María del Carmen Peña Cuanda

Expediente 365/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
365/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas.- Ciudas.
  • María del Carmen Peña Cuanda

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 73/2018, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 365/2018 promovido por ***, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad; al efecto, por cuanto la Superioridad resolvió: [...] ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja. 1.1 Acuse recibo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, acúsese el recibo correspondiente, de igual forma glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del mencionado medio de impugnación, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. 2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 3. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 4. Transparencia del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Se recibió el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 1245-V.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense para que obren en autos los oficios de cuenta, signados por el Jefe del Departamento de Archivo Estatal de Libros del Registro Civil de la Dirección del Registro Civil, con residencia en esta ciudad, Coordinador Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez y Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, mediante los cuales el primer hace del conocimiento que no encontró registro alguno a nombre de *** y los últimos informan sobre el domicilio de la referida tercera interesada. En atención a su contenido, este Juzgado toma nota de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parta parte, tomando en cuenta que mediante razón actuarial de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el actuario judicial se constituyó al domicilio ubicado en *** donde fue atendido por ***, en la que hizo constar que la tercera interesada ***, falleció el dos de noviembre de dos mil quince. En consecuencia, se ordena al actuario judicial de la adscripción, constituirse de nueva cuenta al citado domicilio y entrevistarse con la referida persona que le informó del fallecimiento de la tercera interesada o diversa que localice en el mismo, para efectos de solicitar mayores datos de la hoy fallecida, es decir, copia del acta de defunción o el lugar y la fecha del deceso, en virtud de que con la fecha antes señalada no se localizó dato alguno.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.-Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por**********, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: la resolución interlocutoria del incidente de competencia de siete de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente laboral número **********, mediante el cual declinó competencia a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Ahora, de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; así como a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicarse la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Así, en el caso concreto nos encontramos en la hipótesis de que el acto debe ser de imposible reparación para que proceda el juicio de amparo indirecto. En el presente caso, no se actualizan los presupuestos exigidos en el citado numeral, en razón de que la parte quejosa reclama un acto que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, toda vez que en esencia, el acto reclamado lo hace consistir en la resolución interlocutoria del incidente de competencia de siete de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente laboral número ***********, mediante el cual declinó competencia a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; por tanto, si bien dicha resolución de incompetencia es un acto dictado dentro del juicio, el mismo es una estimación que no tiene carácter definitivo, por cuanto está supeditada a la aceptación o rechazo de la ciada Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en cuyo favor se declinó la competencia, sería hasta en ese momento que podría irrogar perjuicios al accionante de amparo; en consecuencia, no puede decirse que la resolución reclamada por esta vía cause a la quejosa una afectación de imposible reparación, por lo que no se actualiza la hipótesis del artículo 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitucional. En tal efecto, al surtirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo legalmente conducente es desechar de plano la demanda de garantías de conformidad, como ya se citó, con los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V a contrario sensu en relación con el diverso 113 de la invocada Ley de Amparo.

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