María del Carmen Rivadeneyra Martínez

Expediente 1/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Rivadeneyra Martínez
  • Maura Adriana Martínez Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    * SE AUTORIZA QUEJOSO SOLO CONSULTA. VISTO EL ESCRITO DEL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA, SE AUTORIZA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, POR MEDIO DEL USUARIO QUE SEÑALA. POR OTRA PARTE, RESPECTO AL SEÑALAMIENTO DE NUEVO DOMICILIO DÍGASELE QUE NO HA LUGAR ACORDAR DE CONFORMIDAD LO SOLICITADO, TODA VEZ QUE DICHA PETICIÓN NO CORRESPONDE AL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS, SINO ÚNICAMENTE CORRESPONDE A LA PROMOVENTE DE AMPARO, ES DECIR, A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, y considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme con su numeral 2º, se declara que dicha sentencia causa ejecutoria. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y una vez recabadas las constancias de notificación del presente auto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en virtud de que en el presente expediente obran glosados documentos originales, con apoyo en lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo del citado acuerdo, requiérase a la parte quejosa, para dentro del término de noventa días, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibido que, de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, se advierte que el expediente en que se actúa encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que no es de relevancia documental, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, y considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme con su numeral 2º, se declara que dicha sentencia causa ejecutoria. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y una vez recabadas las constancias de notificación del presente auto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en virtud de que en el presente expediente obran glosados documentos originales, con apoyo en lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo del citado acuerdo, requiérase a la parte quejosa, para dentro del término de noventa días, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibido que, de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, se advierte que el expediente en que se actúa encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que no es de relevancia documental, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    V I S T O S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 1/2020, promovido por María del Carmen Rivadeneyra Martínez, por su propio derecho, en contra de actos del Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido en este juzgado federal el dos de enero de dos mil veinte, María del Carmen Rivadeneyra Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: IV. AUTORIDADES RESPONSABLES: Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Subdirectora de Administración de Capital Humano de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. V. ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la Autoridad Responsable Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México se reclama: La emisión y expedición de los LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO DEL CONCEPTO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL DE HABERES Y POLICÍAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA, PARAESTATAL Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 235 Bis el 05 de diciembre de 2019, en específico el Numeral VIII, Fracción I y Numeral Noveno, del Capítulo I. De las Autoridades Responsables Subdirectora de Administración de Capital Humano de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, se reclama: La aplicación de los lineamientos aludidos a través del cálculo y pago realizado a la quejosa por el concepto de aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019. Asimismo, la quejosa señaló como derechos fundamentales trasgredidos los previstos en los artículos 1, 14, párrafo segundo, 16, 123, apartado B, 127, fracciones I, V y VI y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de tres de enero de dos mil veinte la suscrita registro la demanda de amparo con el número 1/2020 y la admitió a trámite, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no presentó pedimento. En este punto conviene destacar que en sesión de veintisiete de abril de la presente anualidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 8/2020, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus Covid-19, mismo que estableció un nuevo esquema de contingencia en los órganos jurisdiccionales que mantuviera la atención a casos urgentes a partir de un catálogo nuevo, y agregando la posibilidad de resolver asuntos listos para sentencia que se hubieran sustanciado físicamente, así como la de tramitar y resolver asuntos catalogados como urgentes, supuesto por el cual se admitió el presente asunto. TERCERO. También resulta necesario dar noticia del diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en las órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, del cual se desprende que los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial Federal regresan a las actividades jurisdiccionales observado una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, como en el presente caso acontece. CUARTO. Realizado el trámite correspondiente, por auto de dieciocho de agosto de este año, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo dispuesto en el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, atribuida a autoridades de carácter administrativo, con residencia en el territorio en el que este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar en conjunto la demanda por considerarse un todo, en términos de la tesis P.VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el solicitante de la tutela constitucional reclama lo siguiente: Del Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México: La emisión y expedición de los LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO DEL CONCEPTO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL DE HABERES Y POLICÍAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA, PARAESTATAL Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 235 Bis el 05 de diciembre de 2019, en específico el Numeral VIII, Fracción I y Numeral Noveno, del Capítulo I. De la Subdirectora de Administración de Capital Humano de la Subsecretaria y del Subsecretario ambos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: La aplicación de los lineamientos aludidos a través del cálculo y pago realizado por concepto de aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, consistente en la emisión y expedición LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO DEL CONCEPTO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL DE HABERES Y POLICÍAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA, PARAESTATAL Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 235 Bis el 05 de diciembre de 2019, en específico el Numeral VIII, Fracción I y Numeral Noveno, del Capítulo I, ya que así lo manifestó al rendir informe justificado. INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Aunado a que los referidos lineamientos al encontrarse publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, no son objeto de prueba, conforme al artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial local o federal al que corresponda, para que la autoridad judicial esté obligada a analizarlos, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Por otra parte, deben tenerse por ciertos los actos atribuidos tanto a la Subdirectora de Administración de Capital Humano y al Subsecretario ambos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, consistentes en la aplicación del acto reclamado, pues aun cuando hayan negado la aplicación del acto reclamado al rendir su informe con justificación, lo cierto es que del punto cuarto de los lineamientos impugnados, establece lo siguiente: CUARTO. Todas las solicitudes de reclamaciones relativas al pago del aguinaldo, se harán mediante escrito dirigido al titular de la Dirección General, Ejecutiva o de Área u Homóloga de Administración en los Órganos de la Administración Pública, al que se encuentre adscrito el trabajador o en el que hubiere prestado sus servicios, y son los que resolverán la procedencia de las solicitudes conforme a lo dispuesto en el presente instrumento y demás disposiciones aplicables De lo que se colige que la aplicación de los lineamientos reclamados corresponde a la Subdirección y Subsecretaria ambos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta esta juzgadora federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora federal, de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado no constituye actos de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con la suspensión del servicio activo, remoción, cese o baja. Tales preceptos son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) De los preceptos legales reproducidos, resulta necesario indicar que en el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación, a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente, a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacionen con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el presente asunto, el hecho de que la quejosa sea CUSTODIO EXPERTO EN RECLU Y CEN PENITE, no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios y sus remuneraciones se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional: Las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, Las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza: relaciones de coordinación. Ahora, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la Octava Época, estableció que el cese de los trabajadores al servicio del estado no puede estimarse como un acto de autoridad estatal, ya que en términos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria, el Estado se ubica en una posición jurídica similar a la de un patrón; lo que evidencia que en las relaciones que entabla con sus trabajadores no actúa con su poder de imperio -característica distintiva de los actos de autoridad-. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia P./J. 10/90, del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución. Más recientemente, puede verse la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Si bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto -que se rija por el derecho del trabajo-, sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, solo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 106/2010, que lleva por rubro: POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA. Los agentes de la policía federal ministerial son empleados públicos nombrados mediante actos condición, que por virtud del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron excluidos de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, pero particularmente carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el cargo, medida constitucional que se adoptó en congruencia con los principios del derecho internacional en la materia, particularmente en los artículos 9, punto 1, del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, aprobado el 17 de junio de 1948; y 1, puntos 2 y 3, del Convenio 151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública aprobado el 27 de junio de 1978, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que se recomendó la no inclusión como trabajadores estatales de militares, marinos, cuerpos de seguridad pública en los derechos laborales, como también se les excluyó de los derechos de estabilidad por las características peculiares de sus servicios públicos cuyo objeto es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la nación, o para su imagen interna, cuyo control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos en razón de las necesidades que se susciten para el Estado y que representa una medida de orden constitucional a la fecha y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del Tribunal en Pleno P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.". De todo lo anterior se sigue que la relación jurídica entre el Estado y un agente del servicio público de seguridad no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un empleado de confianza como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala del alto tribunal 2a./J. 14/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 352, de rubro: "POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.", por lo cual no pueden reclamar la posible afectación a derechos de estabilidad laboral ni la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de su nombramiento. Por esa razón, en oposición a los demás empleados públicos, los miembros de las instituciones policiales no pueden acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus conflictos individuales, en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución; sin embargo, ello no implica que no exista una vía ordinaria para ello, pues por afinidad, pueden acudir al Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. Al respecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 82/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. En el caso, de una interpretación integral de la demanda de amparo, la quejosa se duele medularmente del cálculo de su concepto de aguinaldo, ya que sólo se comprendió su salario base y no el tabular, de conformidad con los Lineamientos Específicos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al año de dos mil diecinueve. Lo que pone en evidencia que la litis únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese de éstos. En efecto, tratándose del procedimiento que puede culminar con la remoción o cese de los policías, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que el acuerdo de inicio constituye un acto de imposible reparación, porque puede culminar en la separación del servicio activo y, aun cuando con posterioridad se demuestre la ilegalidad de esa actuación, no podrán ser reinstalados, por la prohibición establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, por lo que el juicio de amparo es procedente. Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. No obstante, en el caso, aun cuando la solicitante de la tutela constitucional se desempeña como custodio experto en reclusión y centro penitenciario está sujeta al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que el acto que reclama no se vincula con el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, que la Segunda Sala del Alto Tribunal pretendió tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) previamente citada, lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no pueden analizarse esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación administrativa que une a la parte quejosa con la dependencia para la que labora y en sustitución de un tribunal burocrático. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que lleva por rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). El primer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los miembros de las instituciones policiales, como sucede con los elementos de la Policía Federal, se rigen por sus propias leyes, lo que implica que quedan excluidos del régimen laboral previsto en el citado artículo 123, apartado B. Es decir, dicha disposición, al diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, en cuanto a las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, y señalar que deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el citado apartado y su ley reglamentaria. En este sentido, resulta inconcuso que la relación entre el Estado y dichas personas, por afinidad, es de naturaleza administrativa y se rige por normas administrativas y reglamentos que les correspondan; por consiguiente, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a esa relación deberán considerarse de naturaleza administrativa, por lo que el conocimiento de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de la Policía Federal, por afinidad, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa). De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES". De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación jurídica entre los servidores públicos citados y el Estado es de naturaleza administrativa. En ese sentido, el derecho de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales federales, de solicitar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la calificativa de un riesgo de trabajo tiene esa misma naturaleza y, en consecuencia, conforme al artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponde a este Tribunal conocer de los conflictos en los que se demande al Instituto mencionado el reconocimiento de un riesgo de trabajo. Se insiste, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre un miembro de las fuerzas policiales y la dependencia para la que presta sus servicios, con motivo del desarrollo de estos, si no se vinculan con su suspensión, remoción o con el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. Es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria -de supra a subordinación-; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un juicio laboral para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Entonces, se reitera, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias -en sustitución de un tribunal laboral-, más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. Sin que sea óbice que la quejosa reclame los LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO DEL CONCEPTO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL DE HABERES Y POLICÍAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA, PARAESTATAL Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, los cuales, en su caso, fueron emitidos por una autoridad formalmente administrativa; sin embargo, dichas disposiciones trascienden o producen sus efectos directamente en la relación de coordinación que aquélla mantiene con la Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Por lo que la emisión de esos lineamientos y su aplicación a la quejosa no deriva de su carácter de particular ante un ente del Estado con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino de la relación administrativa-trabajo que mantienen la dependencia con la quejosa. Aunado a que conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en su caso, dicha causal de improcedencia también debiera hacerse extensiva a tales lineamientos, conforme a la jurisprudencia PC.I.L. J/62 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, aplicada por identidad de razón, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO CONSTITUYEN LA EMISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO DEL CONCEPTO DE AGUINALDO A TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que debe analizarse si el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación y si en relación con él se actualiza alguna causa de improcedencia; de ser así, debe sobreseerse en el juicio respecto de la aplicación de la norma impugnada. En ese sentido, el juicio de amparo es improcedente cuando se combaten los lineamientos para el pago de aguinaldo de trabajadores de dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, con motivo de su primer acto de aplicación, pues este último es atribuible a entes a los que no les reviste el carácter de autoridad, sino de patrón, que actúan en un plano de coordinación, al existir un vínculo laboral con los quejosos; por lo que al ser improcedente el juicio de amparo indirecto en relación con la aplicación, ineludiblemente también lo será respecto del ordenamiento impugnado. En mérito de lo hasta aquí expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. La anterior determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Así, al quedar evidenciada la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, se sobresee en el juicio amparo 1/2020 promovido por María del Carmen Rivadeneyra Martínez. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

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