María del Carmen Pérez Perafan
Expediente 255/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María del Carmen Pérez Perafan
Actuaciones
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental..."
- Principal
"...Agréguense el escrito de la quejosa, por medio del cual desahoga la prevención formulada en proveído de ocho de febrero del año en curso; en consecuencia, se provee: ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa -parte actora en el juicio de origen- reclama la audiencia de reconocimiento de contenido y firma, emitida el diecisiete de enero del año en curso, en los autos del expediente 416/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, así como el auto de diecinueve siguiente, en el que se inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra dicha audiencia. DESECHAMIENTO Ahora bien, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente, ya que este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ...". Esto es así ya que el artículo 107 de la Ley de Amparo establece, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados en juicio, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. En el anterior contexto, se evidencia que los actos reclamados consistentes en la audiencia de reconocimiento de contenido y firma, emitida el diecisiete de enero del año en curso, en los autos del expediente 416/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, así como el auto de diecinueve siguiente, en el que se inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra dicha audiencia, únicamente implica violaciones a derechos adjetivos, los cuales no tienen una consecuencia de imposible reparación, en tanto que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues aún existe la posibilidad de que obtenga sentencia favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que no suceda así, lo podrá hacer valer como violación procesal a través del medio de defensa correspondiente, toda vez que se advierte que en el juicio natural, del cual deriva el acto reclamado, aún no se dicta sentencia, por lo que pueden ser combatidos mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la resolución que se emita, si es que es contraria a sus intereses, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Federal, 170, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues en esas hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, no se le está privando a la parte quejosa, del derecho de defensa que en cada uno de estos procedimientos tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en ellos, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. Respecto al tema de actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por unificación de criterios número P./J.37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006589, que versa al tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J.4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En tales condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. No se soslaya que en el escrito aclaratorio la parte quejosa haga referencia a una sentencia interlocutoria de veinticinco de enero del año en curso, toda vez que resulta un hecho notorio para el suscrito que en el diverso juicio de amparo 298/2018-V-B del índice de este órgano de control constitucional, la aquí quejosa reclamó dicha resolución; por lo que no es dable prevenir para que manifieste si es su deseo señalarla como acto reclamado. Sin que sea el caso ordenar se certifiquen las constancias a que se hace referencia, pues basta con tenerlas a la vista al momento en que se dicta este auto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página doscientos noventa y cinco, tomo V, de la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Asimismo, por los motivos que expone, la tesis 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco, del tomo XXV, junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con el epígrafe y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista..."
- Principal
"...Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del exhorto 80/2017 e informa que procedió a su diligenciación..."
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