María del Carmen Pérez Castellanos
Expediente 389/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 41 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 23/03/2017
Partes del expediente
- María del Carmen Pérez Castellanos
- María del Carmen Pérez Castellanos y Otros.
- Juez Primero de Primera Instancia Penal. Ensenada, Baja California.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso c) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: "... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que a través de los oficios registrados por oficialía de partes con números 19722, 20044 y 2768, la entonces Juez de Primera Instancia Penal por Ministerio de Ley y el Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional, ambos con sede en San Quintín, Baja California, informaron las acciones llevadas a cabo en cumplimiento al fallo protector y remitieron constancias para su apoyo. Mediante proveídos de dieciséis y veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con tales documentos, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibiéndolas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Tales acuerdos se notificaron por medio de lista de diecisiete y veinticuatro ambos de diciembre de dos mil dieciséis, así como el diez de marzo de dos mil diecisiete, sin que se desahogaran las vistas, ni se hiciera manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver oportunamente si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido; lo anterior de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto debe decirse lo siguiente: Por sentencia de cinco de noviembre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María del Carmen Pérez Castellanos, en contra de los actos del Juez de Primera Instancia Penal y Agente del Ministerio Público de la Agencia Receptora, ambos con residencia en San Quintín, Baja California. La concesión del amparo otorgada fue para el efecto de que la juzgadora penal de primera instancia: Dejara insubsistente la orden de aprehensión que dictó el dos de marzo de dos mil quince, dentro de la causa penal 39/2015-I instruida a la quejosa por los delitos de Robo calificado (a lugar cerrado) y robo calificado por dependiente. Hecho lo anterior, debía dictar otra resolución en la cual negara el mandamiento de captura y ordenara la devolución de la averiguación previa al Agente del Ministerio Público consignador. Por su parte, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Receptora, en San Quintín, Baja California. Debía reponer el procedimiento y citar a la quejosa agotando los medios necesarios para su localización. Tal determinación causó ejecutoria el veintiséis de noviembre de dos mil quince, fecha en que se requirió a las citadas responsables por el cumplimiento del fallo protector, acorde a lo previsto en el numeral 192 de la Ley de Amparo. Mediante oficios registrados por oficialía de partes con números 18878, 19452, 19589, 19590, 1777, las autoridades responsables informaron las acciones llevadas a cabo a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. De igual manera, mediante oficios con registro 19722, 20044 y 2768, la entonces Juez de Primera Instancia Penal y el Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional, ambos con residencia en San Quintín, Baja California, informaron haber dado cumplimiento al fallo protector y remitieron las constancias correspondientes. Ahora bien, de las constancias que en copias certificadas anexaron a los oficios que en precedentes se mencionan, con valor probatorio pleno a la luz de lo dispuesto por los numerales 126, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo -por tratarse de documentos certificados por servidores públicos facultados para ello, en ejercicio de sus atribuciones-, se aprecia que: El juez penal dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el dos de marzo de dos mil quince, dentro de la causa penal 39/2015-I, que fue tildada de inconstitucional; El once de diciembre de dos mil quince, negó la orden de aprehensión en contra de María del Carmen Pérez Castellanos, como probable responsable del delito de robo calificado (a lugar cerrado) y robo calificado de dependiente; y, El dieciséis de diciembre de dos mil quince, ordenó la devolución al Agente del Ministerio Público Integrador, a fin de que reponga el procedimiento en la indagatoria y cite a la indiciada de mérito, agotando los medios necesarios para su localización y en su oportunidad, con libertad de jurisdicción emita determinación. El representante social reasumió su facultad investigadora y al efecto en proveído de veintisiete de febrero del año en curso, instruyó a personal a su cargo a fin de que se constituyan en el domicilio de la quejosa María del Carmen Pérez Castellanos, a efecto de recabarle su declaración ministerial, dentro de la averiguación previa 33/15/306/AP. De lo anterior se sigue que, si el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión se concedió para que la autoridad jurisdiccional negara la orden captura librada en contra de la quejosa María del Carmen Pérez Castellanos y devolviera la averiguación previa al Agente del Ministerio Público consignador, quien debía citar legalmente a la quejosa agotando los medios necesarios, a fin de que rindiera su declaración ministerial dentro de la averiguación previa número 33/15/306/AP; lo que en la especie aconteció, ello conduce a que la sentencia de amparo se cumplió cabalmente, sin excesos ni defectos, es decir, las autoridades responsables no se extralimitaron ni fueron deficientes en los lineamientos para dar cumplimentación a la resolución concesoria del amparo, ya que ajustaron su actuar exactamente a lo que en la misma se determinó. En función de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Apoya a lo anterior, el criterio aislado 1a. CCXXVI/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, octubre de dos mil siete, página ciento ochenta y seis, con número de registro 171208, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión". Por tanto, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido Por consiguiente, se declara que el expediente de amparo en que se actúa no es de relevancia documental, al no satisfacer las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, toda vez que el presente asunto se trata de un juicio de amparo que concedió el amparo y protección de la justicia federal, por sentencia constitucional de cinco de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó el archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Por otra parte, con base a que en este expediente se concedió la suspensión provisional en proveído de treinta y uno de junio de dos mil quince, así como la definitiva en resolución de ocho de septiembre del año en cita, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General 1/2009, el cuaderno incidental original respectivo es depurable, mientras que el duplicado resulta destruible, en términos del apartado vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá de ser destruido, en el plazo de seis meses a que se refiere el acuerdo aludido, manténgase por separado el cuaderno en mención. Finalmente y tomando en consideración que en el escrito de demanda la quejosa señaló como autoridades responsables a los jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Penal, de esta ciudad, así como al Juzgado Primero de lo Penal del Sistema Tradicional, en San Quintín y que de la certificación de cuenta se desprende la extinción de los órganos jurisdiccionales en cuestión, para quedar en esta ciudad solamente el Juzgado Único de Primera Instancia Penal y en San Quintín, Baja California el Juzgado Mixto de Primera Instancia, por tanto, resulta materialmente imposible mantener comunicación -vía oficio- con las responsables en cuestión, por lo que remítase oficios únicamente a los juzgados que aún subsisten. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ..."
- Principal
Ensenada, Baja California, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional, con residencia en San Quintín, Baja California, remite diversas constancias de las que se advierte que no ha sido posible la citación de la quejosa María del Carmen Pérez Castellanos, a fin de recabarle su declaración ministerial dentro de la averiguación previa 33/15/306/AP. Con lo anterior, DÉSE VISTA al quejoso y a la parte tercera interesada por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, este juzgado de distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obran en el expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo. En el entendido que de estar conforme con el cumplimento, deberán manifestarlo así personalmente ante este órgano jurisdiccional, presentando una identificación oficial. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a diez de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos del cual se advierte que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Receptora, con residencia en San Quintín, Baja California, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; en consecuencia, REQUIÉRASELE, para que en el improrrogable término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación correspondiente, sin demora alguna, envié a este juzgado copia certificada con la cual acredite que citó debidamente a la quejosa María del Carmen Pérez Castellanos, a fin de recabarle su declaración ministerial dentro de la averiguación previa número 33/15/306/AP; con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos del numeral 193, párrafo primero, en relación con el precepto 258 ambos de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, según lo dispuesto por el arábigo 192, párrafo segundo, del ídem. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos del que se advierte que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Receptora con residencia en San Quintín, Baja California, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; en consecuencia, REQUIÉRASELE, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación correspondiente, sin demora alguna, envié a este juzgado copia certificada de las constancias con las cuales acredite las gestiones llevadas a cabo a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada; con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos del numeral 193, párrafo primero, en relación con el precepto 258 ambos de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, según lo dispuesto por el arábigo 192, párrafo segundo, del ídem. NOTIFÍQUESE.
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