María del Carmen Ramos Balboa
Expediente 669/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/07/2021
Partes del expediente
- María del Carmen Ramos Balboa
- MARÍA DEL CARMEN RAMOS BALBOA y Otros.
- WILLIAMS DE LOS SANTOS RAMOS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable, cumple el requerimiento realizado en autos, y al efecto, informa y remite copias certificadas de las constancias, agréguense a los autos para que obren como pruebas documentales y dese vista a las partes. En consecuencia, de las constancias remitidas por la autoridad, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la respectiva notificación, informe desde que fecha el quejoso presta sus servicios en la Dirección Vial Metropolitana de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para lo cual deberá de remitir constancias completas, certificadas y legibles con las que acredite su dicho. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el oficio proveniente de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, a través del cual remite diversas constancias, entre las que se encuentra el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en los autos del Procedimiento Administrativo 019/2018-I, de cuyo contenido se advierte que dejó sin efectos la notificación de uno de octubre de dos mil diecinueve realizada al quejoso; al respecto, se le tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. En consecuencia, toda vez que no se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 77, último párrafo, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, acredite que (i) dejó sin efectos la anotación en el expediente personal del quejoso que se haya realizado respecto la falta que se le atribuyó, y que (ii) devolvió al quejoso la cantidad que dejó de percibir por la suspensión del término de cinco días sin goce de sueldo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se reitera a la autoridad requerida que el amparo fue concedido para los siguientes efectos: "Así, a fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución al quejoso en el goce de la garantía de impartición de justicia de manera completa y congruente, consagrada en el numeral 17, segundo párrafo constitucional, que se estima transgredido, la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, deberá realizar lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución de uno de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del procedimiento 019/2018-I (solo por lo que respecta al quejoso), por la que determinó la suspensión del cargo por el término de cinco días sin goce de sueldo y emitir otra fundada y motivada, con plenitud de jurisdicción, donde se pronuncie de las excepciones y defensas del quejoso y evidenciadas en esta sentencia. En vía de consecuencia, la citada responsable deberá dejar sin efectos la notificación de uno de octubre de dos mil diecinueve; la ejecución de la resolución citada, consistente en la anotación en el expediente personal del quejoso que se haya realizado respecto la falta que se le atribuyó y devolver al quejoso la cantidad que dejó de percibir por la suspensión del término de cinco de cinco días sin goce de sueldo, al también tornase inconstitucionales." En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad obligada al cumplimiento. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, para que señalaran las constancias que deberán remitirse al que deba resolver el recurso de queja interpuesto en autos. En esas condiciones, con apoyo en la Circular DGGJ/0012/2020, solicítese vía correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, turne el medio de impugnación hecho valer. Para tal efecto, se le solicita envíe la papeleta de turno al correo institucional de este órgano jurisdiccional; asimismo, se le hacen saber los datos necesarios para el registro y turno: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: 114/2020 ÓRGANO JURISDICCIONAL: JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO ACUERDO RECURRIDO: AUTO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE TUVO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REALIZANDO MANIFESTACIONES E INFORMANDO A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRA LA CUENTA PREDIAL 2114005131 QUEJOSO: * RECURRENTE: QUEJOSO Por lo que, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, una vez que se cuente con la información respecto a que Tribunal Colegiado le correspondió conocer del medio de impugnación, infórmesele que se envía de forma electrónica el expediente en el que se actúa. Ahora, visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, y al efecto remite información relativa a la cuenta predial 1133-256171; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda y se ordena dejar sin efectos el apercibimiento decretado en el proveído en cita.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 08 DE JUNIO DE 2021, QUE DICE: SE DESECHA DEMANDA. Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por WILLIAMS***, por propio derecho y en representación de las menores A.E. y L. ambas de apellidos D.L.S.G., carácter que se le reconoce con las copias certificadas de las actas de nacimiento que adjuntó, en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el caso, del análisis íntegro de la demanda de amparo y de sus anexos, se advierte que los quejosos reclaman, en esencia, el oficio FGR/CMI/CGSP/0200/2021 que le fue notificado a Williams*** el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido por autoridades de la Fiscalía General de la República, a través del cual le informaron su cambio de adscripción como perito adscrito a la Fiscalía General Delegación Estatal Jalisco, para incorporarse a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Tabasco. Por tanto, se actualiza el motivo de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del precepto legal trascrito se desprende en lo que interesa, que se actualiza la mencionada causa de improcedencia cuando se satisfacen los siguientes supuestos: 1. Que exista otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación. 2. Que se intente contra el mismo acto o actos reclamados. 3. Que dicho juicio se encuentre en trámite. El artículo invocado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, de modo tal que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio promovido, pues ello atentaría contra el principio de seguridad jurídica contemplado en los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República. En ese contexto, para la existencia de la litispendencia en el juicio de amparo, resulta necesario, pues, que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido diverso juicio de amparo en el que aún no se haya dictado sentencia respecto de las mismas partes o esté pendiente de causar ejecutoria sobre idénticas pretensiones, el mismo acto reclamado, por lo cual debe existir identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e igualdad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos que se proveen, así como del análisis de la cuestión efectivamente planteada en los conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa promueve juicio de amparo indirecto, reclamando, en esencia el oficio FGR/CMI/CGSP/0200/2021 que le fue notificado a Williams*** el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido por autoridades de la Fiscalía General de la República, a través del cual le informaron su cambio de adscripción como perito adscrito a la Fiscalía General Delegación Estatal Jalisco, para incorporarse a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Tabasco. Por su parte, de la certificación de cuenta, se desprende que Williams***, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Á.E.S.G. y L.S.G., promovieron el juicio de amparo 392/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el que reclamaron el oficio FGR/CMI/CGSP/0200/2021, a través del cual le informaron al primero de los mencionados, su cambio de adscripción como perito adscrito a la Fiscalía General Delegación Estatal Jalisco, para incorporarse a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Tabasco. Asimismo, que argumentó que las autoridades emisoras carecen de competencia legal para hacerlo, además, que se vulnera la estabilidad emocional y psíquica de sus hijos, así como el núcleo familiar, poniendo en riesgo la salud de toda la familia, por un posible contagio del virus conocido como COVID-19, generando un traslado de los integrantes de su familia incluyendo la madre del quejoso Williams***, que es una persona vulnerable. Lo anterior, por así advertirse del contenido de la resolución emitida en el recurso de queja 95/2021 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Del mismo modo, que de la lista electrónica consultada en el referido sistema, se observa que en el mencionado juicio de amparo, el cuatro de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las diez horas con seis minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.1 Lo anterior, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, lo cual puede invocarse válidamente para fundar una determinación sin necesidad de que se ofrezca como prueba o lo aleguen las partes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.16/2018 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, publicada el viernes ocho de junio de dos mil dieciocho, bajo el rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de 1 Sirve de apoyo, la tesis I.3o.C.35 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, registro 2004949, de rubro y texto: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ( SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Asimismo, por las razones que la informan, en la tesis P. IX/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y nueve, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial" En ese sentido, de la demanda de amparo 392/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado el oficio FGR/CMI/CGSP/0200/2021, a través del cual le informaron al primero de los mencionados, su cambio de adscripción como perito adscrito a la Fiscalía General Delegación Estatal Jalisco, para incorporarse a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Tabasco; asimismo, que indicó como autoridades responsables: al (i) Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, (ii) Coordinador de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República, (iii) Coordinador Administrativo de la Coordinación General de Servicio Periciales de la Fiscalía General de la República, y (iv) Coordinadora Estatal de Servicios Periciales en el Estado de Tabasco de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, se concluye que Williams de los Santos Ramos y María Eliel González Moreno, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Á.E.S.G. y L.S.G., promovieron el diverso juicio de amparo 392/2021, respecto del mismo acto reclamado, consistente en el oficio mediante el cual le informaron al primero de los mencionados, su cambio de adscripción a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Tabasco. Lo anterior, sin que pase inadvertido por este Juzgador que en el presente asunto, además de las autoridades responsables señaladas en el multicitado juicio de amparo 392/2021, indican nuevas autoridades con dicho carácter, sin embargo, en su capítulo de actos reclamados menciona expresamente "A todas las autoridades señaladas como responsables de la Fiscalía General de la República, por la orden y ejecución, efectos y consecuencias de lo siguiente:", es decir, les atribuyen de manera conjunta el mismo acto reclamado. Ahora, de ese mismo apartado se observa que formulan manifestaciones, como: ? Que se ejecutó la "llamada preventiva de pago" respecto de su salario como Perito Profesional, que se le depositaba quincenalmente por la Institución. ? Que se pone en riesgo la sobrevivencia de sus hijos, de su madre, la educación, alimentación, ambiente sano, y lo imposibilita de comprar medicamentos. ? Que es discriminado por defender sus derechos fundamentales, pues refiere que las responsables actúan en su contra, al violentar su derecho de recibir un salario y atención médica. ? Que sin llevar a cabo un procedimiento seguido en forma de juicio y sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordene la terminación de sus funciones como perito profesional, lo que tiene como efecto la suspensión de sus percepciones económicas, las cuales, refiere, dejó de percibir desde el quince de abril de dos mil veintiuno. ? Que no se toma en cuenta que padece diversas enfermedades que lo imposibilitan a realizar sus labores, y se le priva de su derecho a la seguridad social, al negarse a recibir las licencias médicas que le han sido otorgadas. ? Que no se cumple con lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, en lo concerniente a que cuando su personal sea traslado de una población a otra, la Dependencia hará el conocimiento previamente al Trabajador las causas del traslado, y la misma tendrá la obligación de sufragar los gastos de viaje, menaje de casa, entre otras cuestiones que refiere. Sin embargo, dichas manifestaciones son parte de las violaciones a sus derechos humanos, que alegan les genera la determinación emitida por autoridades de la Fiscalía General Delegación Estatal Jalisco, donde se le informa a Williams de los Santos Ramos el cambio de adscripción para incorporarse a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Tabasco, mismas que pudieran constituir incipientes conceptos de violación susceptibles de ser analizados, en la medida que hayan trascendido y se encuentren encaminados a demostrar o evidenciar los vicios de legalidad del acto con el que se relacionan. En razón de lo anterior, toda vez que se evidencia que la parte quejosa le atribuye el mismo acto a las mismas autoridades responsables, y en virtud de que dicho juicio ésta en trámite, pendiente de resolver en definitiva, pues tiene señaladas las diez horas con seis minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, como se destacó a fin de que opere el motivo de improcedencia de litispendencia se requiere que exista identidad de la parte quejosa, que se haga valer contra las mismas autoridades, actos y violaciones. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, que se encuentre pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales fueran distintas, con la única excepción, de que el acto reclamado se tratara de una norma general impugnada con motivo de un acto de aplicación distinto, lo cual no ocurre en este caso, dada la naturaleza del acto. Por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causa de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción X, ambos de la ley de la materia. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 205-216, primera parte, página ciento cuarenta y dos, que es del siguiente rubro y texto: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia.". Asimismo, por las razones que la informan, la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, enero de mil novecientos noventa y cinco, página doscientos seis, del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio.". Igualmente, corrobora lo expuesto, la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, página trescientos doce, que es del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable.". Finalmente, se invoca la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos veintiséis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS.- Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución.". Máxime que con base en las destacadas consideraciones resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se invoca, con la cual se evita el trámite de un juicio constitucional innecesario, con fundamento en el derecho a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues a nada jurídicamente práctico conduciría dicho trámite si se conoce desde un inicio su resultado. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita".
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