Maria del Carmen Ramos Carbajal

Expediente 1425/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1425/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Ramos Carbajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de dieciocho de julio del año que transcurre, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en su artículo 17, fracción III, inciso a), del capítulo quinto, relativo a los expedientes conservables, se determina que este expediente es susceptible de conservación, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta a la Jueza con el estado procesal que guardan los autos, y certifica: que el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, por parte de la autoridad responsable, transcurrió del doce al catorce de julio de dos mil veintitrés, lo que de hace constar para los efectos legales que haya lugar. Doy fe.Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de diez de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado federal, concedió la protección constitucional a la quejosa María d********************, para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Desahogue la prueba de cotejo y compulsa señalada para las doce horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés. Una vez que se cerciore que no quedan pruebas pendientes por desahogar, otorgue el término de tres días a las partes, para que formulen sus alegatos, y declare cerrada la instrucción. Enseguida, ajustándose a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, dicte el laudo correspondiente en el expediente laboral ********************." Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficios números 2605/2023, 2676/2023, 794/2023 y 8256/2023, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó las gestiones que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de las que se advierte lo siguiente: Auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, señaló nueva fecha para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa. Proveído de treinta y uno de marzo del presente año, en el cual tuvo por desahogada la prueba de cotejo y compulsa ofrecida por la parte demanda; en ese mismo acto, acordó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ni diligenciar que practicar, por lo que otorgó a las partes el término de tres días para que formularan sus respectivo alegatos. Acuerdo de veintisiete de abril del año que transcurre, en el cual acordó los alegatos presentado por las partes, cerró instrucción y turno el expediente para la elaboración del laudo correspondiente. Remitió copia certificada del laudo dictado el veintiséis de junio de la presente anualidad, emitido en el juicio laboral ********************. Documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º. Luego, mediante proveído de cinco de julio del presente año, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la peticionaria del amparo con la documental que envió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó al autorizado de la quejosa el siete del referido mes y año, sin que realizará manifestación alguna, por lo que este juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese sentido, la autoridad responsable restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados en la sentencia protectora; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma, sin exceso o defecto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita nuevamente una prórroga para remitir a este juzgado federal las constancias que acrediten el cumplimiento a la presente ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, en razón de la carga de trabajo que tiene al ser el único órgano laboral que conoce de los procesos en materia burocrática. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, hágase saber a la citada autoridad que por última ocasión se le concede el término de quince días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que informe a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento en el plazo concedido o bien no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita una prórroga para remitir a este juzgado federal las constancias que acrediten el cumplimiento a la presente ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, hágase saber a la citada autoridad que por única ocasión se le concede el término de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que informe a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento en el plazo concedido o bien no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: I.3o.C. J/7 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2892, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2005325, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Notifíquese.

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