María del Carmen Reyes Vázquez
Expediente 588/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/07/2016
Partes del expediente
- María del Carmen Reyes Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio suscrito por la Oficial Mayor de la Sala Familiar de Toluca, a través del cual acusa de recibo del diverso 32087 por el que se le devolvieron las constancias remitidas como complemento a su informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, por la que se negó la justicia de la unión a la quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. Devuélvase a la responsable, las constancias remitidas como complemento a su informe justificado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. Este expediente es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 588/2016-IV, promovido por María del Carmen Reyes Vázquez contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, remitida el trece siguiente a la oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, María del Carmen Reyes Vázquez solicitó el amparo contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE "A) ORDENADORA: PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." ACTO RECLAMADO "A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA reclamo la resolución dictada por LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DEMÉXICO, en fecha 8 de marzo de 2016, mismo que fue notificado al hoy quejoso en fecha 9 de marzo del 2016, mediante el cual LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco a través de la cual no aprueba el incidente de liquidación de pensión alimenticia definitiva promovido por la hoy quejosa al resolver infundado dicho incidente dentro del expediente marcado con el número 586/2009, consistente en las siguientes: PRIMERA: La revocación del resolutivo primero de la resolución dictada por LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, en fecha 8 de marzo del 2016, la revocación del resolutivo con la finalidad de que sea aprobado el incidente de liquidación de pensión alimenticia definitiva promovido por la hoy quejosa, dentro del expediente 586/2009 en el cuaderno de incidente radicado en el H. Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, por en cuanto se hace a la procedencia del incidente de liquidación de pensión alimenticia. SEGUNDA: La revocación del resolutivo segundo de la resolución dictada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, en fecha 8 de marzo del 2016, con la finalidad de que sea aprobado el incidente de liquidación de pensión alimenticia definitiva promovido por la hoy quejosa, en consecuencia se condene al pago de la pensión alimenticia C. Roberto Herrera Acosta de lo solicitado en el incidente de liquidación de pensión alimenticia definitiva, asimismo se solicita se revoque el resolutivo segundo, para que se condene al pago al C. Roberto Herrera Acosta de lo reclamado en el incidente de pensión alimenticia definitiva." SEGUNDO. Datos de la demanda. Mediante auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo directo 284/2016, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual por razón de turno conoció de la demanda de mérito, declaró carecer de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México. TERCERO. Datos de la demanda. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México recibió la demanda de amparo y sus anexos, y en la misma fecha, la remitió, por razón de turno a este órgano jurisdiccional. CUARTO. Datos de la demanda. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis se recibió en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la demanda de amparo de referencia, la cual se registró con el número 588/2016-IV, por auto de veintinueve siguiente se admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 23). QUINTO. Derechos humanos invocados. La quejosa señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, por reclamarse acto dictado por autoridad del orden familiar cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que la quejosa reclama la resolución de ocho de marzo de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 134/2015, en la cual confirmó la interlocutoria emitida por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, en el cual declaró infundado el incidente de liquidación de pensión alimenticia definitiva planteado por la actora en el procedimiento especial de divorcio por mutuo consentimiento 586/2009. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 5). Resulta aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del procedimiento especial de divorcio por mutuo consentimiento 586/2009, así como del toca 134/2015, a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causas de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se actualiza alguna causa de improcedencia, por lo cual se procede al análisis de fondo de los actos reclamados. QUINTO. Antecedentes. Del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten los antecedentes siguientes: Mediante escrito de veintinueve de junio de dos mil nueve, María del Carmen Reyes Vázquez y Roberto Herrera Acosta promovieron procedimiento especial de divorcio por mutuo consentimiento 586/2009. El treinta de junio de dos mil nueve se admitió la solicitud del procedimiento especial de divorcio por mutuo consentimiento 586/2009. El catorce de julio de dos mil nueve, se llevó a cabo la junta de avenencia. El diez de agosto de dos mil nueve, se dictó la sentencia definitiva en los términos siguientes: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía especial de divorcio por mutuo consentimiento, promovida por María del Carmen Reyes Vázquez y Roberto Herrera Acosta, por ende: SEGUNDO. Se aprueba definitivamente el convenio celebrado por los comerciantes. TERCERO. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a MARÍA DEL CARMEN REYES VAZQUEZ Y ROBERTO HERRERA ACOSTA, celebrado en fecha veintiuno de junio de mil novecientos novena y cuatro, ante el oficial del Registro Civil número 01de Capulhuac, México, quedando en aptitud de contraer nuevas nupcias, y por terminada y liquidada la sociedad conyugal. CUARTO. En su oportunidad y una vez que cause ejecutoria el presente fallo, mediante exhorto gírese oficio al Oficial del Registro Civil del lugar donde contrajeron matrimonio los promoventes, para que realice las anotaciones de ley en el acta de matrimonio de los ahora divorciados, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3.33, 3.34 y 4.110 del Código Civil Aplicable. QUINTO. No se hace condenación en costas judiciales. SEXTO. NOTIFÍQUESE." El trece de agosto de dos mil nueve, la sentencia definitiva causó ejecutoria. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil quince, María del Carmen Reyes Vázquez, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, planteó incidente de liquidación de pensiones alimenticias definitivas. El treinta de octubre de dos mil quince, se admitió el incidente de liquidación de pensiones alimenticias definitivas planteado y se ordenó dar vista a Roberto Herrera Acosta, para que manifestara lo que a su interés conviniera dentro de los tres días siguientes. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se realizó la notificación del incidente de mérito a Roberto Herrera Acosta. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, Roberto Herrera Acosta desahogó la vista dada en auto de treinta de octubre anterior. Mediante auto de ocho de diciembre siguiente, se tuvo por desahogada la vista anterior y se señalaron las once horas del seis de enero de dos mil dieciséis para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se dictó interlocutoria en la cual se declaró infundado el incidente de liquidación de pensiones alimenticias definitivas. Inconforme con tal determinación, María del Carmen Reyes Vázquez interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual, mediante resolución emitida el ocho de marzo de dos mil dieciséis, en el toca 134/2016, confirmó la interlocutoria recurrida. Esta resolución es materia de estudio del presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. A lo anterior, sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, en atención al principio de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe reunir, se estima sintetizar los conceptos de violación. La responsable transgrede los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la resolución reclamada no se encuentra fundada ni motivada. La responsable transgredió el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, porque no valoró correctamente el informe rendido por la Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, ofrecido como prueba en el incidente de liquidación, el cual fue objetado. La responsable no tomó en consideración la manifestación realizada por Roberto Herrera Acosta al desahogar la vista dada en auto de treinta de octubre de dos mil quince, en la cual manifestó: "en muchas ocasiones no deposité a la cuenta bancaria señalada con anterioridad a favor de la actora incidentista". Los conceptos de violación reseñados resultan infundados. En efecto, no asiste razón a la quejosa en el concepto de violación sintetizado con el número 1, en el que aduce que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De dicho precepto constitucional se advierte que el acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fundó y motivó la resolución reclamada sin transgredir en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 constitucional, ya que sostuvo lo siguiente: Los argumentos hechos valer por la apelante no tenían el carácter de agravio, es decir, omitió precisar argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la interlocutoria recurrida. La apelante no combatió todas las consideraciones emitidas por el Juez de origen, en especial que el deudor alimentario había justificado el pago de la cantidad reclamada, la cual ascendía a doscientos setenta y seis mil pesos. La ahora quejosa no había aportado ninguna prueba con la que acreditara que los depósitos bancarios que aparecían en favor de los acreedores alimentarios se hubieran realizado por persona diversa al deudor alimentario y por otros conceptos, pues sólo mencionó que éste incumplió con el convenio aprobado mediante sentencia de diez de agosto de dos mil nueve, lo que se entendía como simples manifestaciones unilaterales. Que de las constancias de autos que integraban el cuaderno incidental, se acreditaba que Roberto Herrera Acosta realizó el pago de pensiones alimenticias definitivas adeudadas a través de los depósitos que aparecían registrados en la cuenta 6315026545 de la Institución Bancaria HSBC. Que a fin de no dejar inaudita a la recurrente, contrario a sus aseveraciones, el Juez de origen sí había analizado la litis incidental, así como las actuaciones y elementos de convicción desahogados en autos, por lo que su determinación estaba fundada y motivada, en términos de los artículos 7.307, 7.331 y 7.334 del Código Civil local, y 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, así como del criterio establecido en la tesis de rubro siguiente: "PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA." Como se ve, la Sala responsable sí fundó y motivó su actuar, pues citó los numerales aplicables al caso e indicó por qué estimó acertado el proceder del juez de primera instancia al haber declarado infundado el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas. Por otra parte, el concepto de violación sintetizado con el número 2, en el que aduce que la responsable transgrede el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles, porque no valoró correctamente el informe rendido por la Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, puesto que fue objetado, resulta infundado. En efecto, el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 1.359. El Juez goza de libertad para valorar las pruebas, con excepción de los documentos públicos que siempre harán prueba plena. Lo hará tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo las reglas de la lógica y la experiencia. Explicará detalladamente los fundamentos de su valoración y su decisión." De la transcripción anterior se advierte lo siguiente: El Juzgador valorará los medios de prueba libremente. Los documentos púbicos tienen valor probatorio pleno. La valoración se realizará de forma individual y/o conjunta. El Juez aplicará las reglas de la lógica y la experiencia. El Juez precisará las razones y fundamentos de su dicho. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que ésta confirmó la interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, debido a que por una parte, la ahora quejosa no controvirtió los razonamientos torales que la sostienen, ni acreditó que los depósitos realizados en la cuenta bancaria 6315026545 de la Institución Bancaria HSBC, se hubieran realizado por terceras personas y por conceptos diferentes a la pensión alimenticia vencida. Tal proceder se considera acertado. En efecto, la actuación de la Sala responsable fue acertada pues el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, la faculta para valorar libremente los medios de prueba ofrecidos y, en el caso, otorgó valor probatorio pleno al informe rendido por la institución bancaria, pues como la quejosa no acreditó su dicho la Sala responsable tomó tales argumentos como simples manifestaciones unilaterales. Es decir, la responsable partió del supuesto de que goza de libertad para valorar las pruebas tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, aunado a que no existía medio de prueba diverso que permitiera desvirtuar que los depósitos realizados fueron por concepto de la pensión alimenticia a la que estaba obligado el hoy tercero interesado, máxime que dicha objeción la formuló únicamente en cuanto a su alcance y valor probatorio. Por consiguiente, debe estimarse que la Sala responsable actuó correctamente al otorgarle plena eficacia probatoria al informe rendido por la Institución Bancaria HSBC, en atención a las facultades que le confiere el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Finalmente el concepto de violación sintetizado con el número 3 resulta infundado. En efecto, mediante escrito de veintisiete de noviembre de dos mil quince, Roberto Herrera Acosta desahogó la vista que le fue concedida en auto de treinta de octubre anterior, en los términos siguientes: "En cuanto a los hechos marcados con los numerales 3 y cuatro arábigos estos se contestan de la siguiente manera son falsos porque el suscrito he cubierto las pensiones a mis hijos de manera puntual, tal y como se acordó en el convenio de divorcio voluntario acción principal de este juicio, ahora bien cabe señalar a su Señoría que el suscrito, de buena fe en muchas ocasiones no deposite a la cuenta bancaria señalada con anterioridad a favor de la actora incidentista porque cabe mencionar que el dinero se lo daba de manera personal a mis hijos Roberto Alex, así como a mi hija de nombre Yesica Vianey, para que se lo entregara a su madre, como lo podrán afirmar mis hijos en su atestado que solicitare se citen por la vía legal,." De la transcripción anterior se aprecia que el deudor alimentario manifestó que en algunas ocasiones no realizó los depósitos de pensión alimenticia directamente en la cuenta bancaria aperturada para tal efecto, sino que hizo entrega en forma personal a sus beneficiarios. Ahora bien, el que no se hayan realizado todos los depósitos directamente a la cuenta bancaria destinada para tal efecto, no significa que los que sí se realizaron sean insuficientes para cubrir la cantidad a la que se encontraba obligado, máxime que el deudor alimentario manifestó que no realizó el pago en la forma convenida, mas no que hubiera sido omiso, pues cumplió con su obligación alimentaria al realizar la entrega física del dinero a sus hijos. Por lo anterior, la actuación de la Sala responsable fue acertada, pues como quedó precisado en líneas precedentes, la quejosa no acreditó que el deudor alimentario no justificó el pago de la cantidad reclamada con medios de prueba suficientes, puesto que la sola manifestación en el sentido de que no realizó directamente todos los pagos de la pensión alimenticia en la cuenta bancaria resulta insuficiente para acreditar que incumplió con su obligación, máxime que también refirió que hizo entrega directa del dinero a los beneficiaros. Por ende, al ser infundados los conceptos de violación planteados, y al no existir motivo para suplir deficiencia alguna, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 75, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Carmen Reyes Vázquez contra la resolución de ocho de marzo de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 134/2015. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria que da fe, María Isabel López Mondragón. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio mediante el cual el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, devuelve el exhorto 584/2016 (orden 584/2015), del índice estadístico de este Juzgado, por medio del cual se encomendó notificar al tercero interesado Roberto Herrera Acosta la radicación del presente asunto. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la ley de la materia, agréguese a sus autos el oficio y anexo de referencia; asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase por emplazado al tercero interesado. En este orden, la certificación de cuenta evidencia que el tercero interesado Roberto Herrera Acosta, no dio cumplimiento al auto de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual se le requirió a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificación en esta ciudad. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia, por ende, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal deberán realizarse al referido tercero interesado, por medio de lista fijada en los estrados de este juzgado de Distrito, tal y como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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