María del Carmen Pérez Córdova

Expediente 58/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 23 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
58/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
10/01/2019

Partes del expediente

  • María del Carmen Pérez Córdova
  • Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    cúmplase

  2. Principal

    Ha causado estado... se ordena el archivo definitivo... devolución de tomos de prueba

  3. Principal

    Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que al fedatario adscrito a este juzgado no le fue posible llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado Joel Peregrino Hernández, en representación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Nacajuca, Tabasco, como está ordenado en proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 172), por los motivos asentados en la misma. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, la notificación correspondiente a este auto, la del acuerdo de trece de noviembre del año en curso y las subsecuentes que le resulten, aún las de carácter personal, hágansele por medio de la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto... SE TRANSCRIBE EL PROVEÍDO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2018: Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 306/2018-IV-8, orden 360/2018-IV-8, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió a efecto de emplazar a María Luisa Velueta García, Fiscal del Ministerio Público y a Joel Peregrino Hernández, en representación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Nacajuca, Tabasco, quienes actualmente representan dichas instituciones y se encuentran adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco; en consecuencia, regístrese su llegada en el Libro de Gobierno correspondiente. Ahora, de la comunicación de que se trata, se colige que Joel Peregrino Hernández, en representación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Nacajuca, Tabasco, señaló como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en Paseo de la Sierra, ciento cincuenta y ocho altos, colonia Reforma, de esta ciudad y como representantes de la citada institución a Pedro Dionicio Hernández; por lo que, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, se le tiene por designado tal domicilio para los efectos legales que solicita. Finalmente, toda vez que el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, se ordena la notificación personal de éste, al tercero interesado Joel Peregrino Hernández en el domicilio indicado para tal efecto... SE TRANSCRIBE PROVEÍDO DE 26 DE OCTUBRE DE 2018: Ténganse por recibido el oficio signado por la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado respectivo en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 119 del referido ordenamiento, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjuntó la autoridad citada con anterioridad, consistente en el expediente 85/2018, relativo al juicio ordinario de preferencia de guardia y custodia de menor, mismo que se desahoga por su propia y especial naturaleza, el cual obrará en un tomo, por cuerda separada en razón de su extenso volumen, quedando a disposición de las partes en esta secretaría para su consulta. En el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La resolución dictada el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el Toca Civil 391/2018-I, en el que con fundamento en el artículo 359 fracción I, en relación con los numerales 3°, fracción IV y 352, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, declara inadmisible el recurso de apelación planteado por la parte demandada (aquí quejosa) en el juicio 85/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil de Preferencia de Guarda y Custodia de los menores de iniciales de identidad reservada A.C.U.P, A.G.U.P. y A.J.U.P., promovido por Víctor Manuel Ulín Leyva, que se tramita ante la sede del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco. Ahora, de las constancias remitidas por las Jueza responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, acorde a su numeral 2°, se aprecia que el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, las partes comparecieron voluntariamente al recinto del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, celebrando convenio en el expediente de origen, elevando a categoría de cosa juzgada y, ordenando el archivo del propio asunto. En ese sentido, quien ahora resuelve considera que se surte el motivo de improcedencia que estatuye la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo . Al respecto, debe decirse que el numeral invocado establece que el juicio tutelar de derechos humanos es improcedente cuando la actuación posterior de la autoridad genera una nueva situación jurídica, en cuyo caso, deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones ocasionadas por el acto combatido, pues no podría decidirse en el procedimiento sin afectar el estatus legal más reciente. Ahora, en materia civil el cambio de situación jurídica se da cuando: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad se pronuncia una resolución que viene a cambiar la situación jurídica en la que se encontraba el solicitante del amparo derivado de que en el procedimiento se dictó resolución que le pone fin. c) Con motivo de esa nueva determinación sobrevenida, se genera una nueva situación jurídica en la que no es posible decidir sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado sin afectar el nuevo estado de reconocimiento de derechos llevado a cabo con motivo de la resolución pronunciada, que no es motivo de análisis en el juicio constitucional. d) Entre ambas hay autonomía, es decir independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que ésta subsiste al margen de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Como sustento de lo anterior, se cita por las razones jurídicas que la informa, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al efecto se transcribe: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica. " Asimismo, se acude al criterio que emitió la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de la literalidad siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo. " Bien, para dejar en claro el por qué se actualiza en la especie la causa de improcedencia en comento, se recuerda que la parte quejosa impugna en esta instancia constitucional de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, la resolución dictada el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el Toca Civil 391/2018-I, en el que con fundamento en el artículo 359 fracción I, en relación con los numerales 3°, fracción IV y 352, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, declara inadmisible el recurso de apelación planteado por la parte demandada (aquí quejosa) en el juicio 85/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil de Preferencia de Guarda y Custodia de los menores de iniciales de identidad reservada A.C.U.P, A.G.U.P. y A.J.U.P., promovido por Víctor Manuel Ulín Leyva, que se tramita ante la sede del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco. No obstante, con posterioridad a que se interpuso el recurso de apelación del que deriva el acto reclamado, la Jueza de origen resolvió en definitiva el juicio de marras, dado que en veintisiete de junio de dos mil dieciocho, aprobó el convenio celebrado por las partes contendientes, en todos sus términos como si se tratare de una sentencia definitiva, elevándolo a la categoría de cosa juzgada, como si se tratase de sentencia ejecutoriada, en términos de los artículos 335 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Así, se colige que en este asunto sobrevino un cambio de situación jurídica, pues la referida interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la que se aprobó el convenio celebrado por las partes, como si se tratare de una sentencia definitiva, elevado a la categoría de cosa juzgada, como si se tratase de sentencia ejecutoriada, en términos de los artículos 335 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, predomina sobre el tema central de la resolución controvertida. Se afirma lo anterior, habida cuenta de que el dictado de dicha resolución, con posterioridad a la data en la que la Sala responsable declaró inadmisible el recurso de apelación, planteado por la aquí impetrante, contra la junta de padres efectuada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, ocasionó una nueva situación jurídica, al dar por concluido el trámite del juicio ordinario civil de preferencia de guarda y custodia. En esta guisa, las posibles consecuencias perjudiciales que pudieran generar la determinación reclamada en la esfera jurídica de la inconforme, en el tema de la inadmisión del recurso de apelación planteado -contra la junta de padres celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho-, quedaron consumadas irreparablemente. Así resulta, pues ahora no puede emitirse alguna opinión legal al respecto, sin afectar el resultado de la interlocutoria que aprobó el convenio celebrado por las partes contendientes en el juicio de marras, en todos sus términos como si se tratare de una sentencia definitiva, elevado a la categoría de cosa juzgada, como si se tratase de sentencia ejecutoriada, donde en todo caso, la autoridad ordinaria ponderó lo sometido a su consideración por las partes contendientes y así decidió acerca del convenio que le fue planteado; empero, en atención a que esa determinación no forma parte de los actos controvertidos en el presente asunto, es inconcuso que tampoco puede ser motivo de análisis. En ese sentido, se colige que este órgano jurisdiccional está imposibilitado para decidir si la inadmisibilidad del recurso planteado -según lo resuelto por la sala responsable-, habida cuenta de que aún en el supuesto de concederse la protección constitucional, carecería de efectos materiales, por haber cambiado la situación jurídica que imperaba en el momento en el que se interpuso el recurso de apelación que dio origen al acto reclamado. Como consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto que se reclama de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Determinación que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a la jueza responsable, al no haber sido combatidos por vicios propios. Al respecto es aplicable, la Jurisprudencia de voz y texto siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. " En consecuencia, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables...

  4. Principal

    Se ordena emplazar a la parte tercera interesada...

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