María del Carmen Rueda Martínez

Expediente 164/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
164/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Rueda Martínez
  • Congreso del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se agrega sin mayor acuerdo. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, el oficio de cuenta, signado por el Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, en virtud de que en proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinte de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos se advierte, que mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días acreditara ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la Tesorería Municipal de Guadalajara, Jalisco, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa mediante lista de acuerdo publicada el siete de julio pasado, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: a) "Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del artículo 22, fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, por lo que ve al monto cubierto por la parte quejosa en el recibo oficial de pago número ***, de cuatro de enero de dos mil veintidós, y con ello la obligación de calcular el impuesto predial aplicando la sobre tasa prevista en la disposición reclamada, que prevé un trato distinto respecto de los contribuyentes que sean poseedores de terrenos edificados y terrenos baldíos que no reúnan las características que se señalan en el artículo 25 de la Ley en comento. Y en su lugar, para cuantificar el monto respectivo eliminado el cobro de la sobre tasa, le sea aplicado lo dispuesto en la tabla número 1 de la fracción I del artículo 22 de la ley de referencia, lo cual sirvió de base para el comparativo de la situación de desigualdad, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución, en virtud de que ello implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) Para que en caso de que resulte cantidad favorable a la quejosa, después de realizarse dicho cálculo con la tasa que corresponda, según la porción normativa en comento, deberá efectuarse la devolución del numerario que proceda a la contribuyente, por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, para así respetar el derecho constitucional violado en los términos aquí apuntados. (.) Cabe precisar, que al reintegrar las cantidades apuntadas, se deberán entregar las actualizaciones correspondientes." Por ello, mediante acuerdo de devolución TES/LGS/2121/2022 el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, acreditó desincorporo de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 22, fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, por lo que ve al monto cubierto por la parte quejosa en el recibo oficial de pago número ***, de cuatro de enero de dos mil veintidós, asimismo, mediante oficio TES/LGS/2297/2022, remitió copia certificada del cheque con número 006619, emitido a favor de la quejosa, con lo que se dio vista a la parte quejosa, para que acreditara haber recogido dicho documento mercantil, sin que lo hubiera hecho, en consecuencia, las autoridades responsables cumplieron con lo ordenado en la sentencia de amparo. Lo anterior, conforme al criterio emitido por la Segunda Sala de rubro y texto: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS. La inclusión en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, de la institución de la caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo, que se traduce en la sanción impuesta por la ley al promovente por el abandono del proceso durante determinado tiempo, tuvo la finalidad de otorgar seguridad jurídica, dando estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos. Dicha inclusión, sin embargo, quedó condicionada a que las reformas legales observaran lo establecido respecto de la caducidad de la instancia en el juicio de amparo; de donde se sigue que la caducidad de dichos procedimientos prevista en el artículo 113, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe interpretarse sistemáticamente con la caducidad de la instancia contemplada en el numeral 74, fracción V, de dicha Ley. Acorde con lo anterior, si la caducidad constituye una institución extintiva de actos procesales, no sustanciales y, en congruencia con ella, en este último precepto legal se prevé que en primera instancia la caducidad implica el sobreseimiento en el juicio de garantías y en la segunda, que quede firme la sentencia recurrida, es evidente que la decretada en el procedimiento oficioso de ejecución de las sentencias de amparo contra normas tributarias sólo significa que queden sin efectos los actos de ejecución y que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes del inicio del procedimiento relativo, y que no pueda volver a solicitarse el cumplimiento a la autoridad obligada a ello, pero sin demérito del derecho sustancial reconocido en la sentencia, por lo que el quejoso puede solicitar a la autoridad hacendaria la devolución de lo pagado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional y, en su caso, impugnar la negativa a través de las vías ordinarias, con apoyo en la sentencia de amparo que es cosa juzgada y una norma individualizada a su favor, cuyo cumplimiento es de orden público conforme al citado artículo 113."1 Constancia que, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documento público, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y 1 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril 2010, página 421, Registro 164834. con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la autoridad obligada al cumplimiento no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Asimismo, de conformidad al artículo 15 del citado Acuerdo, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Agréguense a los autos para que obre como constancia el oficio de cuenta, mediante el cual el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos; lo anterior, en razón de que el veintidós de abril de dos mil veintidós se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, lo anterior para los efectos legales conducentes. Por último, comuníquese a la representación social que por cuanto hace a la solicitud de expedición de copias, deberá estarse a lo acordado en el auto admisorio. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Autoridad informa. Ténganse por recibidos los oficios y anexos de cuenta de idéntico contenido, signados por el Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, y en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento con lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Requiere parte quejosa. Se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído, así como el oficio y sus anexos remitidos por la responsable antes citada, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad en cita, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor; ello, a efecto de que se emita pronunciamiento en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá a emitir pronunciamiento respecto al cumplimiento o no de la sentencia dictada en autos, se procederá de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

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