María del Carmen Ramírez Mariano
Expediente 300/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/10/2021
Partes del expediente
- María del Carmen Ramírez Mariano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos de los que se advierte que en proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la quejosa María del Carmen Ramírez Mariano; así como a las autoridades terceras interesadas Síndico y Contralor Municipales, ambos del Ayuntamiento de Aculco, Estado de México, por el término de diez días, con la sentencia que en acatamiento al fallo protector, envió la Actuaria habilitada de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, a efecto de que comparecieran ante este Tribunal a imponerse de aquélla, con el fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa; y, toda vez que no desahogaron tal vista, según se desprende de la certificación que antecede, se procede a determinar oficiosamente si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, páginas 243 y 244, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo,1 la suscrita Magistrada Presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. En estas condiciones, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la ejecutoria dictada por este Tribunal Colegiado, es preciso tomar en cuenta lo siguiente: En sesión ordinaria virtual de dos de julio de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional resolvió el juicio de amparo directo en que se actúa, promovido por María del Carmen Ramírez Mariano, concediéndole el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos de que la autoridad responsable: "1.- Deje sin efectos la sentencia reclamada. 2.- Emita una nueva, en la que, al analizar los conceptos de impugnación relativos a la competencia de la autoridad demandada, con base en las consideraciones que dan sustento a la presente ejecutoria, considere que el acuerdo de radicación del procedimiento resarcitorio y el oficio citatorio para desahogar el derecho de audiencia previa de la ahora quejosa, fueron emitidos por el Contralor Interno Municipal de Aculco, Estado de México, que carecía de facultades para ello, de conformidad con el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 3.- Derivado de lo anterior, declare la nulidad lisa y llana de todos los actos impugnados, al tener sustento en el acuerdo de radicación del procedimiento resarcitorio para desahogar el derecho de audiencia previa de la ahora quejosa, que fueron emitidos por una autoridad incompetente." Ahora bien, en acatamiento a lo anterior, mediante oficio "TJA/CS/1410/2021", recibido en este Tribunal, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, la Actuaria habilitada de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, exhibió copia certificada de la sentencia de ocho de septiembre del citado año, dictada por aquel órgano, de cuyo tercer considerando, se desprende, que se dejó insubsistente la sentencia de dos de octubre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión 108/2019, determinación con la que se cumplió el efecto del fallo protector, precisado en el numeral que antecede. Ahora bien, en acatamiento al efecto 2 del fallo protector, la Sección de la Sala Superior responsable estableció, en el considerando quinto, apartado C, de su nuevo veredicto, lo siguiente:3 "[.] Como puede verse con la transcripción anterior, la mayoría de los preceptos invocados en el acuerdo de radicación y en el oficio citatorio para el desahogo del derecho de audiencia previa, emitidos por el Contralor Interno Municipal, para instaurar el procedimiento resarcitorio contra la aquí recurrente, se refieren al régimen de responsabilidades administrativas disciplinarias de los servidos púbicos del Estado de México y sus Municipios. Así, de esos esos preceptos legales solamente tratan lo relativo a la competencia específica para tramitar y resolver, o bien, fincar responsabilidades resarcitorias contra esos funcionarios, los numerales 73 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como el ordinal 62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Por ello de acuerdo a lo establecido a la ejecutoria que se cumplimenta, la responsabilidad administrativa resarcitoria difiere de la responsabilidad administrativa disciplinaria, toda vez que la primera de las mencionadas alude a la determinación del monto de los daños y perjuicios, correspondientes para resarcir el daño causado al erario público, así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; mientras que la segunda se ocupa del castigo al servidor público por la comisión de una infracción a las normas que deben regir su actuación, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión oficial. De esta forma la responsabilidad resarcitoria difiere de la responsabilidad administrativa disciplinaria, toda vez que la primera de las mencionadas alude a la determinación del monto de los daños y perjuicios correspondientes para resarcir el daño causado al erario público así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; mientras que la segunda se ocupa del castigo al servidor público por la comisión de una infracción de las normas que deben regir su actuación, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión oficial. [.] En ese orden de ideas con independencia de los acuerdos de delegación de facultades al Contralor Municipal, por parte de la Presidenta Municipal de Aculco, Estado de México, para identificar, investigar y determinar responsabilidades administrativas en que incurrieran los servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales, todos del Municipio en comento, publicados en la Gaceta Municipal de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, cuya copias certificada obra a fojas 69 a 79 del expediente del recurso de revisión 108/2019; lo cierto es que la autoridad demandada carecía de competencia para tramitar y resolver el procedimiento resarcitorio materia de la Litis de la invalidez en el juicio de origen. Se afirma lo anterior, porque siguiendo los parámetros de la ejecutoria de amparo, el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, previamente transcrito, en su último párrafo dispone específicamente, que la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de México, es competente para fincar responsabilidades administrativas resarcitorias a presidentes, tesoreros y demás servidores públicos municipales, cuando se trate de valores y recursos económicos del Estado de México, o de los concertados o convenidos con la Federación y municipios. [.] Sin embargo, al tratarse el asunto de la responsabilidad resarcitoria derivada del ejercicio de recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva de naturaleza federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México era competente para fincar a la aquí recurrente (sic). [.] En consecuencia, el Contralor Interno Municipal de Aculco, Estado de México, no era legalmente competente para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administrativo resarcitorio impugnado." De lo anterior, se sigue que al examinar directamente los conceptos de invalidez aducidos por la aquí quejosa, el Tribunal revisor consideró que el acuerdo de radicación del procedimiento resarcitorio y el oficio citatorio para desahogar el derecho de audiencia previa de la ahora quejosa, fueron emitidos por el Contralor Interno Municipal de Aculco, Estado de México, que carecía de facultades para ello, de conformidad con el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; por lo anterior, se insiste en que el Tribunal responsable cumplió el efecto del fallo protector, precisado en el numeral 2 que antecede. Por otra parte, respecto al lineamiento protector 3, cabe mencionar que, en el considerando sexto de la nueva sentencia dictada por la autoridad responsable, ésta resolvió lo siguiente: "SEXTO. Determinación. En las condiciones apuntadas atento a lo fundado que se encuentran los conceptos de nulidad de la particular (sic) ahora recurrente, en términos del artículo 288 del código adjetivo, y en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo directo 300/2020, este Tribunal de alzada determina revocar la sentencia de fecha de trece de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado Supernumerario adscrito a la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 223/2018, para el efecto de declarar la invalidez lisa y llana de la resolución de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente del recurso administrativo de inconformidad número RI/02/2017. Asimismo, se declara la invalidez lisa y llana de la diversa resolución de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, emitida dentro del expediente número PAR/DEPORTIVA/ 01/2017, a través de la cual se determina la existencia de responsabilidad administrativa resarcitoria a cargo de María del Carmen Ramírez Mariano, así como la nulidad de todo el procedimiento administrativo, había cuenta que este deriva de tales actos iniciales, emitidos por una autoridad que no tenía facultades para ello, de conformidad con el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios." Como se puede advertir de la transcripción anterior, la Sección de la Sala Superior declaró la nulidad lisa y llana de todos los actos impugnados, al tener sustento en el acuerdo de radicación del procedimiento resarcitorio y el oficio citatorio para desahogar el derecho de audiencia previa de la ahora quejosa, que fueron emitidos por una autoridad incompetente, tal como se ordenó en el efecto 3 de la sentencia de amparo. Entonces, los pronunciamientos de la autoridad responsable que se transcribieron y resumieron previamente, permiten a la suscrita Presidenta de este órgano de control de la constitucionalidad, concluir que se acataron los efectos de la ejecutoria de amparo, tal como fueron dispuestos por el pleno de este Tribunal Colegiado. Se afirma lo anterior, porque de la comparación a los efectos para los cuales se concedió la protección federal, con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, como se examinó previamente, se considera que no incurrió en defecto, ya que su actuación se adecuó a los lineamientos expuestos por este órgano judicial en la ejecutoria de amparo, es decir, su conducta no resulta incompleta, y es acorde con los términos en que se concedió el amparo. Tampoco se incurre en exceso en el cumplimiento, dado que la responsable no rebasa los límites y alcances fijados en el fallo protector, ya que no va más allá de lo que se ordenó en la ejecutoria de amparo y su pronunciamiento se ajustó a lo establecido en ésta. Apoya la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo II, libro 6, mayo de 2014, página 741, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Por tales razones, se estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano colegiado, pues acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la quejosa. En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se encuentra CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO de dos de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo directo 300/2020, promovido por María del Carmen Ramírez Mariano, por propio derecho. Notifíquese en términos de ley la presente resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta del índice de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución dictada el ocho de septiembre del año que transcurre, en el recurso de revisión 108/2019, con la que dice dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo. 2. Con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista a la quejosa María del Carmen Ramírez Mariano, así como a las autoridades terceras interesadas, síndico municipal y contralor municipal, ambos del Ayuntamiento de Aculco, México; con la sentencia recibida para que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del tribunal pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. 3. Ahora, en razón de que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal a la parte quejosa ni tercera interesada (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista electrónica que para tal efecto se publique; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento. 4. Para que las partes puedan consultar de la sentencia recibida, en la secretaría de acuerdos de este tribunal colegiado, deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo general 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Cúmplase.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, del índice de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual transcribe el auto de diecinueve de agosto del año que transcurre, del que se advierte, en lo que interesa, el acuse de recibo del testimonio de la resolución dictada en el expediente en que se actúa, así como de los autos del recurso de revisión 108/2019, y el juicio administrativo 223/2018. En relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se informa que se designó al magistrado Luis Octavio Martínez Quijada, a efecto de emitir la sentencia de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con lo que se acredita la actuación que está realizando para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo. Respecto a su solicitud de prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia; con fundamento en los artículos 192, último párrafo, y 193 de la Ley de Amparo, se concede a la sección responsable un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que dé total cumplimiento a la concesoria de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo 192 y el diverso 258 de la ley de la materia; y, de estimarlo necesario, este órgano colegiado procederá conforme al artículo 262, fracción V, del citado ordenamiento. Notifíquese por lista electrónica; y, por oficio a la sección responsable. Cúmplase.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, en la ejecutoria de dos de julio del año en curso, terminada de redactar el quince de julio posterior, se resolvió conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal; y en razón de que no se emitió pronunciamiento alguno sobre temas de constitucionalidad de leyes, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria por ministerio de ley; en consecuencia, de conformidad con los artículos 77, último párrafo, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para que, en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien atendiendo a la complejidad y dificultad para cumplir con la ejecutoria, pueda proponer a este órgano colegiado un término estrictamente determinado para su cumplimiento, motivo por el cual, la responsable queda en posibilidad de hacer una propuesta en ese sentido, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes, bajo el apercibimiento que de no cumplir en el plazo otorgado, se le impondrá una multa mínima de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia; y, se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con el trámite de inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Para que la autoridad responsable esté en condiciones de dar cumplimiento al requerimiento que mediante este auto se formula, remítase copia certificada de la ejecutoria de dos de julio del año en curso y los autos originales del recurso de revisión 108/2019, así como también los del juicio administrativo 223/2018; solicitando a la sección oficiante, se sirva emitir el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica; y, por oficio a la autoridad responsable. Cúmplase.
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