Maria del Carmen Rios Suriano

Expediente 167/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 52 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
167/2020
Año
2020
Actuaciones
52
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Rios Suriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se 1 Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 2 declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 3 Acorde con lo dispuesto en el artículo 212, inciso a) del Acuerdo General de referencia y capitulo 8, Expedientes destruibles, 8.1, 8.1.2, sub punto número 13 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación. DESTINO INCIDENTES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el numeral 21 inciso c)4 del citado Acuerdo General y capitulo 8, Expedientes destruibles, 8.1, 8.1.2, sub punto 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 3 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. . 4 . c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 4 número 3 del referido manual, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. En términos de lo dispuesto en la fracción II del punto vigésimo del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 255, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de 5 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 5 Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Devuélvase a la autoridad responsable Jefa de la unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Transporte y Movilidad Humana, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los anexos que remitió en apoyo a su informe justificado, por no tener razón su permanencia en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 167/2020, promovido por Luis Manuel Meneses Ríos, en su carácter de apoderado legal de María del Carmen Ríos Suriano, Josué Ramírez Castillejos y Reinel Zavala Orozco, en su carácter de apoderados legales de Concepción Flores Vivero, y Julio César Caballero Sancho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Luis Manuel Meneses Ríos, en su carácter de apoderado legal de María del Carmen Ríos Suriano, Josué Ramírez Castillejos y Reinel Zavala Orozco, en su carácter de apoderados legales de Concepción Flores Vivero, y Julio César Caballero Sancho, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que precisaron en su escrito de demanda. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este Juzgado, en proveído de trece de marzo de dos mil veinte, se registró y admitió la demanda con el número 167/2020; se solicitó a las responsables sus respectivos informes justificados; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público constitucional, la cual, previo diversos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclamaron actos omisivos, y por consiguiente la competencia para conocer de la demanda corresponde al órgano en el que se presentó la misma. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de los promoventes y precisar el acto materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la Jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. [...] Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, registro digital: 181810, Novena Época, del rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. [...] En tal virtud, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo indirecto son los siguientes: De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tonalá, Chiapas, y el Presidente de dicha junta: La omisión de acordar el escrito (tercería excluyente de dominio) de veinticinco de febrero de dos mil veinte, y derivado de ello, mediante escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se ordena la detención de la unidad con número de placas 3740 BHG del Estado de Chiapas, y de otras tres unidades más; por lo que el diez de marzo de dos mil veinte, se ejecutó la detención de dicho vehículo, propiedad de Concepción Flores Vivero, sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento ordinario laboral bajo el número Del Delegado de Policía de Tránsito del Estado de la ciudad de Tonalá, Chiapas: El cumplimiento de la orden de detención y levantamiento de la unidad con placas número 3740 BHG del Estado de Chiapas, con el fin de privarnos de nuestras propiedades, giradas por las responsables, sin haber cometido delito alguno y sin que se hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por sí y en representación de esa Junta, con residencia en Tonalá, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte dentro, relativo a la tercería excluyente de dominio, interpuesto por los aquí quejosos recayéndole el número de expediente T/E/D/02/2020 (foja 176). Asimismo, la autoridad laboral en su informe de ley manifestó que el dieciocho de marzo de dos mil veinte, acordó el escrito de la tercería planteada por los aquí quejosos. Por su parte, el Delegado de Seguridad Turística y Vial, con sede en Tonalá, Chiapas, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de la detención del vehículo embargado, marca Nissan tipo Versa, con número de serie 3N1CN7AD4JK447776, número económico 040, color blanco, con franjas verdes y en sus costados la razón social "Mariano Matamoros", ordenado por oficio 114/2020 de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en autos del expediente laboral J/O/121/2017, dando cumplimiento a lo requerido por la autoridad laboral el diez de marzo de dos mil veinte (foja 100). Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que las responsables anexaron a sus respectivos informes de ley. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO... CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia1 que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad y las constancias que acompañaron la junta responsable en apoyo a su informe justificado y los quejosos, se estima que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de tercería excluyente de dominio de veinticinco de febrero de dos mil veinte, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto transcrito dispone, que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si nunca hubiere existido, o bien, se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del derecho fundamental que le fue afectado. 1 Jurisprudencia número II.1o. J/5, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, T. VII, p. 95. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción, de que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al juicio de amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Por tanto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional prevista en el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violentado, estableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la ley de la materia, la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto base de la acción han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo al quejoso, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o al haberla irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2522, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la literalidad cita: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente. Asimismo, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y cuatro, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 193758, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. [...]. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas la Junta Laboral responsable en apoyo a su informe justificado y en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado, se advierte que, el dieciocho de marzo de dos mil veinte, en términos del artículo 977 de la Ley Federal del Trabajo, admitió a trámite la tercería interpuesta por los aquí quejosos (foja 177); lo anterior, en fecha posterior a la presentación de la demanda, esto es, el once de marzo de dos mil veinte. En ese aspecto, es inconcuso que el acto reclamado en el presente juicio cesó en sus efectos, al haber dejado de existir el acto omisivo reclamado por la parte quejosa, toda vez que como se mencionó anteriormente, la autoridad responsable dio trámite a la tercería interpuesta por los impetrantes del amparo, actualizándose la causal de improcedencia referida por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos del acto reclamado, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no surten efectos, ni lo harán tampoco en forma posterior, por las razones antes precisadas. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; con apoyo en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, de esa misma legislación, procede sobreseer en el presente juicio, respecto del citado acto reclamado. Ahora bien, en relación con el diverso acto reclamado consistente en la ejecución de la detención del vehículo embargado, marca Nissan tipo Versa, con número de serie 3N1CN7AD4JK447776, número económico 040, color blanco, con franjas verdes y en sus costados la razón social "Mariano Matamoros", ordenado por oficio 114/2020 de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en autos del expediente laboral J/O/121/2017, dando cumplimiento a lo requerido por la autoridad laboral el diez de marzo de dos mil veinte, así como la posible detención de tres vehículos más, esta Juzgadora considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo... Como es de explorado derecho, tratándose del juicio de amparo, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que se actualiza para efectos del juicio de amparo, cuando por la actuación de una autoridad se trasgrede un derecho humano de alguna persona y lo faculta para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio biinstancial. Del precepto transcrito se advierte que, para la procedencia del juicio de amparo, es menester la existencia de un acto de autoridad que perjudique a una persona, debiendo entender como tal, a todo aquel que haya sufrido un agravio, es decir, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. Por lo que, el peticionario de amparo deberá demostrar la trasgresión por la actuación de una autoridad a un derecho legítimamente tutelado del cual es titular (interés jurídico), para solicitar ante el órgano constitucional demandando, el cese de dicha violación; es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo, que dice fue infringido en su perjuicio por la autoridad que emitió el acto impugnado, lo que implica que mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo; y, en su caso la restitución en su goce, por lo cual, independientemente de la certeza del acto reclamado derivada del informe justificado de las responsables, se debe demostrar la existencia de un perjuicio a los derechos legítimamente tutelados, para concluir que dicho acto perjudica al solicitante, cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por otra parte, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías es requisito indispensable contar con la pretensión de quien resiente un agravio personal y directo que lo legitima para acudir a la vía de amparo en demanda de que cese dicha trasgresión. Dicho de otra forma, el juicio de amparo únicamente podrá ser instado por la persona que considere que el acto o la ley le perjudica en el goce de un derecho subjetivo del cual es titular, protegido por el orden jurídico. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la séptima época, del Semanario Judicial de la Federación 193-198, cuarta parte, página 80, de rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que era transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. Luego, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada demuestre que es titular del derecho público subjetivo tutelado por una norma jurídica y que es afectada por el acto reclamado, ofensa que además debe ser personal, directa, actual, real e inminente, y que desde luego se demuestre plenamente, porque el interés jurídico no puede derivarse de presunciones, sino de pruebas que generen convicción de su existencia, pues la Ley de Amparo lo considera como requisito sine qua non para la procedencia del juicio de garantías. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, enero de 2008, página 225, que es del rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. [...] En suma, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad en la medida en que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; esto es, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, lo que puede ocurrir de dos formas, a saber: 1. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía o, 2. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Con base en lo anterior, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando los actos de autoridades que se combaten en la instancia constitucional no inciden en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En el presente juicio de amparo, los quejosos manifestaron ser propietarios de diversos vehículos, a saber: Luis Manuel Meneses Ríos, en su carácter de apoderado legal de María del Carmen Ríos Suriano, exhibió para acreditar su afirmación copia fotostática de: ? Factura número A1383, expedida por GINZA AUTOMOTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de María del Carmen Ríos Suriano y/o Anayeli Guzmán Pardo, de veintidós de junio de dos mil diecinueve. ? Credencial para votar con clave elector RSSRCR54112607M501, expedida a nombre de María del Carmen Ríos Suriano. ? Tarjeta de Circulación expedida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, a favor de Josué Ramírez Castillejos. Josué Ramírez Castillejos y Reinel Zavala Orozco, en su carácter de apoderados legales de Concepción Flores Vivero, exhibieron para acreditar su afirmación copia fotostática de: ? Factura número 31, expedida por UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de Josué Ramírez Castillejos, de diecisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 32). ? Credencial para votar con clave elector ZVORRN62120307H600, expedida a nombre de Reinel Zavala Orozco. ? Credencial para votar con clave elector FLVVCN61082130H800, expedida a nombre de Concepción Flores Viveros. ? Factura número FVB2734, expedida por GINZA AUTOMOTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de Reinel Zavala Orosco, de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 33). ? Tarjeta de Circulación expedida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, a favor de Concepción Flores Viveros. Julio César Caballero Sancho, exhibió para acreditar su afirmación copia fotostática de: ? Factura número FVB - 108, expedida por GINZA AUTOMOTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de Sandra Luz Zavala Velasco, de dos de septiembre de dos mil once (foja 40). ? Credencial para votar con clave elector ZVORRN62120307H600, expedida a nombre de Reinel Zavala Orozco. ? Credencial para votar con clave elector CBSNJL4872007JH600, expedida a nombre de Julio César Caballero Sancho. ? Formato de revisión vehicular con número de clave 0602001, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, y Tarjeta de Circulación expedida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, a favor de Julio César Caballero Sancho. No obstante, tales documentos no son idóneos para demostrar la titularidad de un derecho protegido respecto de los muebles aludidos, y por ende, la afectación a su interés jurídico, ya que las copias simples exhibidas, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo generan la simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen; presunción que no basta para demostrar tal interés, ya que éste debe encontrarse plenamente probado. Con relación al valor probatorio de las copias simples exhibidas en el juicio, es orientadora la jurisprudencia que se reproduce a continuación: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. [...]. De este modo, al resultar que los documentos aportados, por sí solos, no son aptos ni suficientes para demostrar la afectación al interés jurídico que el acto reclamado produce en la esfera de los peticionarios del amparo, dado que la existencia de un derecho real y objetivo sobre los vehículos de que se trata, no puede inferirse a base de presunciones; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de la detención del vehículo embargado citado en párrafos precedentes, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo de normas. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, octubre de 1994, página 17, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. [...] En mérito de lo antes expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 5097, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. [...] En ese tenor, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse las causales de improcedencia descritas, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. [...] Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Manuel Meneses Ríos, en su carácter de apoderado legal de María del Carmen Ríos Suriano, Josué Ramírez Castillejos y Reinel Zavala Orozco, en su carácter de apoderados legales de Concepción Flores Vivero, y Julio César Caballero Sancho, contra los actos precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las diez horas del tres de mayo de dos mil veintidós, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Luis Manuel Meneses Ríos (en calidad de apoderado legal de María del Carmen Ríos Suriano, y otros, la resolución de veintinueve de abril del dos mil veintidós, emitida en el juicio de amparo número 167/2020, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado décima Sur prologación, andador 1, lote 7, colonia Bienestar Social, en esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el diez de mayo de dos mil veintidós, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución de veintinueve de abril del año en curso, dictada en el juicio de amparo número 167/2020, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el tres de mayo del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 167/2020, promovido por Luis Manuel Meneses Ríos, en su carácter de apoderado legal de María del Carmen Ríos Suriano, Josué Ramírez Castillejos y Reinel Zavala Orozco, en su carácter de apoderados legales de Concepción Flores Vivero y Julio César Caballero Sancho, contra actos de la Junta Especial número 4 (cuatro) de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tonalá, Chiapas y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. A continuación el Secretario da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 3-7 2 Auto admisorio 45-49 3 Emplazamiento a las autoridades responsables. 56, 172 y 173 4 Emplazamiento a los terceros interesados 87 y 291 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Delegado de Seguridad Turística y Vial, adscrito a la Dirección de la Policía Estatal de Tránsito, con sede en Tonalá, Chiapas. CIERTO 100 2 Junta Especial número 4 (cuatro) de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tonalá, Chiapas. CIERTO 176 a 205 3 Presidente de la Junta Especial número 4 (cuatro) de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tonalá, Chiapas. CIERTO 176 a 205 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que la parte quejosa y la totalidad de las autoridades responsables ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Parte quejosa Documentales. 8 a 43 2 Delegado de Seguridad Turística y Vial, adscrito a la Dirección de la Policía Estatal de Tránsito, con sede en Tonalá, Chiapas. Documentales. 102 a 109 3 Junta Especial número 4 (cuatro) de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tonalá, Chiapas. Documentales. 177 a 205 4 Presidente de la Junta Especial número 4 (cuatro) de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tonalá, Chiapas. Documentales. 177 a 205 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre la etapa de alegatos: El secretario hace constar que ninguna de las partes las formuló, por lo que se les tiene por precluido tal derecho, con lo anterior se cierra este período. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. Antes firman quienes intervinieron en el presente acto procesal. Doy fe.106/2022 106/2022 (Firma electrónica) Rosa Patricia Córdova Rangel Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas (Firma electrónica)167/2020167/2020 Eduardo Sumuano Aguilar Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas

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