosa, no puede considerársele como extraña al procedimiento de origen. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la persona extraña al juicio es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Sin embargo, este equiparamiento entre quien no fue parte en el juicio y quien siéndolo no fue emplazado o lo fue incorrectamente, no puede hacerse extensivo a la demandada quejosa, ello, en razón de que de las constancias del juicio natural se aprecia que en escrito presentado el veintidós de enero de dos mil trece, compareció a dar contestación a la demanda de origen, mismo que se acordó favorablemente en proveído de veinticinco de enero del mismo año. De ahí que a la aquí quejosa no deba considerársele como tercera extraña al procedimiento de origen, y eximirla de la obligación de agotar algún medio de defensa, para combatir el acto que reclama. Sirve de apoyo jurídico a lo anterior el criterio jurisprudencial "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". Establecido lo anterior, contra el acto reclamado señalado en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)" Tal y como lo establece dicho precepto legal el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en el procedimiento judicial y que por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumado de modo irreparable; entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado algún acto, sea legalmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada sin afectar la nueva situación jurídica que rige. Ahora bien, a fin de evidenciar porqué se actualiza la causal de improcedencia en estudio, conviene precisar que, tal y como se advierte de las constancias del juicio de origen, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo segundo, se advierte que el veinte de agosto de dos mil trece , se dictó sentencia definitiva, misma que causó ejecutoria el dieciséis de abril de dos mil catorce . Es por ello, que quien ahora resuelve estima que, en relación al acto reclamado señalado anteriormente, esto es, el emplazamiento practicado el quince de enero de dos mil trece, se actualiza la apuntada causa de improcedencia, ya que por virtud de que se dictó sentencia definitiva; se dio un cambio de situación jurídica, lo que impide resolver sobre dicho acto, anterior a que se dictara la misma, sin afectar el nuevo estado jurídico y, por ende, lo que es materia de reclamo se encuentra consumado irreparablemente. Tiene aplicación al presente caso, por las razones que la informan, el siguiente criterio: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así, en virtud de que se dictó sentencia definitiva y esta causó ejecutoria en el juicio de origen, es que se dice que no es factible que mediante este amparo, se analicen las violaciones que menciona en el acto reclamado señalado en el inciso a) de la reseña realizada al inicio de la presente resolución. Consecuentemente, en la especie se actualiza, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, contra el acto reclamado en estudio. Ahora, en relación al acto reclamado en el inciso b), se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación: El artículo 107, constitucional, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra los actos reclamados, dado que a través de éstos puede ser revocados, modificados o nulificados. De ahí que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Ahora, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." En efecto, los artículos 64, 65 y 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, disponen lo siguiente: "Artículo 64. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del Título Segundo de este código, serán nulas; pero si la persona que invoca la nulidad se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente hecha. "Artículo 65. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la siguiente en que intervenga el que la promueve, de la cual se deduzca que éste tiene conocimiento o se ha ostentado sabedor de la misma, de su ejecución, o busca la continuación del procedimiento; en cuyos supuestos quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, cuando por tal motivo se deje en estado de indefensión al demandado." "Artículo 66. Las nulidades previstas en el artículo anterior se promoverán ante el mismo juez o tribunal que conozca del negocio y se tramitarán en la siguiente forma: [.]" De los preceptos legales transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevista por la ley, serán nulas; asimismo, que la nulidad de una actuación se debe reclamar en la siguiente en la que intervenga el que promueve y dicha promoción debe hacerse ante el juez o tribunal que conozca del negocio. En el caso, contra el acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en la diligencia de notificación de once de octubre de dos mil catorce, incluso su citatorio, en cumplimiento del proveído de tres de octubre del mismo año, en el que se le requirió por el cumplimiento voluntario de la sentencia dictada en autos del juicio de origen, previo al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad previsto por los artículos 64, 65 y 66 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco, ello dado que es parte material en el juicio de origen; y, al no realizarlo, es por lo que se determina la actualización de la causa de improcedencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO. Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnen las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones." ACTUACIONES PROCESALES VICIADAS. EN PREPARACIÓN DE SU CONOCIMIENTO EN EL AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIONES PROCESALES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, POR QUEDAR COMPRENDIDO DENTRO DEL CONCEPTO "RECURSOS ORDINARIOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el procedimiento de preparación de las violaciones procesales, pues dispone que el agraviado debe impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que dicha ley reglamentaria señala, pero únicamente se refiere a los recursos ordinarios; sin embargo, con base en la ratio legis que informa al citado numeral, se debe entender que en dicho concepto "recursos ordinarios", también queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones, como medio de defensa para combatir aquellas que se consideren viciadas, toda vez que el agotamiento de éste igualmente satisface la pretensión del legislador de que el afectado haga valer todas las vías de impugnación ordinaria que prevé la ley adjetiva aplicable, antes de que cualquier violación adjetiva se plantee ante la autoridad federal." Consecuentemente, en la especie, se actualizan, de manera manifiesta, notoria e indudable, las causas de improcedencia en estudio; por tanto, con apoyo en el artículo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo en estudio.
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