María del Carmen Pérez Zacapantzi

Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1386/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Pérez Zacapantzi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias requeridas. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el ocho de noviembre del año en curso, y al efecto remite copia certificada del acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, dentro del expediente de naturaleza laboral ********************, de su índice. Pruebas De igual forma, se tiene como pruebas de la autoridad las documentales que anexa al oficio de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en: la omisión de dictar la resolución que en derecho corresponda dentro del expediente de naturaleza laboral número E.L.D.A.J.********************; así como su notificación. Y de las constancias remitidas por el Jefe de Departamento de Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés (foja 56 y 57), emitió resolución correspondiente al expediente E.L.D.A.J.********************, mismo que fue notificada el cuatro de octubre del año en curso, mediante número de oficio ********************, de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés (foja 45). Lo anterior, sin que pase inadvertido el efecto y consecuencia jurídica ante la omisión de dictar y notificar la resolución correspondiente en consideración que a la parte quejosa fue privada de su salario, así como la reinstalación en su centro de trabajo No obstante, son efectos relativos a los actos destacados reclamados por la impetrante de garantías, mismos que han cesado por los motivos expuestos en párrafos precedentes. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por el quejoso dejó de existir, pues el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se emitió la resolución correspondiente dentro del expediente de naturaleza laboral E.L.D.A.J.********************, y se notificó a la impetrante de garantías el cuatro de octubre actual. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias requeridas. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el dieciséis de octubre del año en curso, y al efecto remite copia certificada del oficio ********************, así como de diversas constancias relativas al expediente de naturaleza laboral ******************** de su índice. Pruebas En consecuencia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. No se da vista con documentales. Lo anterior, sin que sea necesario dar vista a las partes con las documentales que anexa la autoridad oficiante al oficio de cuenta en consideración que por auto de dieciséis de octubre del año en curso, se acordó lo conducente. Se requieren constancias. Ahora bien, de las constancias de cuenta específicamente del oficio ********************, se advierte que la emisión del mismo, es en cumplimiento al acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado dentro del expediente de naturaleza laboral ********************, del índice de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, relativo al expediente de naturaleza laboral ********************, así como la respectiva constancia de notificación realizada a la parte quejosa, las que deberán encontrarse completas, legibles y en orden secuencial, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho. Apercibida que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que establece el artículo 259 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vistas las Circulares 28/2023 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que en sesión extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles los días diecinueve al veinticuatro, así como hasta el próximo veintinueve del mes y año en curso. Asimismo, vistos los avisos de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, suscritos por los Coordinadores de Magistradas y Magistrados del Vigésimo Octavo Circuito, de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal, y de Juezas y Jueces de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, todos del Estado de Tlaxcala; se advierte que se declararon inhábiles los días veinticinco a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, así como el de treinta de octubre del presente año, en uso de las facultades conferidas a los titulares en términos de los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, resulta evidente que del diecinueve al veintisiete, todos de dos mil veintitrés, se suspendieron los plazos y términos procesales. Se regulariza el procedimiento y se señala fecha para la audiencia constitucional. Por todo lo expuesto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se ordena regularizar el procedimiento en el presente expediente y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DE CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de José Emiliano Islas Fernández de Lara, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la Circular 28/2023 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que en sesión extraordinaria de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles los días dieciséis al veinticuatro del mes y año en curso. Asimismo, vistos los avisos de veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, suscritos por los Coordinadores de Magistradas y Magistrados del Vigésimo Octavo Circuito, de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal, y de Juezas y Jueces de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, todos del Estado de Tlaxcala; se advierte que se declararon inhábiles los días veinticinco a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en uso de las facultades conferidas a los titulares en términos de los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, resulta evidente que del dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se suspendieron los plazos y términos procesales. Se regulariza el procedimiento y se señala fecha para la audiencia constitucional. Por todo lo expuesto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se ordena regularizar el procedimiento en el presente expediente y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp

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