María del Carmen Potenciano Cruz

Expediente 1536/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1536/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • María del Carmen Potenciano Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 9.-[...] NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  2. Principal

    MESA 9.-[...] NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista; la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó y en el segundo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a María del Carmen Potenciano Cruz; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo último párrafo, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la Unidad de Medida y Actualización que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente con vigencia a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    MESA 9.-En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con diez minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Estela Angélica Mena Rosado, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo 1536/2018-9, promovido por María del Carmen Potenciano Cruz, promoviendo por propio derecho, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la Secretaria da cuenta con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por Ministerio de Ley, el día de ayer, con el número de folio 20233, con anexo, consistente en original del acuerdo de treinta de octubre del año en curso, inherente al expediente laboral 361/2017. El Juez acuerda: Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la responsable, sin que sea el caso dar vista a las partes con dicho informe; no obstante lo anterior, este Juzgador considera que en este asunto de carácter constitucional cuya principal característica es su procedimiento sumario y excepcional no debe postergarse el dictado de la sentencia ante tales circunstancias, pues de la lectura integral a la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se asigna fecha excesivamente lejana para la celebración de una audiencia de desahogo de pruebas, en el expediente laboral 361/2017. Sentado lo anterior, cabe destacar que en este tipo de asuntos las partes contendientes ante la autoridad laboral no persiguen intereses contrarios en el juicio de amparo, pues tienen el mismo interés en que concluya el juicio a la mayor brevedad, en atención al derecho que ambas partes tienen a un juicio rápido, lo cual no es privilegio sólo del trabajador actor. Considerar que la parte demandada en el juicio natural persigue un interés contrario en este juicio de derechos fundamentales, sería tanto como afirmar que puede acudir al amparo alegando que no se cumpla con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, cuando lo cierto es que, como se ha señalado, en tratándose de dilaciones procesales u omisiones tanto la parte actora como la parte demandada tienen el mismo interés en que se concluya el juicio en los plazos y términos previstos en la ley laboral. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 90/2010 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a éste último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8° y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Por lo tanto, y dado el sentido que regirá en la sentencia que se dicte, se estima que la falta de vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, en modo alguno lesiona sus derechos en atención a que no se desconoce su calidad de tercero interesado sui géneris, con lo cual se les respeta su derecho de introducirse a la relación laboral en controversia en el momento que así lo consideren según sus intereses, para hacer valer sus derechos en la forma en que estimen pertinente, pues se reitera, bajo la circunstancia incontrovertible de que dicha parte tiene el mismo interés que la parte quejosa en que en el juicio laboral la autoridad responsable se ajuste a los plazos y términos establecidos en la Ley de la Materia, lo que implica que a final de cuentas el presente fallo lo favorecerá y, por ende, su falta de intervención no transciende al resultado del fallo causándole un perjuicio de manera irreparable. De afirmar lo contrario, y posponer el dictado de la presente sentencia hasta que transcurriera el término de vista a las partes con el informe justificado, se llegaría al extremo extralógico de contribuir con el retardo del trámite y solución de este juicio y del juicio natural sin ningún resultado práctico, cuando precisamente se instó el presente asunto por la falta de administración de justicia pronta. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 349, Tomo VI, parte SCJN, Séptima Época del Apéndice de 1995, de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada". Igualmente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico. Acto seguido, la Secretaria hace una relación de las constancias más relevantes de autos, entre ellas la demanda de garantías (fojas 3 a 6), auto admisorio de ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 7 a 11); constancia de la respectiva notificación practicada a la parte quejosa y al Fiscal Federal de la adscripción (foja 14), y a la autoridad responsable Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco (foja 15), informe justificado de la responsable (foja 17); y demás actuaciones judiciales que obran en autos. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales correspondientes. Abierto el período de pruebas, se tienen con ese carácter, al quejoso ofreciendo como prueba en el presente asunto la presuncional legal y humana, así como la que anexó la autoridad responsable en su informe justificado consistente en copia certificada de la constancia relativa al acto reclamado, que integra el expediente laboral 361/2017, y que obra a fojas 18 y 19 de autos. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; por lo que, al no haber más pruebas que relacionar; se declara cerrado este periodo Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos, se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, asimismo certifica que el Fiscal de la Federación adscrito no formuló alegato ministerial. El Juez acuerda: Téngase por practicada la certificación Secretarial que antecede; por lo que se cierra esta fase. Acto seguido, se ponen los autos a la vista del Juez, para el dictado de la sentencia correspondiente. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 1536/2018-9, promovido por María del Carmen Potenciano Cruz, contra actos de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por violación a los artículos 17, Constitucional; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito recibido el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, María del Carmen Potenciano Cruz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y por la autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL 36 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO. ACTO RECLAMADO: "El acuerdo de fecha 25 de septiembre de dos mil dieciocho (notificado el 02 de octubre del año en curso), en el cual se asigna un fecha excesivamente lejana, para la celebración de una audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS, el cual fue asignado hasta los días 24, 25, 29 y 30 de abril de dos mil diecinueve. Sobrepasando los plazos legales. Además de ser esto un acto incomprensible, puesto que desde la última fecha de audiencia (la cual fue el 31 de agosto de 2018) has la nueva fecha de audiencia, existe un plazo de 8 meses aproximadamente. Siendo esto una violación clara de mis derechos humanos y con ello existe una clara abierta dilación del procedimiento y paralización del mismo." SEGUNDO.- Por razón de turno correspondió a este Juzgado conocer de la demanda de garantías de que se trata, se admitió a trámite, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dispuso otorgar la intervención que le compete al fiscal de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, llevándose a cabo en los términos del acta que aparece levantada al respecto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia.- Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, lo anterior en virtud de que se reclama un acto a una autoridad que tiene su residencia dentro de este circuito de amparo. SEGUNDO.- Materia del juicio de amparo.- Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda de garantías. De la lectura integral de la demanda se deduce que la parte quejosa María del Carmen Potenciano Cruz, señala como acto reclamado, la fecha excesivamente lejana para la celebración de una audiencia de desahogo de pruebas en el expediente laboral 361/2017. Ello tiene sustento en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.-". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". TERCERO.- Certeza o inexistencia de los actos reclamados.- El Presidente de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, al rendir informe justificado, admitió la existencia de los actos que se le reclaman; lo que se corrobora con la copia certificada de la constancia relativa al acto reclamado, que integra el expediente laboral 361/2017 que adjuntó al mismo; documental a la cual se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. CUARTO. Causas de improcedencia.- No obstante lo anterior, en el presente asunto se advierte que se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente al fondo, sea que las partes lo aleguen o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor y la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 533, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional, la fecha excesivamente lejana para la celebración de una audiencia de desahogo de pruebas en el expediente laboral 361/2017 de su índice, por lo que afirma incurre en una violación al artículo 17 Constitucional; por lo tanto, como se adelantó, en el presente juicio de amparo ha sobrevenido una causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor el cual señala: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Este precepto es claro al establecer que el juicio de derechos fundamentales es improcedente, cuando por alguna causa posterior a la presentación de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto reclamado. En efecto, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de un derecho fundamental y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce del derecho fundamental que estima transgredido; y, d) De una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Es ilustrativa al respecto, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Se afirma lo anterior, en virtud de que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, la Junta responsable dictó un acuerdo en el expediente laboral 361/2017, del cual se desprende que se acercaron las fechas que se habían señalado para los días 24, 25 y 29 todas del mes de abril del dos mil diecinueve (fojas 18 y 19). De tal modo que con tal actuación, la situación jurídica que prevalecía a la data en que se instó el juicio de derechos fundamentales (cinco de octubre de dos mil dieciocho), dejó de producir sus efectos, de ahí que esa situación se equipare a la restitución al impetrante del amparo en el goce del derecho fundamental que estimó transgredido, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, ya que la actuación de la autoridad responsable que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produce que se satisfagan los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada, pues como quedó expuesto en líneas que preceden, el treinta de octubre de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el expediente laboral 361/2017, del cual se desprende que se acercaron las fechas que se habían señalado para los días 24, 25 y 29 todas del mes de abril del dos mil diecinueve En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Sirve de sustento jurídico a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 356, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". QUINTO. Procedencia de la demanda.- Al no existir otra causal de improcedencia hecha valer por las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de la Materia en vigor, y en virtud de que es el momento idóneo para analizar el acto tildado de inconstitucional, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, que son los que se contienen en la demanda de garantías, sin que haya necesidad de transcribir los mismos, por no causar ningún perjuicio a las partes, además de no existir disposición legal que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, por exacta aplicación, la tesis jurisprudencial número VI.2o. J/129, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos noventa y nueve del Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SEXTO. Estudio del concepto de violación.- Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, suplido en su deficiencia en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Medularmente alega, que la responsable viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que el treinta de octubre de dos mil diecisiete, señaló fecha y hora lejana para la celebración de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, esto es, a las doce horas del diez de abril de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 361/2017. A fin de hacer el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente señalar lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 17.- .Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto trascrito, se desprende la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1.- Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2.- Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3.- Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4.- Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. Por su parte los artículos 685, párrafo primero, y 883 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. [.]." "Artículo 883.- La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días." Del primero de los dispositivos anteriores, se desprenden los principios de celeridad e inmediatez que rigen al juicio laboral, del segundo, la obligación legal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que al concluir el período de demanda y excepciones, se pasará inmediatamente al de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá de efectuarse dentro de los diez días siguientes. Y cuando por la naturaleza de las pruebas la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, este período no deberá exceder de treinta días. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir informe justificado a la que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se señalaron para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada las doce horas del diez de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 361/2017 (foja 19). Lo hasta aquí expuesto, pone de relieve que si bien la Junta responsable, en acuerdo de treinta de octubre del presente año, señaló como nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, en el juicio laboral 361/2017; también lo es, que la fecha señalada para el diez de abril de dos mil diecinueve, atenta contra lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y por lo previsto en el ordinal 883 de la Ley Federal del Trabajo, ya que debió señalar fecha para el desahogo de la prueba testimonial, dentro de los diez días siguientes, tomando como margen lo señalado en el precitado numeral, el cual en lo que interesa dice: ".en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes." Por tanto, el actuar de la Junta responsable atenta contra la garantía de pronta y expedita administración de justicia otorgada por el artículo 17 Constitucional, en razón de que con su actuar provoca que el procedimiento laboral no se resuelva en los plazos y términos establecidos en la ley, aun cuando el fallo definitivo que se dictara fuera favorable a la parte quejosa, se trataría de una violación consumada irreparablemente al no poder restituirla en el goce de tal garantía, por el tiempo transcurrido hasta que se falle el asunto. SÉPTIMO.- Efectos de la sentencia.- En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada por María del Carmen Potenciano Cruz, a fin de que la Junta responsable deje sin efecto la fecha señalada para el diez de abril de dos mil diecinueve, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, en el acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, emita uno nuevo en el que fije una nueva fecha para el desahogo de dicha prueba dentro del plazo legal establecido en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. OCTAVO.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: <<DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN>>. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, Constitucionales, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por María del Carmen Potenciano Cruz, contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que se precisa en el resultando primero de esta resolución. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a María del Carmen Potenciano Cruz, contra el acto reclamado a la autoridad responsable y para los efectos señalados en el considerando octavo de esta sentencia. TERCERO.- En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

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